NO A LA APERTURA PETROLERA INCONSTITUCIONAL Y ENTREGUISTA
CONSTRUYAMOS UNA ALTERNATIVA POSRENTISTA Y SOBERANA
Ante el anuncio hechos por representantes del gobierno y de algunas élites políticas y económicas sobre la existencia de un supuesto "consenso", en torno a la puesta en marcha de una "nueva apertura petrolera", un grupo plural de venezolanos y venezolanas nos pronunciamos contra esa iniciativa por considerarla entreguista, inconstitucional y antinacional. Al pueblo de Venezuela, siendo como es el soberano propietario titular de los recursos petroleros, lo han mantenido desinformado y al margen de la discusión sobre la recuperación de la industria petrolera y de sus implicaciones para el futuro de la Nación. De hecho, el tratamiento informativo de ese asunto se ha caracterizado por la falta transparencia, de tal manera que su manejo ha quedado circunscrito a la cúpula del gobierno y a los agentes económicos internos y externos interesados en el negocio petrolero. Por esa razón, reclamamos la apertura de un amplio debate y una consulta democrática a todos los actores de la vida social y política del país, con el fin de que el colectivo nacional evalúe el alcance que tendrá para ésta y las futuras generaciones, los compromisos que pretende asumir el Estado en esta materia y su impacto económico, político, social y ambiental.
Conscientes de la necesidad de promover dicho debate, hemos decidido impulsar la construcción de una propuesta alternativa, posrentista y posextractivista, diferente a las derivas neoliberales, autoritaria y entreguista, con el fin de que sirva de insumo para el diálogo nacional que debemos emprender sobre el destino de nuestro petróleo, teniendo en cuenta que está en marcha una transición energética y el declive de los combustible fósiles y su sustitución en el mediano plazo por energías renovables alternativas debido al calentamiento global.
La sociedad venezolana se encuentra ante el gran desafío de construir una propuesta alternativa al de esta "nueva apertura petrolera", que preserve la soberanía de la Nación sobre los hidrocarburos como pauta la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y prepare las condiciones para impulsar la transición de la matriz energética nacional hacia las energías renovables y alternativas, como corresponde a un país que asume la defensa de la vida y de la humanidad en peligro de extinción, debido a la crisis climática ocasionada por el calentamiento global en curso.
La recuperación de la producción petrolera debe estar acotada por la declinación de la demanda a partir de 2030 y de la transición de la matriz energética. Por lo tanto, se debe desechar las inversiones de maduración en el largo plazo que demandan grandes recursos financieros, como por ejemplo la construcción de nuevos mejoradores para procesar crudos de la Faja del Orinoco y los yacimientos costa afuera. Por el contrario, el gas natural que se quema por venteo en el oriente del país debe ser aprovechado para la transición energética. Así cómo, la explotación de los campos de crudos convencionales de occidente y oriente, en los cuales hay potencial para generar una producción suficiente para satisfacer la demanda interna y exportar su excedente al menos en los próximos 20 años.
La industria petrolera debe dejar de ser una actividad de enclave con el único papel de proveer ingresos provenientes de la renta petrolera y de concebirse como el "motor" de la economía. Ese modelo rentístico-dependiente está agotado y ya no es posible esperar que vengan nuevos ciclos de bonanza petrolera, porque la grave situación socioeconómica del país y la de la propia industria, sumado a la transición de la matriz energética y su impacto en el mercado, nos obligan a transformar dicho modelo hacia la construcción de un nuevo modelo productivo diversificado sustentable Eso significa que no solo debemos impulsar la transición energética, sino también, la transición hacia una nueva economía posextractivista, autónoma de la renta petrolera, capaz de crecer a partir del desarrollo de las grandes potencialidades, distintas al petróleo y la minería depredadora, que tiene el país en áreas como la agricultura, el turismo y una industria basada en el desarrollo endógeno sustentable.
