Ante la pérdida de poder hegemónico las potencias capitalistas pretenden satisfacer sus mezquinas ambiciones nacionales, recurriendo a la violencia, al chantaje y al terror. Manipulan la ayuda humanitaria, promueven intervenciones e invasiones militares, y ejercen presiones de todo tipo sobre estados soberanos.
En ese marco, imponen Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) que causan muerte y sufrimiento a los pueblos que las padecen.
Las medidas ilegales que adoptan, aplicadas extraterritorialmente, violan el derecho a la paz y a la autodeterminación de los países en desarrollo. Trasgreden la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, y el derecho internacional humanitario. Niegan los derechos humanos de los pueblos.
El bloqueo económico, comercial y financiero es un arma de guerra. Alfred de Zayas, quien fuera Experto Independiente de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, expresó que estas sanciones son crímenes de lesa humanidad, contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Es por esto que, la República Bolivariana de Venezuela, a la luz del artículo 14 del Estatuto de Roma, ha referido a la Fiscal de la Corte Penal Internacional las criminales MCU, adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de América, contra el pueblo venezolano. Medidas que, sin duda, constituyen un ataque generalizado y sistemático, destinado a destruir nuestra democracia participativa y protagónica, y, subsecuentemente, la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas.
Estas medidas están descritas en el artículo 7 del Estatuto de Roma y, por tanto, son –ya se ha dicho-, crímenes de lesa humanidad.
Desde diciembre del año 2014, el pueblo venezolano es sometido a estas criminales medidas. El bloqueo global perturba el funcionamiento económico y social de nuestro país. Merma la capacidad del Estado para realizar importaciones de alimentos y medicamentos. Impide el uso de la banca internacional para operaciones comerciales. Priva a Venezuela del control sobre sus activos energéticos y financieros en el extranjero.
Estas crueles acciones buscan la destrucción del Estado nacional. El gobierno de Estados Unidos agrede nuestra soberanía, desde hace casi veinte años, con especial radicalidad durante los últimos cinco, en el marco de una estrategia de cambio de régimen destinado a desplazar del poder, mediante la violencia y el terrorismo, al Presidente Nicolás Maduro.
El gobierno de EEUU ha impuesto múltiples "sanciones". Ha embargado las exportaciones petroleras que proveen el 95% de los ingresos de la nación. Le prohíbe al Estado venezolano usar cuentas bancarias en el exterior para importar medicamentos y ejecutar sus programas de protección social.
En su Carta a los Pueblos del Mundo, emitida el pasado 9 de octubre, el Presidente Nicolás Maduro Moros denunció que …Desde 2014, Estados Unidos ha promulgado una ley y siete decretos u órdenes ejecutivas, además de 300 medidas administrativas, que en conjunto conforman una sofisticada política de agresión multiforme contra Venezuela.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro, ha prohibido las transacciones del Banco Central de Venezuela (BCV) en EEUU.
La obstrucción del financiamiento a Venezuela, le ha costado a nuestro pueblo una brutal caída de casi el 99% de los ingresos externos, como nunca antes había ocurrido en la historia económica del país. En el año 2015 percibíamos cerca de 55 mil millones de dólares. Para este año el ingreso se ha reducido a 400 millones.
Entre diciembre de 2014 y julio de 2020 las MCU han afectado 401 bienes y personas, lo cual ha generado graves problemas para el desempeño económico de la República. Han impedido que el Estado venezolano disponga de las divisas requeridas para adquirir alimentos, medicinas, repuestos y materia prima esencial para la actividad económica. Precisamente, cuando enfrentamos la pandemia del Covid-19.
La agresión contra Venezuela proviene no sólo del gobierno imperialista de Estados Unidos. Gobiernos europeos le secundan. Por ejemplo: en enero de 2019 fueron ilegalmente confiscadas las reservas de oro depositadas por el Estado venezolano en el Banco de Inglaterra. Y hablamos de 14 toneladas de oro, estimadas en mil 359 millones de dólares.
