Entramos en las semanas finales de febrero, en Venezuela, se le añade el adjetivo de Rebelde a un mes que se ha caracterizado por rememorar días de suma importancia para la historia del país. Fue un 27 de febrero de 1989, que en Venezuela ocurre la primera rebelión popular contra la ofensiva neoliberal que ya venía barriendo con pueblos enteros del planeta, sumergiéndolos en el hambre y la miseria, incontables fueron los muertos causados por la represión de Carlos Andrés Pérez. Fue, un 4 de febrero de 1992, que ocurre la rebelión militar que divide la historia contemporánea venezolana entre un antes y un después de Hugo Rafael Chávez Frías. En febrero, nace el Gran Mariscal Antonio José de Sucre y el general de hombres libres, Ezequiel Zamora, «Tierras libres –decía-, hombres libres». Pero, este febrero de 2021 es diferente; la rebeldía adquiere aires internacionales, la Venezuela asediada –despiadadamente- por el imperialismo, léase: EEUU y Unión Europea, encuentra espacios en la mediática occidental para denunciar y visibilizar lo que por espacio de cuatro años, ocultaron esos mismos medios que hoy se proclaman «libres» después que Elliot Abrams, proclamó su supremacía sobre ellos. Obviamente, el mundo cambió tras la derrota de Donald Trump por el pueblo estadounidense y los pueblos que le resistieron, entre éstos, Venezuela, Cuba e Irán. La llegada de la Relatora Especial de los DDHH de Naciones Unidas, Alena Douhan, después de reunirse con miembros de la sociedad venezolana y el gobierno nacional, elaboró un informe preliminar el cual hizo público. «Debido a la complejidad de la situación, busqué encontrarme con la más amplia variedad de personas para escuchar su experiencia y sus conocimientos. Me reuní con funcionarios gubernamentales, diplomáticos, agencias internacionales, líderes de la oposición, organizaciones no gubernamentales, abogados, médicos, maestros, académicos, víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de empresas privadas y de la iglesia, así como gente común», informó Douhan sobre lo amplio que fue su búsqueda de opiniones sobre la realidad venezolana. «Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.», prosigue Douhan. En 2017, se impusieron sanciones contra funcionarios de gobierno y entidades, entre las que se incluyó a PDVSA, que se le impidió transar con el exterior y se le bloqueó el acceso a los mercados internacionales, adquirir maquinarias para mantenimiento de sus refinerías entre otros. Con ello, se imposibilitó el ingreso de divisas al país y restringió la posibilidad que el Estado bolivariano paleara la situación económica de los asalariados que venían siendo satisfechos mediante aumentos salariales trimestrales. Prosigue Douhan, en su informe: «La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos…» Resalta la Relatora, en su informe que: «El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales…» Douhan, rechaza las premisas de Barack Obama para su declaratoria de «amenaza inusual y extraordinaria» como causa originaria de estos crímenes imperiales, señala: «El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos…» Ello, la lleva a una primera y contundente conclusión: «El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de "máxima presión" -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales…»
No descubría el agua tibia la Relatora de derechos humanos, pero es notable su coincidencia con actores de los propios EEUU, como es el caso del Senador Republicano, Richard Black, quien afirmó a Sputnik el 10 diciembre de 2019: «…tienen que acabar las operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos en contra de Venezuela y otros países en el continente americano, y las sanciones que están causando «sufrimientos inimaginables» tienen que ser derogadas.» […] «Estados Unidos ha «satanizado» a la moneda venezolana, haciéndola «inservible», y luego vamos y decimos, ’Miren que mal gobierno es este, su moneda no vale nada’.» De este mismo año, es el informe del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), elaborado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sach quienes señalan: «Las sanciones están privando a los venezolanos de medicamentos que salvan vidas, de equipos médicos, de alimentos y de otros bienes esenciales que son importados». […] "Esto es ilegal de acuerdo al derecho estadounidense, al derecho internacional y a los tratados que Estados Unidos ha firmado. El Congreso debería hacer algo para detenerlo…» Destacan, Weisbrot y Sach, que: «Habitualmente se culpa al Gobierno de Venezuela de la totalidad de la crisis económica del país.» […] «Pero es mucho más que eso. Las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía venezolana y, por lo tanto, conducir a un cambio de régimen. Es una política infructuosa, despiadada, ilegal y fracasada que causa graves daños al pueblo venezolano». Este año, 2021, fuimos testigos del informe de la Oficina General de Contraloría o GAO por sus siglas en inglés, Agencia de Transparencia del gobierno de EEUU, elaborado entre octubre 2019 y febrero 2021, concluye que: «Las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a un declive más pronunciado de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo…» El informe, mantiene que: «las sanciones de EE.UU. han tenido un impacto negativo en la economía venezolana ya en declive, aunque es difícil aislar el efecto de las sanciones de otros factores relevantes. Las sanciones de EE.UU. probablemente contribuyeron al declive de la economía venezolana, principalmente al limitar aún más sus ingresos por exportaciones de petróleo crudo». ¿Cómo negar el consenso a que han llegado actores internacionales, que han analizado las sanciones unilaterales de la Administración de Donald Trump en conjunción y articulación con la extinta Asamblea Nacional de Henry Ramos Allup, Julio Borges, Omar Barboza y Juan Guaidó, en contra del pueblo venezolano?
