Servicios Públicos y agresión imperialista

Lunes, 15/03/2021 12:56 PM

«Aquella noche, la primera del bloqueo, había en Cuba unos 482.560 automóviles, 343.300 refrigeradores, 549.700 receptores de radio, 303.500 televisores, 352.900 planchas eléctricas, 286.400 ventiladores, 41.800 lavadoras automáticas, 3.510.000 relojes de pulsera, 63 locomotoras y 12 barcos mercantes. Todo eso, salvo los relojes de pulso que eran suizos, había sido hecho en los Estados Unidos… Desde el punto de vista de la producción, Cuba se encontró de pronto con que no era un país distinto, sino una península comercial de los Estados Unidos… Tampoco había depósitos de repuestos, pues la industria ilusoria de Cuba reposaba sobre la base de que sus repuestos estaban sólo a 90 millas, bastaba con una llamada telefónica para que la pieza más difícil llegara en el próximo avión, sin gravámenes ni demoras de aduana… A pesar de la intensa ayuda soviética y de la ayuda de China Popular, que no era menos generosa en aquel tiempo, y a pesar de la asistencia de numerosos técnicos socialistas y de la América Latina, el bloqueo era entonces una realidad ineludible que había de contaminar hasta las grietas más recónditas de la vida cotidiana y apresurar los nuevos rumbos irreversibles de la historia de Cuba… El "Oxford", un buque de la CIA equipado con toda clase de elementos de espionaje, patrulló las aguas territoriales cubanas durante varios años para vigilar que ningún país capitalista, salvo los muy pocos que se atrevieron, contrariaran la voluntad de los Estados Unidos… Nadie hubiera podido imaginar, en el incierto año nuevo de 1964, que aún faltaban los tiempos peores de aquel bloqueo férreo y desalmado, y que había de llegarse a los extremos de que se acabara hasta el agua de beber en muchos hogares y en casi todos los establecimientos públicos.» (La primera noche del bloqueo, Gabriel García Márquez, Proceso Nº 0090-01, 24 de julio 1978). Años después, Fidel, añadiría: «Fue en la revista colombiana Alternativa, un proyecto periodístico de quien fuera laureado con el premio Nobel de Literatura, y que el 1 de agosto de 1975 suscribió que la política de cerco 'no fue simplemente como muchos lo creen, el corte del cordón umbilical con los Estados Unidos'. Entonces, García Márquez, acotó que el bloqueo decidido por la Casa Blanca resulta 'una feroz tentativa de genocidio promovida por un poder casi sin límites cuyos tentáculos aparecían en cualquier parte del mundo'.» (Bloqueo a Cuba, tan genocida como lo calificara García Márquez en 1975, Fidel Castro, Prensa Latina, 05-11-2019).

Al momento de escribir estas líneas, el ministro del poder popular de energía eléctrica G/J Néstor Reverol, hace pública una denuncia referente al ataque recibido por el Plan Integral de iluminación de los espacios públicos, en específico, en la avenida Boyacá donde fueron vandalizados y hurtados, 90 luminarias tipo LED instaladas en diciembre 2020. Hechos como éstos, preconfiguran un tipo de actuación política por parte de un sector de la oposición política venezolana que ha ubicado en los servicios públicos un centro de confrontación política, ha llevado la guerra a esos espacios. En 2017, afectaron la conectividad por telefonía (32 por ciento), mediante el robo del cableado de CANTV en el Estado Zulia. Con ello, afectaron no solo el servicio de telefonía sino el de internet y entre los detenidos en flagrancia, ejecutando tales acciones, se encontraron algunos trabajadores de la propia empresa de telecomunicaciones del Estado. El modus operandi de los autores de tales actos terroristas, consistía en dañar instalaciones de la empresa o robar cableado para luego exigirle al suscriptor el pago por la reparación en moneda extranjera, operaban como una CANTV paralela.