La recuperación de la industria debe abordarse con la participación del capital privado nacional y extranjero, sin que se comprometa el ejercicio por el Estado de la soberanía sobre los recursos petroleros, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En ese sentido consideramos que el establecimiento en los contratos del arbitraje internacional violando la inmunidad de jurisdicción prevista en la Constitución, la reducción de la carga impositiva afectando los ingresos fiscales petroleros y la entrega del control del negocio a los inversionistas extranjeros, es inaceptable por ser antinacional e inconstitucional.
Suscriben:
Jesús Puerta, Jesús Urbina, Alirio Rangel, Luis Fuenmayor Toro, Santiago Arconada, Antonia Muñoz, Ramón Rosales, Belinda Colina, Ezequiel Aranguren, Héctor Navarro, José León, Luis Mogollón, Rafael Durán, Roberto López, Clemente Scotto, Esteban Emilio Mosonyi, Johnny Alarcón, Juan García, Yajaira Briceño, Ana Elisa Osorio, Nidia Cárdenas, Moisés Durán, Gustavo Márquez Marín, Carlos Mendoza Pottellá, Oly Millán, Edgardo Lander, Lino Meneses, Jesús Vivas, Luis Parada, Luis Pérez, Oscar Feo, Mariano Crespo, Eduardo Chollett, Freiman Páez García, Thony Navas.
UNA PROPUESTA ALTERNATIVA A LA "NUEVA APERTURA PETROLERA"
EL COLAPSO DE LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL EN EL CONTEXTO ENERGÉTICO Y AMBIENTAL GLOBAL
Las ideas y planteamientos plasmados en éste documento, expresan la opinión de un conjunto plural de mujeres y hombres preocupados por el futuro del país, considerando que está en proceso una "nueva apertura petrolera" impulsada por el Ejecutivo Nacional y algunas élites políticas y económicas que esgrimen un supuesto "consenso petrolero" que no es tal; el cual compromete la soberanía de la Nación sobre nuestros recursos petroleros y reproduce el modelo rentístico-extractivista petrodependiente, alejando la posibilidad de que Venezuela se enrumbe definitivamente hacia la construcción de una economía productiva, diversificada y sustentable, que se sostenga y crezca con independencia de la renta petrolera, para garantizar el bienestar social y la preservación de los sistemas ambientales que constituyen el patrimonio natural del país.
El hecho de que esté en marcha una transición de la matriz energética global hacia la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables, como resultado de una decisión de la comunidad internacional y, de que la industria petrolera, por su grave situación actual, no podrá seguir siendo el único motor de la economía nacional que fue. Se abre una ventana de oportunidad histórica para buscar otra opción distinta al extractivismo petrolero y minero, que implique desarrollar las grandes potencialidades que tiene nuestro país para construir el futuro, dejando atrás la sociedad rentista que hemos sido por más de 100 años.
Consideramos que el destino de la industria petrolera debe ser debatido por la Nación con la participación de todos los sectores de la vida nacional sin exclusiones y con el propósito de contribuir al mismo, presentamos estas ideas con la esperanza de que sirva de insumo para estimularlo. Declaramos nuestro rechazo a la "nueva apertura petrolera" porque es un proyecto antinacional que viola la Constitución y la Ley de Orgánica de Hidrocarburos.
1. La industria petrolera es un asunto de todos
Por ser la industria petrolera un asunto de interés público, la discusión y decisiones sobre su futuro no puede quedar circunscrito a conciliábulos de élites políticas y económicas, sino que debe involucrar a todos los actores de la vida nacional.
Para el análisis de la situación de nuestra industria petrolera y su posible recuperación partimos de una caracterización de la aguda crisis económica que afecta al país, del impacto de la transición energética global sobre el mercado de los combustibles fósiles y de la grave situación de colapso de dicha industria.
Tenemos la certeza de que estamos frente a una crisis metastásica del modelo rentístico-extractivista petrodependiente, con un horizonte terminal del petróleo como principal energético, un colapso de PDVSA ocasionado por la desinversión, las erradas decisiones en su planificación, las ineficiencias de la gestión, la corrupción y las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el gobierno de EEUU y sus aliados.
