Estados Unidos reconoció que la Administración de Control de Drogas, (DEA por su sigla en inglés) realizó una operación ilegal en Venezuela violando el derecho internacional. Esta agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos envió informantes a Venezuela para registrar y desarrollar casos de drogas contra principales líderes políticos. Washington reconoció desde el principio que podría considerarse una violación del derecho internacional.
Así lo informa un memorando secreto obtenido por el medio Associated Press (AP) detallando una operación encubierta de la DEA.
"Es necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas", indica el memorando de 15 páginas de 2018 acerca de la ‘Operación Tejón del Dinero’.
Esta operación ilegal de la DEA en Venezuela, según Estados Unidos (EEUU), tenía como objetivo a docenas de personas, incluyendo al presidente del país, Nicolás Maduro.
Unos días más tarde, a pesar de las objeciones de AP, el juez federal que presidía el juicio por soborno tomó la medida muy inusual de sellar la sala mientras se discutía el documento. Aseguró que hacerlo en audiencia pública tendría "serias repercusiones diplomáticas". Ni él ni los fiscales explicaron cuáles podrían ser.
Violación al derecho internacional
Evan Criddle, profesor de derecho en William & Mary en Virginia, dijo que el derecho internacional prohíbe operaciones encubiertas como las descritas en el memorando que tengan lugar en el territorio de otro país sin consentimiento. Según AP, espera que la publicación del memorando "cause cierta vergüenza a Estados Unidos, impulse a los diplomáticos venezolanos a registrar sus objeciones y potencialmente inhiba".
Venezuela había denunciado
Días atrás, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, cuestionó a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, si sabía que mientras negociaban el Acuerdo de Barbados, la oposición radical del país, con apoyo de la CIA y la DEA, orquestaban planes para asesinar a Nicolás Maduro y otras autoridades venezolanas.
El 22 de enero, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reveló pruebas de los cinco planes golpistas y magnicidas desarticulados en 2023. Uno de esos planes estaba organizado para enero de este año. El objetivo era asesinar al gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia, para provocar una conmoción nacional. Hasta el momento 32 personas han sido detenidas.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez, también se pronunció y tildó de "incongruentes" las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, Jean-Pierre. Esta calificó como poco creíbles las denuncias de Venezuela sobre los planes para asesinar a Maduro. Rodríguez preguntó cómo la funcionaria estadounidense podía decir que la acusación era poco creíble si ni siquiera había visto las pruebas.