Por el mismo hecho de afectar a toda la población venezolana, las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) aplicadas por el Gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, otros estados y varias organizaciones internacionales contra Venezuela, han afectado severamente la vida cotidiana de los venezolanos y venezolanas, con incidencia negativa en los Derechos Humanos de la población, afectando también la economía, el nivel y calidad de vida de las personas. Precisamente, por su impacto dañino y de acuerdo al Estatuto de Roma (1998) la aplicación de esas MCU deriva en la comisión de delitos de Lesa Humanidad.
Tal como lo reconoce la misma Carta de las Naciones Unidas y distintas resoluciones de instancias del organismo, las MCU contra Venezuela son contrarias a la legislación del país y constituyen políticas ilegales, extraterritoriales y violatorias del Derecho Internacional Público. A pesar de todas las resoluciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es evidente su inacción para detener el avance y aplicación de las MCU, dejando el espacio para que los poderes globales hagan lo que quieran y cuando quieran, de intensificar sus agresiones a los pueblos soberanos, tal es el caso del pueblo venezolano, agredido por 927 medidas coercitivas unilaterales, aplicadas en forma de escalada y sin ningún tipo de piedad ni consideración.
Cuando hablamos de escalada de las agresiones, nos referimos a la contraofensiva que ha desplegado el gobierno norteamericano y otros poderes imperiales para someter la voluntad del pueblo, someterlo al dolor, al hambre y la miseria. Tales acciones tienen un impacto negativo en los derechos humanos de nuestra población y en tal sentido son crímenes de Lesa Humanidad, porque con sus sanciones, sus restricciones, bloqueos y otras medidas, los Estados agresores (EE.UU y la Unión Europea), han violado de manera sistemática los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas.
No se trata sólo de sanciones aisladas y sobre áreas concretas, sino que existe toda una escalada de ataque masivo, generalizado y sistemático contra el pueblo de Venezuela, del imperio norteamericano, que parten quizá desde el mismo momento de la llegada de Hugo Chávez al poder, porque los Estados Unidos aparecen comprometidos en el Golpe de Estado en abril de 2002 y el paro petrolero de 2003. Igualmente, declaraciones de voceros norteamericanos ponen en evidencia la política injerencista norteamericana para dar al traste con el proyecto bolivariano y arrasar con el Estado venezolano. De hecho, refiriéndose a Venezuela, un senador de los Estados Unidos llegó a confesar "hemos desmonetizado su moneda y a través del sistema bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y decimos: miren lo malo que es este gobierno, su moneda no vale nada. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos eso a su moneda".
A esa escalada, se suman la Ley Pública 113-278, del año 2014 emitida por el Congreso de los Estados Unidos, convirtiéndose en el punto de partida de progresivas agresiones por parte de las administraciones que se han turnado en el poder, pasando por Obama, Trump y actualmente Biden. Además, están las Órdenes Ejecutivas 13692, 13808, 13827,13835, 13850, 13857 y 13884, todas emitidas por el Estado norteamericano, donde está plasmado de manera clara y precisa el contenido de las políticas a ejecutar para hacerle el mayor daño al pueblo venezolano. Estamos hablando sólo de Estados Unidos, pero también están las MCU de Canadá, de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales, incluso países "hermanos" latinoamericanos se han prestado para la agresión contra Venezuela; incluso, hasta se creó el intolerante y terrible Grupo de Lima.