Estamos convencidos que debe superarse la visión unilateral que relega la actividad petrolera a ser solo una fuente de ingresos fiscales, sin considerar su conexión con la dinámica productiva interna ni su impacto socio-ambiental.
El futuro del petróleo y su secuela en nuestra vida, por su importancia estratégica no es un asunto exclusivo de los "petroleros" sino de todos los venezolanos. La definición de su destino pasa por una reflexión colectiva sobre el papel que éste debe jugar en un porvenir que augura su sustitución por las energías renovables y alternativas, que exige además la transición hacia un nuevo modelo económico.
Ante la crisis, las élites políticas y económicas, asumiéndose portadores de un supuesto "consenso petrolero", impulsan el proyecto desnacionalizador de una "nueva apertura petrolera". Pretenden levantar de nuevo la ilusión del "motor de la renta petrolera" como paradigma, sin que existan condiciones objetivas para que regresen los escenarios de "bonanza" de antaño. En lo que si pareciera que hay un amplio consenso nacional es en que el modelo rentístico petrolero está agonizando y hoy no representa una esperanza para el futuro de la Nación.
La sociedad venezolana se encuentra ante el desafío de la necesidad de construir una propuesta alternativa al de esta "nueva apertura petrolera", que preserve la soberanía de la Nación sobre los hidrocarburos como pauta la Constitución y la vigente Ley Orgánica de Hidrocarburos, y prepare las condiciones para impulsar la transición de la matriz energética nacional hacia las energías renovables y alternativas, como corresponde a un país que asume la defensa de la vida y de la humanidad en peligro de extinción. Consideramos que sí existen alternativas a la referida propuesta desnacionalizadora que corre como expresión de un presunto consenso que no es tal. Abramos el debate nacional sobre la industria petrolera y que sea el soberano quien decida su destino.
2. La transición energética, el declive de la energía fósil y el futuro de la Industria Petrolera
Una de las señales más notables que dan cuenta de la transición de la matriz energética global, son los cambios irreversibles que vienen ocurriendo en las estrategias y los portafolios de inversión de muchas de las grandes corporaciones petroleras, las cuales están buscando reinventarse para evitar quedar rezagadas ante el hecho de que los combustibles fósiles tienen una fecha de vencimiento relativamente próxima, debido a los límites a su uso impuestos por la comunidad internacional, ante la crisis climática en desarrollo derivada del calentamiento global.
Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía de 2021 presentan un escenario hasta 2050 que contempla un aumento masivo de la inversión en renovables, en eficiencia energética y en tecnologías de energía limpia, lo cual conlleva a una menor demanda mundial de combustibles fósiles, hasta el punto que se excluye el desarrollo de nuevos campos de petróleo y gas.
Este escenario se reforzó con la caída de la demanda causada por los efectos de la pandemia en la economía mundial, que ha impulsado la tendencia a postergar la inversión que madura a largo plazo y a privilegiar la de retorno de corto y mediano plazo. Se espera que la demanda total de los combustibles fósiles alcance un pico antes del 2030, es decir, en apenas 8 años. Ante este escenario, grandes productores como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, vienen otorgándole un creciente protagonismo a las energías renovables.
Por lo tanto, un plan de recuperación de la producción petrolera venezolana acotado por la declinación de la demanda petrolera inscrita en los cambios de la matriz energética, debería descartar la inversión de proyectos que incluyan, por ejemplo, nuevos mejoradores para procesar crudo de la Faja del Orinoco y desarrollo de los yacimientos costa afuera. Por el contrario, el alto volumen de gas natural que se pierde quemándolo por venteo en el Oriente del país tendría que ser aprovechado debido al papel de energía fósil "puente" que este tiene, lo que permitiría una transición energética ordenada en virtud de ser un emisor de CO2 menor al producido por el petróleo. Asimismo, la inversión debe focalizarse en los campos maduros de Oriente y Occidente de crudos convencionales debido a que podría dar resultados más rápidos con costos operativos menores.
