El presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros de Texas (Alep), Alejandro Terán Martínez, considera que en Venezuela debe realizarse un Acuerdo Energético Nacional así como un Comité de víctimas del embargo a Citgo, para solicitar al presidente de los Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, retrasar el proceso de ejecución de la empresa venezolana filial de Pdvsa.
A su juicio, de ejecutarse el embargo de la empresa por el impago de los bonos petroleros, el propio estado norteamericano "se estaría metiendo un autogol", porque Citgo es una de las principales refinerías que se encuentra en el país con la red de distribución de combustible más grande que le sirve a todo el país.
Citgo corre riesgo de ser embargada debido a los impagos del país, una situación por la que un grupo de acreedores tiene órdenes de embargo que, para ser ejecutadas, necesitan una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Terán insiste en que el principal interesado en emitir estas órdenes de protección para evitar que se ejecute el embargo de Citgo es el propio gobierno de EEUU. "porque de ocurrir, la van a desmantelar y perdería la capacidad de refinación de combustible, que es una crisis terrible que tiene ahorita EEUU, que acaba de importar 4 millones de barriles de combustible en este momento", comentó.
Por otra parte, el también abogado, Terán Martínez explicó a Últimas Noticias que los trabajadores petroleros, como víctimas de la acción en contra de Citgo, pueden solicitar al gobierno norteamericano lo que se denomina "un estado de atraso", contemplado en el Capítulo 11 establecido en las leyes norteamericanas, referido a los tipos de quiebra a los cuales pueden acogerse las organizaciones.
"La quiebra se produce cuando una empresa debe más de lo que vale, pero por supuesto, no es el caso de Citgo, porque esta empresa vale mucho más de lo que debe. La reorganzación financiera corresponde al Capítulo 11, que fue lo que hizo American Airlines, Bank of America, Chase Manhattan Bank, por citar algunos ejemplos de empresas que emplearon este procedimiento para reorganizarse e ir a un proceso de readministración. Esto es lo que le conviene a Citgo", explicó.
No obstante, el abogado refiere que el asunto se centra en quién tiene la atribución de hacer esa solicitud del llamado "estado de atraso" ya que se trata de una empresa venezolana radicada en los EEUU.
Terán explicó que solo los que tienen esa atribución son:
1.- Los acreedores, es decir los tenedores de bonos.
2.- El titular del propietario
3.- Un tercero interesado, como pueden ser los trabajadores de la industria petrolera
El presidente de la Alep asegura que una gran mayoría de los bonos petroleros se encuentran en manos de la banca norteamericana, por cuanto a los acreedores le es conveniente la ejecución del embargo de Citgo y así obtener mayor provecho de la empresa. Por ello insiste en que los trabajadores de la industria petrolera pueden jugar un rol fundamental en la solicitud del estado de atraso al presidente de los Estados Unidos, "que es el único que puede reactivar el decreto ejecutivo de protección de activos, el cual ya fue establecido por el gobierno de Trump.
Por otra parte, dadas las restricciones que implican las sanciones impuestas a Venezuela y porque las instituciones estadounidenses no reconocen la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela, como propietario de Citgo, no puede solicitar jurídicamente el estado de atraso para el reordenamiento administrativo de la empresa.
Este lunes el candidato opositor Antonio Ecarri pidió al presidente Biden posponer cualquier venta de la empresa, filial de la petrolera estatal Pdvsa. "Eso es viable, pero en todo caso, lo que puede hacer Biden es una orden ejecutiva de protección de los activos, dijo Terán. "Mi cuestionamiento es por qué en su momento no lo solicitó el "gobierno" de Guaidó ya que estaba "reconocido" por el gobierno de EEUU. Por qué no demandó la nulidad de este proceso?", se preguntó.
