Una de las características de la administración de Estados Unidos ha sido la confianza que ha depositado en asesores externos y delegado "free lance" para llevar a cabo funciones de gran importancia: James Baker, Paul Bremer, Henry Kissinger, George Shultz, Richard Perle y los miembros del Comité de Política de Defensa y el Comité para la Liberación de Irak, por citar sólo algunos. Mientras el Congreso actuó como autorizador sin cuestionamientos durante los años fundamentales de la toma de decisiones, y los fallos del Tribunal Supremo se tratan como meras sugerencias, estos asesores (en gran parte voluntarios) han ejercido una gran influencia.
Su poder deriva del hecho de que esos asesores tuvieron papeles decisivos en el gobierno: son ex-secretarios de Estado, ex-embajadores y ex-subsecretarios de Defensa. Todos han estado fuera del gobierno durante años, y en ese tiempo han emprendido lucrativas carreras en el complejo del capitalismo del desastre. Dado que tienen el rango de contratistas, no de personal contratado, no están sujetos a las mismas normas que provocan conflictos de intereses en los políticos elegidos o nombrados (algunos no tienen restricciones de ningún tipo). En efecto ha consistido en eliminar la llamada puerta giratoria entre el gobierno y la industria para colocar en su lugar "una entrada en arco" (así describió Irwin Redlener, especialista en gestión de desastres). De esa forma, las empresas relacionadas con los desastres han podido montar un negocio dentro del gobierno utilizando como tapadera la reputación de tan ilustres ex-políticos.
Siguiendo el ejemplo de los altos cargos de la administración, Baker se limitó a negarse. Así, Baker tenía en sus manos el esfuerzo de convencer a los gobiernos de todo el mundo de que condonasen la agobiante deuda exterior de Irak. Cuando llevaba casi un año en el puesto, Baker obtuvo una copia de un documento confidencial que demostraba que se encontraba inmerso en un conflicto de intereses mucho más grave de lo que había imaginado. El documento era un plan de negocios propuesto por un consorcio de empresas (incluyendo el Carlyle Group) al gobierno de Kuwait, uno de los principales acreedores de Irak. El consorcio ofrecía sus contactos políticos de alto nivel para recaudar de Irak 27.000 millones de dólares en deudas impagadas a Kuwait a raíz de la invasión de Sadam; en otras palabras, la operación equivalía a hacer exactamente lo contrario de lo que se suponía que Baker debía hacer en su papel de enviado: convencer a los gobiernos de que cancelasen las deudas de la época de Sadam.
El documento, titulado "Propuesta para ayudar al gobierno de Kuwait a proteger y hacer efectivas demandas contra Irak", se entregó casi dos meses después del nombramiento de Baker. En él se cita a James Baker once veces y se deja claro que Kuwait se beneficiaría del trato con una compañía en la que trabajaba el hombre encargado de borrar las deudas de Irak. Pero había un precio que pagar. A cambio de esos servicios, indicaba el documento, el gobierno de Kuwait debería invertir 1.000 millones de dólares en el Carlyle Group. Era un caso claro de tráfico de influencias; pagarían a la compañía de Baker para obtener protección de Baker. Mostró el documento a Kathleen Clark, profesora de derecho de la Universidad de Washington y gran experta en ética y normas de gobierno, y explicó que Baker se encontraba en un "clásico conflicto de intereses. Baker está en los dos lados de la transacción; se supone que representa los intereses de Estados Unidos, pero también es asesor de Carlyle, y Carlyle quiere su parte por ayudar a Kuwait a recuperar sus créditos a Irak". Después de examinar los documentos, Clark concluyó que "Carlyle y las otras compañías están explotando la actual posición de Baker para intentar lograr un acuerdo con Kuwait que socavaría los intereses del gobierno estadounidense".
El día siguiente a la publicación de un artículo sobre Baker en The Nation, Carlyle se retiró del consorcio, renunciando así a sus esperanzas de cobrar los 1.000 millones de dólares. Varios meses más tarde, Baker dimitió de su puesto de consejero general. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: Baker había desempeñado un papel penoso como enviado honorífico, no había logrado la condonación de la deuda a la que Bush se había comprometido y que Irak necesitaba. En 2005 y 2006, Irak entregó 2.590 millones de dólares en concepto de compensaciones por la guerra de Sadam, principalmente a Kuwait (unos recursos que se necesitaban desesperadamente para afrontar la crisis humanitaria en Irak y reconstruir el país, sobre todo después de que las empresas estadounidenses se marchasen con el dinero para las ayudas despilfarrado y el trabajo sin hacer). El cometido de Baker era borrar entre el 90% y el 95% de la deuda de Irak, pero lo que se hizo fue reprogramar la deuda, que todavía equivale al 99% del producto interior bruto del país.
¿A quién representaba Kissinger en todas estas reuniones de alto nivel? Como Baker u Shultz, él también fue secretario de Estado, pero hacía ya tres décadas. Desde 1982, cuando puso en marcha su empresa privada (Kissinger Associates), su trabajo ha consistido en representar a numerosos clientes, entre los que figuran, al parecer, Coca-Cola, Union Carbide, Hunt Oil, el gigante de la ingeniería Fluor (uno de los destinatarios de los mayores contratos para la reconstrucción de Irak) e incluso su viejo socio en la acción secreta en Chile, ITT. Por tanto, cuando se reunía con Cheney, ¿actuaba como un estadista veterano o como un caro defensor de sus clientes?
¡La Lucha sigue!