Esta novedosa forma de hacer la guerra y de corrupción, la justifican en los medios de comunicación mediante el artificio de que los trabajadores-delincuentes no tenían sueldos dignos. El hurto de material estratégico de la empresa de telecomunicaciones, se convirtió en otro frente de lucha para las fuerzas policiales que se vieron obligadas a elaborar políticas de corresponsabilidad con los usuarios y usuarias, afectados por el daño a las instalaciones al quedarse sin servicio de telecomunicaciones. Sobre esto, se refería el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, en octubre 2017: «Hay dirigentes del más alto nivel de la oposición involucrados en un plan para atentar contra los servicios eléctricos, servicios de gasolinería, servicios de agua; es una campaña para generar desasosiego, descontento y llamo al pueblo a salirle al paso a esta campaña terrorista». Ese mismo año, 2017, Luis Motta Domínguez, entonces ministro de energía eléctrica, cuantificaba las víctimas del sabotaje eléctrico en 46 fallecidos y 381 detenidos ese solo año. Decía Motta Domínguez: «Los primeros actos de sabotaje eran personas que conocían lo que estaban haciendo, por el tipo de herramientas que llevaban. Iban protegidas con guantes de carnazas, botas, aseguró. No obstante, esta situación ha cambiado, explicó. Ahora son personas en condiciones de vulnerabilidad las involucradas en los actos de sabotaje, entre ellas, narcodependientes.» El perfil de los saboteadores era claro: trabajadores y extrabajadores de la CORPOELEC, para degenerar en personas sin oficio, a los que la oposición costeaba su drogadicción con el condicionante de que se montaran en una de torre de alta tensión y sabotearla por unos pocos dólares, dólares suministrados por el gobierno de EEUU a la oposición venezolana, por millones. En 2018, las acciones de sabotaje y terrorismo eléctrico, llegaron hasta el extremo de derribar cinco torres eléctricas de la línea Cuatricentenario, en el municipio Mara del Estado Zulia. Un año antes, habían vandalizado el cable sub-lacustre del Lago de Maracaibo, dejando al Estado sin electricidad. La participación de colombianos, dejaba ver las costuras de quienes acompañaban a la oposición venezolana en sus acciones de dejar sin electricidad al Estado Zulia. Esta campaña de saboteo y terrorismo sobre los servicios públicos, se acompañaba con otra mediática que buscaba convencer a la opinión pública nacional de la veracidad del discurso oposicionista: «Caracas, 24 de abril de 2020.- Cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, confirman que la ciudad de Maracaibo enfrenta marcadas deficiencias en los servicios públicos domiciliarios (agua potable, energía eléctrica, aseo urbano, gas doméstico y telecomunicaciones).» Acompañaban, las campañas mediáticas con estudios de opinión: «En Maracaibo, el 85% de los ciudadanos calificó de manera negativa la calidad del servicio de agua potable, valor que la ubica como la segunda ciudad con los más altos índices de insatisfacción hacia el desempeño del servicio.» Los responsables de tanto mal, eran –indudablemente- el gobierno nacional y Nicolás Maduro, la causa: desinversión en servicios públicos. Tal era el libreto que desde Washington tenían que repetir.

