Venezuela expresó este miércoles su más contundente rechazo al anuncio conjunto realizado por la República Cooperativa de Guyana y el Gobierno de los Estados Unidos, que dan cuenta «de un aumento de la presencia militar en la región con el objeto de proteger a empresas energéticas estadounidenses» en aguas no delimitadas del Esequibo, «lo que se convierte en la mayor amenaza a la estabilidad del Caribe y América Latina», advierte.
«Venezuela alerta a la Comunidad Internacional, y muy especialmente a los países del Caribe, de las peligrosas maniobras de Guyana, que pretenden escalar un conflicto, motivado por el apetito financiero desmedido de su clase dirigente y su ofuscada negativa a cumplir las normas internacionales, manteniendo la exploración y explotación de petróleo en un área marítima sin delimitar con Venezuela», señala un comunicado de la Cancillería.
El Gobierno nacional aseguró que el presidente guyanés, Irfaan Alí «continúa negándose a entablar un diálogo directo con Venezuela para resolver la controversia territorial, como mandata el Acuerdo de Ginebra de 1966, y en su lugar pacta con la potencia militar más agresiva de la historia de la humanidad, quien a través de su denominado Comando Sur, viene desarrollando operaciones militares en una zona de ingentes recursos energéticos, que están siendo explotados de manera ilegal por parte de la Exxon Mobil».
El Ejecutivo reiteró que el pueblo venezolano «continuará en movilización, denunciando la posición guerrerista de Guyana, y hará historia el 3 de diciembre, a través del Referéndum Popular, dictando líneas maestras de acción para seguir protegiendo, apegada al Derecho Internacional, sus derechos legítimos e históricos sobre Guyana Esequiba».
El Gobierno de Guyana además ha buscado la intervención de La Corte Internacional de Justicia para intentar suspender la consulta popular. Una audiencia sobre este asunto está programada para la próxima semana, mientras que un caso sobre la controversia fronteriza aún está en curso en la instancia, que no es reconocida por Venezuela con competencias para evaluar la controversia limítrofe.
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