En noviembre de 2018 Donald Trump emitió una Orden Ejecutiva prohibiendo a sus connacionales comerciar con oro exportado desde Venezuela. En marzo de 2019 bloqueó las operaciones de producción y venta de oro por parte de la empresa nacional Minerven.
El gobierno de Estados Unidos impide los pagos del Estado venezolano, a través de la banca internacional, y no le permite importar medicamentos y bienes necesarios para el desarrollo económico y social del país.
Esas mal llamadas sanciones han repercutido negativamente en las instituciones financieras venezolanas; en su principal industria Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA); y en el acceso a las cuentas, fondos y activos soberanos del país, con los que el Estado venezolano atiende a la sociedad y sostiene los programas de protección social.
Según el Presidente Nicolás Maduro, el imperio norteamericano ha confiscado más de 40 mil millones de dólares en dinero y activos de PDVSA, incluyendo varias de sus refinerías en suelo estadounidense.
PDVSA tiene dificultades para importar diluyentes y otros aditivos que le permitan seguir produciendo y exportando su producción petrolera y, así, sostener el nivel de ingresos del país. Las MCU también repercuten negativamente en el comercio doméstico de combustible.
El Estado venezolano también ha sido privado de utilizar los dividendos de CITGO; empresa cuyo valor se estima 11 mil millones de dólares, tras su embargo por parte del gobierno de EEUU.
Hace pocos días el Vicepresidente Jorge Rodríguez denunció el bochornoso y pestilente uso de recursos provenientes de CITGO, por forajidos dirigentes de la oposición terrorista y antidemocrática. Recursos que eran destinados por el Gobierno Bolivariano a atender necesidades de salud de niños y personas vulnerables.
Las cajas del Comité Local de Administración y Producción (CLAP), programa insignia del gobierno venezolano para garantizar el acceso a la alimentación de la población, también son objeto de boicot. Se trata de evitar importaciones que abastezcan ese programa. De suyo, matar de hambre a nuestro pueblo. ¡Cuanta crueldad albergan en su humanidad los imperialistas y sus lacayos domésticos!
Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, economistas norteamericanos del prestigioso Centro de Investigación de Estudios Políticos y Económicos con sede en Washington, concluyeron en un informe titulado "Sanciones económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela", publicado en mayo de 2019, que las MCU del gobierno de Estados Unidos representan una sentencia de muerte para decenas de miles de venezolanos al año. Más de 40 mil fallecidos desde 2017, cifra que -sin duda-, ha aumentado a la presente fecha.
Según estos expertos las medidas de la Administración Trump representan un "castigo" que genera sufrimiento colectivo. Afirman que si el gobierno de EEUU no hubiera tomado estas medidas, la situación económica venezolana sería boyante.
Y es que, ciertamente, los venezolanos y venezolanas venían disfrutando de un creciente bienestar. La Revolución Bolivariana redujo la miseria y las desigualdades. Las Misiones y los programas sociales ensanchaban la calidad de vida.
Las MCU han amputado esas conquistas. Incluso, han generado un flujo de venezolanos al exterior. Aunque desde este año ha comenzado un retorno voluntario de connacionales a nuestra Patria. Salieron creyendo que encontrarían el paraíso terrenal, pero lo que encontraron fue el infierno: rechazo, xenofobia y discriminación. Ahora son bienvenidos al país, a la luz del Plan Vuelta a la Patria, que implementa el humanista gobierno de Nicolás Maduro.
El bloqueo contra Venezuela genera un impacto negativo en su desarrollo económico y social. Crea pobreza y miseria.
Estados Unidos domina las rutas comerciales de las principales navieras. Esto le ha permitido dificultar la llegada de bienes esenciales para nuestra población. No sólo los que provienen de EEUU, sino de cualquier otro país proveedor bajo su influencia.
Desde el inicio de la pandemia del Covid-19, la administración Trump ha asaltado embarcaciones cargadas con insumos requeridos para la producción de gasolina en Venezuela y surtir el mercado interno de hidrocarburos, perjudicando gravemente la ya difícil situación económica, de lo cual han alardeado pública y comunicacionalmente.