3. La crisis sistémica y el colapso de la industria petrolera
El colapso de la industria petrolera es causa y efecto de la crisis económica prolongada que vive el país y ambas son la resultante de la crisis sistémica multidimensional que lo afecta, la cual se ha producido en el contexto de una profundización de la dependencia de la renta petrolera en los últimos años. De cara al futuro se percibe el agotamiento del petróleo como única fuente de recursos para sostener el proceso de creación de riqueza.
Los factores determinantes y aceleradores de la crisis económica fueron: la ejecución en primera instancia de una política económica pro-cíclica, un anclaje cambiario prolongado, el financiamiento monetario de PDVSA acompañado de su endeudamiento y de una gestión corrupta. Así como de la paralización del mantenimiento y las inversiones necesarias para su desempeño eficiente. Este proceso de deterioro de la principal industria nacional se produce en el contexto de una recesión profunda del aparato productivo, de un fuerte endeudamiento de la República para sostener el gasto público creciente, de la hiperinflación seguida de un programa de ajuste de facto (dolarización) con devaluación del bolívar, además de las sanciones del gobierno de EEUU (2017) que aceleraron el colapso de PDVSA, ocasionando el default financiero y el cierre del crédito internacional.
Todo ello elevó el déficit fiscal y provocó la reducción del gasto público lo cual fue enfrentado por el gobierno con financiamiento monetario reimpulsando la hiperinflación.
Esta crisis económica surge conjuntamente con una crisis política caracterizada por la desinstitucionalización acelerada, por la estrategia del gobierno dual impulsada desde Washington.
4. Hacia un cambio del modelo rentístico petro-dependiente
El dilema planteado es definir si es posible que Venezuela pueda o no, desarrollar un proyecto nacional independiente o quedarse definitivamente sometida en las próximas décadas, a la dominación neocolonial de las grandes potencias, jugando el rol de simple proveedor de petróleo y materias primas, a costa de liquidar los sistemas ambientales vitales y sacrificar el patrimonio socio ambiental de la Nación, sin que ello se traduzca en bienestar para las grandes mayorías de la población. Ello incluye a los venezolanos secularmente minorizados. Está comprobado que las comunidades indígenas del oriente del país, dedicadas a la agricultura, a otros medios de subsistencia y de intercambio, especialmente de los pueblos Kariñas y Waraos, están sometidos a un sufrimiento lacerante debido a la contaminación continuada de sus territorios ancestrales.
No es verdad que inexorablemente estamos condenados a ese infausto destino. Sostenemos que es posible cambiar el modelo progresivamente a través de una transición económica acoplada al cambio de la matriz energética global y a un proyecto nacional que tenga como eje el desarrollo endógeno sustentable.
El colapso de la industria petrolera nacional, en el marco de la crisis multidimensional del sistema capitalista dependiente, abre una ventana de oportunidad para que la sociedad venezolana se confronte con el desafío de decidir si sigue cargando el fardo secular de continuar padeciendo los ciclos históricos entrópicos y empobrecedores de subidas y bajadas de los ingresos petroleros u opta por una transformación estructural del modelo productivo, para abrirle cauce a la construcción de una economía diversificada, sustentable y socialmente inclusiva.
Debemos asumir que estamos frente a una crisis estructural terminal de dicho modelo, en un escenario en el cual objetivamente no es posible relanzar la economía con la expectativa de que vendrán nuevos ciclos de bonanza petrolera o de que será posible aumentar la producción con masivas inversiones externas para salir del atolladero, las cuales por lo demás, conducirían a la renuncia del ejercicio de la soberanía sobre los recursos petroleros, porque habría que satisfacer las condiciones leoninas impuestas por los inversores externos en contravía del interés nacional y de la Constitución.