El jueves 7 de marzo de 2019, en Venezuela se hizo la oscuridad. A las cinco menos seis minutos de la tarde, hora local, una supuesta «falla» en la central hidroeléctrica de El Guri sembró el caos en el país. Un «ataque cibernético» y «electromagnético», según el mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Días después, Donald Trump, mediante Orden Ejecutiva ordenaba a su gobierno tomar las medidas pertinentes para blindar a EEUU de eventuales ataques cibernéticos y electromagnéticos. En mayo 2020, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, M/G Néstor Reverol, anuncia al país la activación de un Plan Especial de Seguridad para resguardar tanto el sistema eléctrico como hídrico del país. De a pasito, el Gobierno Bolivariano, iba cerrando todas las vías al terrorismo de la oposición sobre los servicios públicos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, declaraba entonces: «Los planes terroristas de la derecha imperial contra los servicios públicos encontrarán el repudio y rechazo tajante del pueblo venezolano ¡Unidos defenderemos a nuestro país de quienes procuran su destrucción y agreden a la población!». En época de elecciones, dichos planes de agresión a los servicios públicos se acrecentaban, en particular, en el sector eléctrico; lo que implicaba, que en consecuencia se afectaba el servicio de agua, ya que el mismo depende casi en su totalidad de la electricidad. Pronto, esas variables, cambiarían pues todo el equipamiento con el que se montaron los sistemas de agua potable y electricidad, dependen en su gran mayoría de equipos y maquinarias provenientes de EEUU y Europa, razón por la cual al dañarse los mismos, requerirían de repuestos provenientes de dichos países y debido al bloqueo financiero que se le ha aplicado a Venezuela de parte de EEUU y Europa, se le hace imposible realizar el pago a proveedores de maquinarias y equipos de esa parte del mundo y, por demás muchos oferentes de servicios y equipos se niegan a suministrarlos a Venezuela porque sencillamente temen ser sancionados por el gobierno de EEUU. Este, es el resultado de sanciones ilícitas a 176 entidades públicas venezolanas, 133 funcionarias y funcionarios públicos, 22 personas naturales por tener relaciones comerciales, financieras y económicas con Venezuela, 9 buques extranjeros y 40 buques de PDVSA sancionados, 15 aeronaves de CONVIASA y un empresario detenido en Cabo Verde, Alex Saab por atreverse a comercializar a favor de Venezuela y en procura de alimentos y medicinas para beneficio de los venezolanos y venezolanas.

Cuba y Venezuela, han sido objeto de la agresión imperialista en sus dos versiones de poder duro (George W. Bush y Donald Trump) y poder inteligente (Barack Husseim Obama y Joe Biden). Venezuela, mucho antes de las agresiones brutales de Donald Trump, sintió el rigor del bloqueo financiero que le asestó la Administración Bush, utilizando las calificadoras de riesgo crediticio que siempre ubicaron a Venezuela a la par de países como Barbados y Mozambique o de países en guerra como Siria, y en la categoría de Select Default (SD), con lo cual posibilitaban que los organismos financieros internacionales cerraran sus puertas a toda posibilidad de acceso a financiamiento internacional. Además, Venezuela, fue objeto de un bloqueo a la venta de repuestos para sus sistemas de armas F-16, lo que le obligó a dotarse del sistema ruso Sukhoi y otras armas provenientes de Rusia. «Si ellos no cumplen con los contratos entonces podemos hacer con esos aviones lo que a nosotros nos venga en gana, de repente le mandamos a Cuba unos 10 aviones, o a China, para que ellos vean la tecnología», decía Chávez, durante la firma de un acuerdo destinado a construir en China un satélite para Venezuela en noviembre 2005. De aquellos años, viene la campaña de agresión imperialista contra Venezuela…

Post Scriptum: El reciente informe de marzo de este año de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michel Bachelet, debemos considerarlo como la respuesta de la Administración Biden al también informe de la Relatora Especial Alena Douhan, que concluyó en febrero pasado que las sanciones de EEUU y Europa contra Venezuela: «Han exacerbado la situación económica y humanitaria (…) lo que ha tenido un efecto devastador sobre toda la población venezolana, en especial aquella en extrema pobreza.» Con dicho informe, Bachelet, intenta lavar el rostro de los EEUU, que han vuelto al multilateralismo de la mano de Biden. Refiere Bachelet, en su informe: «Desde septiembre, el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria…De cara al próximo ciclo electoral, recuerdo a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes. El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones.» Sin dudas, se trata de un informe que denota claras intenciones de incidencia en la vida política del país, injerencista sin dudas, y que la convierte en un actor político más que debiera registrarse en el CNE para inscribir su candidatura a alguna de las gobernaciones en disputa. Por lo demás, la vuelta al multilateralismo de EEUU de la mano de Biden, nos recuerda que: «quien paga la música, decide que se baila» y obviamente, Bachelet comienza a bailar al ritmo preferido de Joe Biden y Bad Bunny su conejo malo…

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