La Isla de Aves siempre permanece como un sitio de controversia internacional. Este territorio perteneciente a Venezuela es una de las razones por las cuales Caracas no forma parte de un importante acuerdo en materia de derechos del mar: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
En 1982, se firmó la Convemar —también conocida como Convención de Montego Bay— en el cual se establece un marco legal común sobre la soberanía, jurisdicción, derechos y obligaciones que tienen los Estados con relación a su territorio marítimo. Este documento sentó las bases del actual derecho internacional marítimo y creó figuras como la Zona Económica Exclusiva, no incluidas en acuerdos similares previos como la Convención de Ginebra sobre Mar Territorial y Zona Contigua.
Dicho convenio, en un principio, sí incluía a Venezuela, al grado que estuvo muy cerca de denominarse la Convención de Caracas por ser el lugar donde se firmaría; sin embargo, algunos de artículos del documento perjudicaban al Estado venezolano pues, en teoría, perdería la jurisdicción de dos territorios históricamente disputados por países como Estados Unidos, Países Bajos y Colombia: la Isla de Aves y el archipiélago Los Monjes.
Historia de la Isla de Aves
La Isla de Aves es un pequeño territorio ubicado en el Caribe, cercano a las islas de Sotavento, Guadalupe y Dominica. Esta isla de apenas 4,5 hectáreas tiene un importante valor geopolítico y, durante el siglo XIX, fue el centro de una importante disputa internacional.
Desde 1777 la isla se considera parte del territorio de Venezuela, pero en 1854, cuando las empresas estadounidenses Lang & Delano y Shelton, Sampson & Tappan llegaron a estas tierras se volvió el inicio de una disputa en la que terminaría interviniendo la reina Isabel II de España.
El centro del diferendo fue el guano, un fertilizante que se obtiene a partir de la acumulación de heces de aves (abundantes en la isla y razón por la cual es conocida así), un material que, en aquel entonces, se consideraba como el "oro blanco".
Aunque EEUU, e incluso el Reino Unido, aseguraban desconocer quién era propietario de la isla, y por tanto, aseguraban tener derecho sobre ella, Venezuela gestionó que se organizara un arbitraje internacional para definir a quién pertenecía la Isla de Aves, también disputada por Países Bajos.
Sería hasta 1865 cuando la disputa terminaría luego de que Isabel II determinó que la isla pertenecía al territorio venezolano, estado en el que se ha mantenido hasta la actualidad. Incluso, en 1972, el Gobierno de Caracas decretó que el lugar sería considerado un refugio de fauna silvestre por la diversidad de aves y las tortugas que suelen desovar en el lugar. Ese mismo año se empezó la construcción de una base naval y de investigación marina denominada Simón Bolívar.
Venezuela fuera de la Convemar
En la década de 1980, y con el fin de actualizar las disposiciones en materia de derecho marítimo internacional, se convocó a la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o Convención de Montego Bay, por el lugar donde fue firmado el acuerdo.
La Convemar fue suscrita por 168 países, excepto por Venezuela, Estado que incluso sería sede de la firma del acuerdo.
La razón principal del rechazo es que, a diferencia de la Convención de Ginebra sobre Mar Territorial y Zona Contigua y la Convención de Ginebra sobre Plataformas
Continentales, ambas de 1958, la Convención de Montego Bay no permite reservar la aplicación de artículos.
Específicamente, los artículos que Venezuela buscaba reservar eran el 15, 74, 83 y 121, los que afectaban directamente su extensión territorial en el golfo de Venezuela, zona en disputa con Colombia.
Aunque Caracas pretendían ser excluida de la aplicación de estos artículos, el 121 fue el más conflictivo para el Gobierno venezolano, pues establecía, además de otras condiciones, que una isla sería reconocida como tal solo si era apta para la habitación humana o contaba con vida económica propia, factores con los cuales no cumple la Isla de Aves ni el Archipiélago Los Monjes.
Al respecto, el entonces representante permanente de Venezuela ante la ONU, Andrés Aguilar, consideró que esta disposición "introduce una discriminación entre porciones de un mismo territorio nacional, que no se puede justificar ni tampoco aceptar por razones de principio y en aras de la justicia y equidad".
"Primero, cuenta el principio de la unidad e indivisibilidad del territorio nacional, de la misma manera que la soberanía del Estado es una e indivisible, no podemos admitir que el territorio nacional genere derecho en unas partes y no en las demás", declaró Aguilar.
Si bien Venezuela no suscribió la Convemar, sí adoptó algunas de sus disposiciones en el decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de los Espacios Acuáticos.
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