La industria petrolera no está en condiciones de seguir sustentando una economía basada exclusivamente en la generación de renta petrolera. Significa esto que la economía nacional debe adquirir una dinámica autónoma e independiente de dicha renta, vale decir, debe sustentarse en las potencialidades endógenas y en su desarrollo sustentable. La actividad petrolera debe concebirse como una más, aunque de gran importancia estratégica e integrada sistémicamente al aparato productivo nacional, subordinándose a las políticas públicas y planes nacionales.
Ni en el corto ni en largo plazo podemos depender del petróleo para garantizar la sustentabilidad económica y social del pueblo venezolano. La realidad de la industria petrolera obliga a una redefinición y a un redimensionamiento de la misma. Por ello, es evidente la necesidad de revisar y cambiar la perspectiva con que históricamente hemos mirado desde el país nacional la actividad petrolera y viceversa.
5. Reservas, potencial de producción y beneficio del Estado
Para determinar la situación actual de la industria petrolera con vista a su recuperación, es necesario establecer su actual potencial productivo y sus costos operativos, con el fin de estimar las inversiones requeridas para adecuar su infraestructura a la producción esperada.
El potencial de producción se valora a partir del establecimiento de las "reservas" de los yacimientos y éstas se estiman considerando su evaluación geológica y el estado del arte de las tecnologías de extracción disponibles. Según la estimación derivada de las dos evaluaciones anteriores se determinan las "reservas probadas", como un porcentaje del volumen de petróleo en sitio que es posible extraer denominado "factor de recobro", teniendo en cuenta la tecnología disponible, los costos, precios y situación del mercado.
El hecho de que los recursos petroleros sean técnicamente recuperables no significa que sean económicamente factibles, lo cual es una condición esencial para establecer la existencia de una "reserva probada", que está en relación con los precios y el mercado.
Considerando estos parámetros la empresa Rystad Energy (2021), estima que Venezuela se ubica como undécimo país con mayores reservas petroleras probadas a nivel global, suficientes para sostener una producción de 2 MBD por 90 años.
Las "reservas probadas desarrolladas" son aquellas que corresponden a yacimientos que cuentan con la infraestructura total disponible para la extracción y transporte del crudo, constituyendo la base de producción inmediata y de mediano plazo.
Según las cifras de PDVSA las "reservas probadas desarrolladas" disponibles representan el 4% del total de las reservas con un volumen de 12.990 MMB. Esto constituye un potencial teórico de producción de 1.8 MMBD por 20 años.
Considerando el nivel de deterioro actual de la infraestructura debido a la desinversión, falta de mantenimiento, ineficiencias y corrupción, el impacto de las sanciones de EEUU y la canibalización de las instalaciones para venderlas como chatarra, ese potencial de 1.8 MMBD se ha visto disminuido significativamente. Tal como lo revela el hecho de que la producción promedio de 2021 y en lo que va de 2022 está entre 636/750 MBD. La recuperación de la capacidad de producción es una de las tareas que tiene planteada la industria petrolera venezolana.
El beneficio del Estado (government take) son los ingresos que percibe el Estado por el desarrollo de la actividad petrolera, en representación de su legítimo propietario que es el pueblo de Venezuela.
Una de las estrategias de las empresas transnacionales para presionar al Estado venezolano a fin de que reduzca la carga fiscal, es alegar que los inversionistas externos supuestamente se ahuyentan porque esa carga es la "más alta del mundo", y en ese sentido señalan que otros Estados que también poseen una industria petrolera estatal, como Arabia Saudita, Los Emiratos Árabes Unidos y Noruega, tienen una carga tributaria relativa mínima mientras que la de Venezuela sería mucho mayor.
