La decisión no colegiada tomada por 69 Senadores Colombianos para autorizar las fuerzas de asistencia (Isaf) y cooperación de los Estados Unidos a ingresar a territorio Colombiano carece de cualidad jurídica para producir los efectos exigidos en el numeral 4° del artículo 173 de la Constitución Colombiana.
En la noche de hoy la Cadena Caracol anunció que el Senado Colombiano habría subsanado la falta de control parlamentario en el que incurrió el Gobierno de Iván Duque al omitir la autorización previa que debió emitir el Senado Colombiano para que ingresara a su territorio fuerzas de asistencia militar de los Estados Unidos que en número inicial de 50 oficiales serían incorporados para el entrenamiento de fuerzas especiales dizque para enfrentar el narcotráfico en ese País; aliado o más bien súbditos y peones de las políticas de intervención extranjera norteamericanas en la Región Americana.
Una influencia vergonzosa que comenzó con la pérdida forzada del Istmo de Panamá de su propio Territorio.
El caso es que aprovechando que el Senado Colombiano tiene restringidas sus actividades ordinarias por los efectos de la cuarentena decretada ante el desastre sanitario que causa el Covid19, sobre todo en la Poblacion más pobre y vulnerable, un grupo unilateral de senadores en número de 69, de un universo de 108, decidieron a espaldas de las estrictas formalidades previstas en su Constitución y en el Reglamento de Debates, elaborar un documento de forma virtual para intentar fallida e inconstitucionalmente darle cariz de legalidad, que no la tiene, y emitir un acuerdo de validación para el ingreso de FFAA extranjeras a Colombia, acuerdo éste irritó y espureo que supone salvar la formalidad que no cubrió el Presidente Colombiano Iván Duque, para que ingresara una brigada de asistencia de Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos (SFAB), contigente estimado en 800 marines, de los cuales, ya ingresaron, sin pedir permiso previo 50 oficiales de esas fuerzas especiales de asistencia militar. Lo relevante, de ese madrugonazo parlamentario de fuerzas políticas afines a Duque y al senador detenido y sub judice Álvaro Uribe Vélez, es que ese documento no fue sometido como lo ordena la Ley a una convocatoria previa del Senado para celebrar una sesión extraordinaria y someter al debate el tema que debió estar señalado previamente en la agenda.
No habiéndose convocado a una sesión previa ordinaria o extraordinaria del Senado, no existe en consecuencia ningun acto formal para emitir un acuerdo, resolución y mucho menos una autorización con fuerza y rango de Ley que suponga que ese cuerpo militar extranjero pueda seguir operando dentro de su territorio y mucho menos para sustituir la competencia exclusiva y excluyente de las Fuerzas Armadas Colombianas para ejercer funciones de seguridad y Defensa de su territorio y garantizar su integridad y soberanía; competencias que no pueden ser delegadas bajo circunstancia alguna a cuerpos armados extranjeros.
Si no hay una autorización formal conforme a lo que dispone la Constitución y el Reglamento de Debate del Congreso Colombiano, porque no se convocó en agenda previa para tratar ese tema y tampoco hubo una sesión que en pleno la sometiese a consulta y su respectiva votación; entonces no existe, formalmente hablando, el acto formal que surta los efectos de Ley para que ese acuerdo se cumpla, ya que obvió los extremos exigidos por el numeral 4° del Art. 173 de la Constitucion colombiana, tal cual lo estableció una medida cautelar. De lo dicho, anteriormente, es forzoso concluir que el acto formal con poder y rango para producir los efectos deseados, no han sido cubiertos y aunque ese documento invocado como prueba de validación haya sido firmado por 69 Senadores, no obstante, carece de validez y de efectos jurídicos para que se tenga como un acto válido; como ya fue ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fecha reciente.
En conclusión, el documento invocado por siete fuerzas políticas aliadas del Presidente Duque carece de validez y efectos jurídicos suficientes para erigirse en el acto formal de autorización ppr parte del Senado de la Reública de Colombia al nefasto ingreso de militares extranjeros que exigió la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En otras palabras, esos 69 Senadores, encabezados por quien finge de Presidente del Senado incurrieron en un deliberado y alevoso "fraude a la Ley y a la Constitucion, porque se intenta exhibir como una resolución válida cuando realmente no cumple con los extremos de Ley lo que les depara responsabilidad civil, penal y administrativa por intentar darle valor legislativo a un acto que no fue objeto de debate y mucho menos de votación, porque tampoco hubo una sesión previamente convocada con las solemnidades de la Ley. Es decir: NO EXISTE. Es irritó y nulo de nulidad absoluta.