Si sumamos la prohibición para importar bienes y servicios necesarios para las actividades económicas del país, entre ellos, insumos industriales y servicios financieros, es indudable que las MCU tienen un impacto negativo sobre el disfrute y ejercicio de los derechos humanos.
El bloqueo a la compra de medicamentos ha sido otra de las variantes de las medidas coercitivas.
La entidad financiera Novo Banco, con sede en Portugal, retiene 1.543 millones de Euros del Estado venezolano.
Dinero destinado, entre otros fines, a la importación de medicinas, vacunas, alimentos, insumos industriales, semillas y fertilizantes. A tratamientos contra la malaria, el VIH y otras enfermedades crónicas e insumos hospitalarios. Destinado también a cumplir compromisos financieros con agencias de la ONU.
Hay acciones imperialistas particularmente crueles. Se bloqueó un pago para la reparación de equipos de hemodinamia del Hospital Cardiológico Infantil, que ha puesto en riesgo la vida de 500 niños que padecen de cardiopatía congénita.
Se ha impedido que, a través de la Organización Panamericana de Salud (OPS), adquiramos medicamentos en el exterior, con lo cual se afectó la disponibilidad de vacunas para 2 millones 600 mil niños y niñas venezolanas.
El daño global causado a Venezuela es inconmensurable. Según el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica (CELAG), asciende a 350 mil millones de dólares.
En octubre del 2018, en una entrevista exclusiva al medio VOA, el ex embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, afirmó que: En este momento quizás la mejor solución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor, por un periodo de meses o quizás años.
En enero de 2018, el Departamento de Estado declaró que: La campaña de presión está funcionando. … Y lo que estamos viendo (...) es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona (…).
En entrevista exclusiva con la emisora de Miami Actualidad Radio, el enviado de Trump para Venezuela, el delincuente y criminal Elliott Abrams, se refirió al sabotaje eléctrico ocurrido en el mes de marzo de este año y a cómo la administración estadounidense buscaba redirigir el evento hacia una presión más elevada contra el país. Dijo: Estamos presionando al régimen... y vamos a continuar con esto. Creo que las presiones aumentarán… Especialmente esta semana, cuando no hay luz.
El imperio, como se ha visto, ha desatado una guerra criminal con el propósito de asfixiar y destruir la patria bolivariana, y asesinar a nuestro pueblo.
Sobre el particular, ya el 23 de marzo de 2020, la Alta Comisionada Michelle Bachelet, mediante comunicado de prensa había expresado que "Las sanciones sectoriales de amplio espectro que se aplican a países que se enfrentan a la pandemia del coronavirus deberían ser objeto de una reevaluación urgente, en vista de su posible repercusión negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos (…)".
En septiembre de 2018, el entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Idriss Jazairy, condenó las (…) medidas coercitivas unilaterales […] cuyos efectos se equiparan prácticamente a los de un bloqueo contra un país extranjero, equivale a utilizar la guerra económica.
La Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, de la ONU, Alena Douhan, en comunicado de prensa de fecha 3 de abril de 2020, señaló que: Las sanciones están trayendo sufrimiento y muerte en países como Cuba, Irán, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen. Exigió (…) a todos los gobiernos que utilizan las sanciones como herramientas de relaciones exteriores que retiren de inmediato las medidas… incluidas las que impiden financiar la compra de medicamentos, equipos médicos, alimentos, y otros bienes esenciales.
Asimismo, la Relatora Especial reiteró que "Las sanciones deben levantarse, o como mínimo aliviar, para que las personas puedan obtener elementos básicos como jabón y desinfectantes para mantenerse saludables, y para que los hospitales puedan obtener ventiladores y otros equipos para mantener a las personas con vida".
En este contexto, el 7 de agosto de 2020, varios expertos de la ONU, entre ellos, la Relatora Especial Alena Douhan, expresaron en un comunicado conjunto que "Nada ha mejorado, dijo, desde que se pidió en abril el levantamiento de todas las sanciones unilaterales que impiden que los Estados sancionados combatir adecuadamente la pandemia del COVID-19, o desde que las Sociedades Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hicieron un llamamiento similar".