La verdad es que en los ejemplos señalados todos los beneficios obtenidos van directo al propietario o sea el Estado, quien precisamente por tener esta condición no paga impuestos, mientras que PDVSA al tener personalidad jurídica propia por ser una compañía anónima, se le obliga a pagar impuesto, aunque al ser un ente propiedad del Estado el impuesto causado es parte del beneficio, y por esa razón no puede considerarse carga fiscal. Si hacemos de nuevo la comparación anterior teniendo en cuenta esta situación, veremos que la carga fiscal petrolera venezolana relativa es una de las menores. De hecho, hay una tendencia histórica regresiva de los ingresos fiscales petroleros que así lo demuestra.
Esta se produce debido al crecimiento continuo de los costos operativos, lo cual ha sido una forma de encubrir la captura de la renta por los privados. Renta que le correspondería percibir al propietario o sea el Estado. Esta tendencia refleja una de las causas estructurales por la cual el modelo rentístico petro-dependiente luce agotado. Con base en esta consideración es evidente que captar inversiones extranjeras reduciendo la carga fiscal mediante la disminución del impuesto sobre la renta, la regalía, los impuestos municipales y otros impuestos, constituye una entrega de nuestro petróleo a cambio de muy poco. Porque lo que importa no es producir petróleo para exportarlo si al final solo nos quedará un beneficio pírrico, con grandes costos medioambientales y a cambio de ceder nuestra soberanía.
6. La Nueva Apertura Petrolera viola la Constitución y la Ley
Según los promotores de la "nueva apertura petrolera", el Ejecutivo Nacional y sectores empresariales, Venezuela debe crear incentivos que atraigan a los inversionistas extranjeros a través de una reforma impositiva. Señalan que un incentivo clave que hay que ofrecer es la reducción de la regalía, del impuesto sobre la renta, de los impuestos municipales, del impuesto de superficie y otros.
Por otra parte, propone una reforma institucional que supone un cambio en la arquitectura del Estado que conduce a un vaciamiento de las funciones reguladoras del Ministerio competente, al pretender transferirle las mismas a un ente mixto "para-estatal" no previsto en la Constitución.
Asimismo, propone un cambio en el modelo de negocio con el fin de que el Estado ceda el control de las empresas mixtas a los socios privados. Eso significaría dejar en manos de las empresas privadas el control de la actividad, es decir, de la planificación, la operación, la administración y el mercadeo de la industria. De esa manera el Estado perdería el control de la gestión de las actividades primarias de la cadena de valor relacionadas con la extracción y comercialización de los hidrocarburos líquidos. Esta propuesta solo sería jurídicamente viable si se reforma la Constitución, de lo contrario se estaría violando la misma.
Otro precepto constitucional que se estaría violentando es el de la inmunidad de jurisdicción, al pretender concederle a las empresas transnacionales que el mecanismo para dirimir sus diferencias con el Estado sea el arbitraje internacional. De esta manera, se eludiría la Constitución y la soberanía de la Nación al subordinarla a los intereses externos.
7. Dos perspectivas para la recuperación de la industria petrolera
Por un lado, se ha venido promocionando el proyecto de la "nueva apertura petrolera". construido desde una perspectiva que podríamos calificar de "continuista", porque reproduce el statu quo, al concebir la industria petrolera como un ente externo al Estado con el papel exclusivo de ser proveedor de renta petrolera, con autonomía y autosuficiencia, pero no articulado a la dinámica de la economía nacional y a las políticas del Estado.
La relación industria petrolera-economía nacional es vista de manera unidireccional, vale decir, la segunda dependiendo de la primera pero no a la inversa. Bajo esta óptica, se tiende a que el interés nacional se subordine al interés de los actores externos que intervienen en el negocio.
Se asume también que la recuperación económica depende de la renta petrolera como su "motor" fundamental, marginalizando las potencialidades u oportunidades existentes para que el país desarrolle una economía productiva diversificada en conjunto con una actividad petrolera, que involucre al sector privado y a las inversiones extranjeras, sin renunciar a nuestra soberanía.