"Lo que plantea Ecarri se puede desarrollar en el marco del Capítulo 11 que solo lo pueden pedir los tenedores de los bonos, a quienes, insisto, no les interesa porque apuntan es a su embargo, pero cuando los tenedores fueron a ejecutar, se dieron cuenta que faltaban U$19.000 millones de dólares de la sentencia de Delaware, y no hay plata soportar eso. Tampoco hay cómo pagar los bonos porque el dinero del país también está congelado por las sanciones. De esta manera, hay un juego trancado que ha sido creado por estos señores de la oposición, un ardid jurídico que solo ellos entienden que va a terminar en el desmontaje de Citgo, pero a pesar de eso, la empresa está generando dividendos", destacó Terán Martínez.
Terán comentó que Guaidó y su procurador, José Ignacio Hernández, echaron mano a la doctrina denominada Alter ego, aún cuando se estaba violando el denominado "velo corporativo", de fuerte arraigo en la jurisprudencia comercial de EEUU, evitando así que la nación pudiera defender los intereses de Citgo.
"No tiene lógica que Citgo no hubiese pedido un estado de atraso, ni los titulares de las acciones, no tiene lógica que no lo hagan, por lo que se concluye que los tenedores están apostando a la ejecución de Citgo", insistió.
Terán recordó que el ex canciller, Jorge Arreaza, en su momento, denunció a Juan Guaidó como el responsable de fraguar la apropiación ilícita de Citgo, la cual fue ejecutada por quien también fuera abogado de Crystallex y posteriormente nombrado Procurador de su írrito gobierno, José Ignacio Hernández, con el objetivo de facilitar la entrega del patrimonio del pueblo venezolano a EEUU, mediante un gigantesco fraude procesal y atentar contra el orden constitucional venezolano.
Terán también destacó que la Asamblea Nacional nombró una comisión especial para investigar el robo de Citgo, cuyo informe se encuentra a cargo del presidente de esta instancia, diputado Pedro Infante, en la cual, la Asociación de Empresarios Petrolero participó para dar sus aportes al respecto.
Bonos a precio de gallina flaca
Terán recordó que los bonos petroleros venezolanos fueron emitidos entre los años 2006 y 2015 con dos objetivos: había un superávit grande porque el precio del barril estaba en 150U$ y el gobierno decidió emitir cerca de U$62.000 millones, así como U$32.000 en una segunda etapa, porque iban a ser utilizados en el crecimiento de la industria petrolera, "empleados efectivamente en una buena parte en ello", acotó.
Pero a su juicio, la emisión de esos bonos al 14% de interés "fue una barbaridad"- y además, fueron emitidos "a tarifa preferencial", es decir a U$2.150, precio del dólar para ese entonces.
"De esta manera, las casas de bolsa pudieron hacerse de una cuantiosa cantidad de bonos y los negociaron en EEUU. Así la gran mayoría de los bonos fueron a parar a manos de la banca norteamericana", comentó.
Explicó que a raíz del problema con Venezuela, el bloqueo y las sanciones, les quitaron el valor presente neto a estos bonos y pasaron a no valer nada.
"A este proceso yo le llamo el Cadivi petrolero, porque se compraba un bono a precio preferencial y lo negociaban a valor internacional. Posteriormente, Trump expropia Citgo y empieza la discusión si se paga o no la deuda de los bonos petroleros. Es allí cuando el gobierno norteamericano emite la primera orden de protección a Citgo para evitar su ejecución, que aunque el juez le ha dado larga para que se ejecute, el gobierno de Biden ahora lo sigue evitando y debe seguir haciéndolo, porque ellos son los más perjudicados, por lo que se está enfrentando a la banca y a las propias petroleras", advirtió Terán
Citgo tiene en EEUU las refinerías de Lake Charles en Louisiana, CorpusChristi en Texas y Lemont en Illinois; complejo de poliductos y estaciones de servicios, entre otros activos que entre todas tienen una capacidad de para refinar 750 mil barriles de crudo a diario.
Se estima que el valor de Citgo se encuentre cercano a los U$40.000 millones de dólares y la deuda de los tenedores de los bonos ronda por los U$32.000 millones para ejecutar, a lo que se le suma Cristalex y todos los arbitrajes que están pendientes, así como lo sU$ 19.000 millones reclamados por la corte de Delaware, los cuales fueron administrados por Juan Guaidó.