Las MCU han sido reiteradamente condenadas por la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A pesar de tantos pronunciamientos, el gobierno de Trump continúa implementando esas MCU, con intención de obligar a otros Estados a renunciar al ejercicio de sus derechos soberanos.
Las MCU son, en la práctica, armas de destrucción masiva. Una modalidad de guerra donde los tanques, los aviones, las bombas y los misiles son sustituidos por bloqueos económicos y financieros, que generan limitaciones a la producción nacional y al comercio internacional.
Venezuela y otros países sometidos a estas criminales medidas, las resisten con dignidad.
Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, han aumentado las denuncias de los de los Estados sobre los negativos efectos de las medidas coercitivas unilaterales a que están sometidos.
El 25 de marzo de 2020, las Delegaciones de la República Popular China, Cuba, República Popular Democrática de Corea, Irán, Siria, Nicaragua, la Federación de Rusia, y Venezuela, remitieron una carta al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, donde solicitaron que requiera "(…) el completo e inmediato levantamiento de tales medidas ilegales, coercitivas y arbitrarias de presión económica -en consonancia con la posición de principios y de larga data de las Naciones Unidas de rechazar la coacción unilateral medidas-, con el fin de garantizar la respuesta plena, eficaz y eficiente de todos los miembros de la comunidad internacional al coronavirus, y rechazar también la politización de tal pandemia."
En términos similares, el 21 de abril de 2020 la Delegaciones de la República Popular China, la Federación de Rusia, Irán, Camboya, Cuba, República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Nicaragua, Sudán, Siria, Zimbabue y Venezuela, denunciaron ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los nefastos efectos de las ilegales "sanciones" para la gestión de la Pandemia del COVID- 19.
Le solicitaron que incluya en la respuesta prioritaria en curso del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) a la Epidemia COVID-19, la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales, ya que estas las medidas afectan los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho al desarrollo de cientos de millones de personas en todo el mundo, directa o indirectamente, tomando también en cuenta los daños colaterales causados por medidas coercitivas unilaterales sobre amplio espectro de derechos económicos y sociales.
El Gobierno Bolivariano, entre tanto, ha hecho grandes esfuerzos para potenciar sus capacidades en materia de protección social.
Hasta ahora, hemos logrado impedir una hambruna en Venezuela y mitigado los nefastos efectos que hubieran tenido lugar, si no existieran este escudo socialista, ni las medidas sociales de contención que está implementado el Gobierno bolivariano.
La Asamblea Nacional Constituyente aprobó, el pasado 8 de octubre, la "Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos del Pueblo Venezolano", en respuesta a la agresión imperial, y en defensa del patrimonio, la soberanía, la dignidad, la paz, el desarrollo y el bienestar del pueblo venezolano.
Este especial instrumento legislativo brindará al Estado venezolano la capacidad para mejorar los ingresos del país, generar incentivos racionales y adecuados, estimular la actividad económica interna, y celebrar alianzas productivas mediante la inversión extranjera, favoreciendo el desarrollo de la Patria.
Venezuela ha acudido a la Corte Penal Internacional para reivindicar el derecho internacional y la vigencia de la institucionalidad multilateral en búsqueda de la justicia, contra el continuado atropello de la Potencia más hostil que haya conocido la humanidad.
En este contexto, ha llegado la hora de denunciar ante las instancias jurisdiccionales internacionales la locura de la plutocracia norteamericana, que atenta contra la convivencia pacífica, contra los derechos humanos y contra la vida de millones de personas en el mundo entero, poniendo en peligro a existencia misma de la humanidad.
Con razón Noam Chomsky, en declaraciones para la Revista Socialista Trimestral Jacobin, expresó, el pasado 23 de junio que: Esto suena fuerte, pero es cierto. Donald Trump es el peor criminal de la historia, sin lugar a dudas.
Los pueblos del mundo avanzan victoriosamente hacia la edificación de una nueva sociedad. Formulan nuevos paradigmas para alcanzar el equilibrio ecológico y ambiental, y para que se haga realidad la superación de los déficits sociales, ampliando los límites de la democracia.