Por otro lado, bajo la perspectiva del "cambio posrentista" se concibe la recuperación de la industria petrolera en un escenario de colapso de la misma debido a la desinversión prolongada, a las ineficiencias y la corrupción; de crisis multidimensional de la sociedad venezolana en el contexto de una reducción del tamaño de la economía en un 75% en los últimos 6 años y; de transición de la matriz energética global hacia un declive de los energéticos basados en los combustibles fósiles.
8. Nueva Apertura Petrolera
Desde la perspectiva de la Nueva Apertura Petrolera:
- la recuperación de la industria es indispensable y determinante para lograr la recuperación de la economía nacional, porque no existe otra actividad que pueda compensar su peso en la misma.
- El Estado venezolano no está en condiciones para asumir las inversiones requeridas destinadas a recuperar la industria petrolera debido a la actual crisis fiscal, al alto endeudamiento de la República y su default financiero, además del alto endeudamiento de PDVSA y su crisis profunda.
- Por lo tanto, ni el Estado ni PDVSA están en capacidad de asumir el volumen necesario del financiamiento de las inversiones requeridas para recuperar la industria.
- En consecuencia, para lograr captar las inversiones extranjeras necesarias para la recuperación de la industria petrolera se debe ofrecer un "paquete de incentivos" suficientemente atractivo que incluya entre otras facilidades y ventajas una reducción significativa de la carga fiscal partiendo de que supuestamente la de Venezuela es una de las "más altas del mundo; garantía de "seguridad jurídica" a través del arbitraje extraterritorial; cesión del control de la gestión operativa a través de una participación mayoritaria en el capital social de las empresas mixtas y, reducción y flexibilización de la capacidad regulatoria del Estado.
- El objetivo del plan de recuperación de la industria es devolverle en diez años la capacidad de producción que tenía en 2013, que era 2.6 MMBD[1]. Esto significa que partiendo de 2023 tendría que aumentarse la producción anual promedio en 180 MBD con una inversión total estimada en 10 años de USD 210.000 MM. Sin embargo, en el mediano y largo plazo los ingresos generados por la exportación de petróleo según este plan, no serán suficientes para sostener el gasto público y una tasa de crecimiento de la economía nacional que le permita recuperar el terreno perdido en los últimos 8 años. Además, la recuperación de la industria requerirá de un soporte financiero del Estado, que provendría de dichos ingresos con el fin de complementar la inversión procedente del sector privado. Por lo tanto, definitivamente no se puede abordar la recuperación de la industria creando de nuevo la falsa expectativa de que sobre sus hombros seguirá cabalgando la economía venezolana y el Estado reproductor del modelo político clientelar.
Existen diversas fórmulas que podrían explorarse, mediante las asociaciones estratégicas existentes con participación del capital nacional e internacional que podrían ser viables, sin que el Estado renuncie al ejercicio del control y la reserva prevista en la Constitución.
La base para el plan de recuperación tendría que sustentarse en la reactivación de las empresas mixtas vigentes tanto en la Faja como en las cuencas tradicionales de occidente y oriente, las cuales tienen un régimen legal y contractual establecido, en el que podría encajar un esquema negociado de gestión compartida transparente, donde el Estado mantenga el control. De tal manera, que el grueso de la inversión podría estar en manos de estas empresas mixtas. Sin embargo, es imperativo desarrollar simultáneamente un plan de fortalecimiento del talento humano nacional, el cual es insoslayable, independientemente de las anteriores circunstancias.
9. Alternativa de cambio posrentista
El plan de recuperación de la industria petrolera debe estar enmarcado dentro de las pautas y normativas establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el marco del proceso de transición hacia la construcción de un nuevo modelo productivo que tenga como eje el desarrollo endógeno diversificado sustentable, acoplado a la transición de la matriz energética global y su consecuente incidencia en el declive de la utilización de los energéticos basados en combustibles fósiles.