La relatora Especial de derechos humanos, Alena Douhan, da continuidad a lo que ha sido una constante en las relatorías especiales del sistema de Naciones Unidas en rechazo a todo tipo de medidas coercitivas unilaterales o sanciones en contra de algún pequeño pueblo del planeta de parte de la otrora potencia hegemónica: los EEUU, ojo y cuando decimos EEUU en su cola va la Unión Europea como colonia servil a sus intereses en el mundo. Ejemplo de ello, es el caso de la ex relatora Especial del derecho a la Alimentación de la ONU, Hilal Elver, quien calificó de criminales las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de EEUU contra Venezuela, quien señaló: «El derecho a la alimentación y a la nutrición es una de las áreas de derechos humanos más importantes y es afectada de manera directa por las sanciones económicas unilaterales», durante su participación en el seminario virtual: «Déjennos Respirar», realizado en octubre 2020. Otro ex relator especial, Alfred de Zayas, ha respaldado el informe Douhan y ha dicho: «Sin duda, las sanciones constituyen un crimen de lesa humanidad como definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional. Douhan también menciona el nexo entre las sanciones, el desempleo, la miseria, la zozobra y las presiones migratorias. Si se levantan las sanciones y Venezuela puede comprar y vender como cualquier otro país, se acaba la emigración de Venezuela y habrá acaso inmigración de otros países Latinoamericanos hacia Venezuela, que es un país muy rico y que pudiese gozar de muy alto bienestar económico y social…» (Resumen Latinoamericano, 16-02-2021).
Frente al consenso general de la opinión pública internacional, sobresale ahora el disenso del secretario general del PCV, Oscar Figuera, quien ha manifestado su opinión en los términos siguientes: «Los primeros tres años y medio de la presidencia de Nicolás Maduro Moros fueron tres años de inacción. Si alguien revisa ese periodo se va a conseguir (encontrar) con que el presidente anunciaba que iba a anunciar que anunciaría y no anunciaba nada» […] «Desde 2013 a 2017, en cinco años, mientras caía toda la economía venezolana pagó al capital trasnacional 109.000 millones de dólares» […] «Ese pago significó, en opinión de Figuera «descapitalizar el país», pero en paralelo Maduro no hizo «las inversiones necesarias para el mantenimiento mayor, la recuperación y el desarrollo productivo» de Venezuela, lo que, a su juicio, derivó en la crisis que vive el país. «Posteriormente», y subraya esa palabra, llegaron las sanciones de Estados Unidos, ya cuando Venezuela estaba inmersa en una crisis económica. «Pero las sanciones imperialistas vienen posterior a que ya estaba en crisis la economía venezolana; eso tenemos que tenerlo claro, y obviamente agudizan la crisis y el daño que le hacen a nuestro pueblo» (https://www.aporrea.org/ideologia/n362893.html). En conclusión, según Figuera, no son las sanciones sino Maduro el responsable de la crisis actual que padece el país. ¡Trump no existió, mucho menos Guaidó! Es la manera en que Oscar Figuera, libera a las sanciones de Donald Trump y Juan Guaidó de ser los culpables de la grave crisis que hoy padece el pueblo venezolano. Busca, Figuera, desmeritar la investigación de la Relatora Especial en derechos humanos, Alena Douhan, quien concluyó y esto deben saberlo los trabajadores y trabajadoras de la Patria: «A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la "Carta de la Patria", de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.» Recuérdese, que previo al bloqueo de PDVSA y corte de ingresos al país, contrario a lo señalado por Figuera, para quien según el Presidente Maduro no hacía nada, el gobierno bolivariano adoptó una política de indexación salarial que llevó los aumentos salariales a cada tres (3) meses del año hasta que no ingresaron más divisas al país por exportación petrolera y optó, el Presidente Maduro, por los bonos de protección y la Ley Antibloqueo que el PCV demonizó. A los traidores, reservaba Dante el último círculo de su infierno, el noveno. Satanás. ¡Ahí es nada! «…los traidores siempre terminan mal, o a consecuencia del alcohol o de las drogas, tirados en la calle. Hace poco uno de ellos terminó sus días más o menos así. ¿Y en aras de qué?» (Vladimir Putin)…
«Comenzaron las marramucias… Ya basta de tantas traiciones, esta tierra tiene que parir una Patria.» Hugo Chávez Frías...