En el contexto de la transición de la matriz energética impulsada por el calentamiento global, asumir una estrategia de conversión de PDVSA en una empresa productora de energía eléctrica de fuentes renovables aprovechando las potencialidades que tiene el país y los derivados no energéticos de los hidrocarburos, al tiempo que se vaya retirando en el mediano plazo del negocio de la producción y distribución de los combustibles fósiles. En ese sentido, parte de los recursos provenientes de la recuperación de la industria petrolera deben invertirse en el financiamiento de la transición energética.
El plan de inversiones para la recuperación de la industria debe abordarse con la participación del capital privado nacional y extranjero, sin que se comprometa el ejercicio por el Estado de la soberanía sobre los recursos petroleros, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
A esos fines, deberá privilegiarse la recuperación de los campos petroleros maduros de medianos y livianos. La explotación de la Faja debe limitarse a las capacidades de producción desarrolladas procurando la autosuficiencia en el suministro de crudos y diluyentes para el mejoramiento de los crudos extra pesados.
Desarrollar una política de inversiones soberana que tenga como epicentro la formación de capital nacional y el aprovechamiento máximo de la infraestructura existente en la industria con el fin de minimizar las inversiones requeridas. Privilegiar las inversiones extranjeras directas que aporten transferencia tecnológica y se articulen con el desarrollo productivo nacional en las áreas conexas.
La recuperación de la industria debe centrarse en el restablecimiento de la infraestructura de producción y refinación existente dándole prioridad al mercado interno, a través de un plan de inversiones con la participación del capital privado nacional y extranjero del sector, mediante contratos de servicios y asociaciones estratégicas.
La actividad petrolera debe concebirse como una rama industrial integrada sinérgicamente con las redes industriales internas, proveedora de bienes y servicios de origen nacional, con el fin de contribuir a la diversificación de la economía nacional y a lograr menor dependencia del mercado externo. Articular el plan de recuperación de la industria petrolera con las cadenas de suministros basadas en el desarrollo productivo nacional, procurando la vinculación de éstas con la cadena de valor de la industria en todas sus fases.
Desarrollo de una industria de componentes e insumos asociados a la industria petrolera y promovida desde la misma, con el fin de procurar su abastecimiento autosuficiente.
Fortalecimiento del sistema de investigación y desarrollo destinado al sector hidrocarburos (INTEVEP) y otros centros de investigación asociados.
Dar prioridad a la atención de la demanda interna de combustibles y la emergencia energética con vista a lograr la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional y de los servicios públicos esenciales.
Asumir la industria petrolera como una actividad productiva integrada e interdependiente con la economía nacional y no solo como una fuente de recursos fiscales.
Los mecanismos de arbitraje para dirimir las diferencias entre el Estado y los inversionistas deben hacerse en el marco de la Constitución y la ley, sin renunciar a la soberanía e inmunidad de jurisdicción de la República.
Insistimos en la necesidad de preservar el patrimonio histórico de participación fiscal y funcional del Estado en el sector de hidrocarburos, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Suscriben:
Jesús Puerta, Jesús Urbina, Alirio Rangel, Luis Fuenmayor Toro, Santiago Arconada, Antonia Muñoz, Ramón Rosales, Belinda Colina, Ezequiel Aranguren, Héctor Navarro, José León, Luis Mogollón, Rafael Durán, Robeto López, Clemente Scotto, Esteban Emilio Mosonyi, Jhonny Alarcón, Juan García, Yajaira Briceño, Ana Elisa Osorio, Nidia Cárdenas, Moisés Durán, Gustavo Márquez Marín, Carlos Mendoza Pottellá, Oly Millán, Edgardo Lander, Lino Meneses, Jesús Vivas, Luis Parada, Luis Pérez, Oscar Feo, Mariano Crespo, Eduardo Chollett, Freiman Páez García, Thony Navas.
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[1] The Dialogue: Reviving Venezuela´s oil sector. The role of western oil majors. January 2020. https://www.thedialogue.org/analysis/reviving-venezuelas-oil-sector-the-role-of-western-oil-majors/.