"Nos asisten la moral y la verdad, y contra eso nadie puede".
Hugo Rafael Chávez Frías
(Memoria y Cuenta a la Nación, 19 de enero de 2006)
Luego de haber transcurrido más de 6 años desde que Rafael Ramírez Carreño, expresidente de Pdvsa, cambiará los estatutos del Fondo de Pensiones de los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional, la situación ha ido de mal en peor y las autoridades de turno - en la hasta ahora primera industria del país - le han dado la espalda al colectivo de jubilados.
Muchas han sido las luchas y las propuestas elevadas a las más altas autoridades del país, entre ellas el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, el Fiscal General de la República Tarek William Saab y todos los demás representantes del Poder Moral.
Los planteamientos - ya conocidos por la opinión pública nacional - se han elevado en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a todos los presidentes y a las más altas autoridades que han desfilado por Pdvsa, sin que estos hasta ahora se hayan dignado dar una respuesta acorde con la magnitud de los reclamos que se tramitan a nivel de la Junta Administradora del Fondo (APJ-PDV)
Como es por todos conocido, público y comunicacional, la primera industria del país en tiempos de la administración de Rafael Ramírez (prófugo de la justicia), se apropió de manera indebida de fondos privados en divisas de los trabajadores, para financiar proyectos del Estado reflejados en pagarés (1.750 millones de dólares) de los cuales hoy se pagan, a cuenta gotas, los intereses a los legítimos propietarios del Fondo de Pensiones. (Malversación de Fondos)
Para voceros del colectivo de jubilados como los representantes de Ajip , su presidente señor Héctor Villalobos (asociación que agrupa a los jubilados) y representantes de la Hoja de Ruta (HR) como la doctora Irma Sosa, el inmenso capital en dólares fue utilizado por el Estado venezolano "en desmedro de los derechos patrimoniales de sus dueños originales como lo son, los jubilados de Pdvsa".
En este mismo orden de ideas, la ex asesora de Ajip Helena Pino - dijo en nota interna a los jubilados – yo tengo que aplaudir lo que suma y agrega a la causa de rescatar nuestro Fondo de Pensiones, como en el caso de lo dicho en entrevista pública por la doctora Irma Sosa en defensa de los jubilados.
"En este sentido – reiteró Helena Pino - es bueno lo que circula por internet y le da la vuelta al mundo, para que el mundo entero conozca sobre el aberrante ultraje, el uso arbitrario que hizo Pdvsa del dinero mío, tuyo y de todos nosotros (as) de nuestro Fondo de Pensiones y por eso yo Helena Pino le exijo a Pdvsa y al Gobierno Nacional que nos devuelvan la propiedad de nuestro Fondo de Pensiones y nos paguen los intereses acumulados, que de acuerdo a la auditoría de KPMG a APJ-PDV del año 2015, dan para un reparto mensual de 660 dólares para todos nosotros".
Igualmente la ex asesora de Ajip manifestó "Pdvsa y APJ-PDV violan las leyes venezolanas al no entregar las auditorias del Fondo de Pensiones desde el año 2016 al 2019".
Mientras el tiempo transcurre, el colectivo de jubilados reclama por justicia sus derechos y bajo los preceptos de la Constitución de 1999, en las calles de las principales ciudades del país y en medio de la pandemia y la cuarentena, personas de la tercera edad y resteados por reclamar lo que nos pertenece, nos exponemos para que haya justicia.
En este orden de ideas, el jubilado de Oriente y de la zona del estado Anzoátegui, Miguel Ángel Rodríguez afirma que "estamos en un punto de no retorno" al aclarar que se inicia la semana número 16 de las protestas de calle por parte de los jubilados y sobrevivientes de Pdvsa y Pequiven.
Para Rodríguez – el largo y tortuoso camino por recuperar la propiedad del Fondo de Pensiones es una jornada de larga lucha. En este sentido, la génesis se remonta al 15 de julio de los presentes, en la sede de un Supermercado muy popular en Puerto La Cruz y que se ha esparcido por toda la geografía nacional, con un pico de 21 localidades de manera simultánea.
Mientras todo este esfuerzo por parte de sobrevivientes y jubilados mayores de la tercera edad han exigido a las autoridades que den respuesta a los petitorios del colectivo de jubilados. El pasado 3 de septiembre del año en curso, el presidente de Pdvsa Asdrúbal Chávez se reunió con algunos directivos, pero desde entonces una respuesta o un acuerdo está "estacionario" y a la espera de alguna novedad, ya que las autoridades y los directivos de APJ-PDV como Iris Medina, se han manifestado "sordos, ciegos y mudos".
Las acciones hasta la fecha han sido pacíficas y el conocimiento del fraude cometido contra el colectivo de jubilados es del conocimiento de instancias del Poder Moral como la defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la propia Fiscalía General.
En torno a los planteamientos, los cuales hemos citado en anteriores oportunidades para el conocimiento de la opinión pública venezolana, fueron expuestos por la doctora Irma Sosa a los medios de comunicación y las redes sociales, como representante de un numeroso grupo de jubilados de la Hoja de Ruta (HR) que junto con Ajip, reclaman nuestros derechos.
Los pagos de intereses de pagarés y de los haberes y divisas del Fondo de Pensiones es una cifra aproximada que sumaría casi los 20 millones de dólares, lo que representaría un pago mensual en intereses al 9,5% de 660 dólares por jubilado.
En cuanto a los reclamos del colectivo de jubilados es bueno recordarlos. Nos referimos a la doctora Irma Sosa quien sostiene en 10 indicadores financieros y jurídicos lo siguiente:
1.- Modificación de los Estatutos de la APJ-PDV (Junta Administradora del Fondo de Pensiones), quien se atribuyó mediante adefesio jurídico, los haberes y gananciales del colectivo de jubilados de Pdvsa.
2.- Ejecución de los pagos de intereses por parte de Pdvsa-APJ-PDV de 660 dólares por cada jubilado, mensuales, generados por pagarés del Fondo de Pensiones, siendo los jubilados los propietarios legales y únicos.
3.- Establecer las reservas actuariales en relación a la recepción de los estados financieros de la ejecución de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
4.- Cancelación de 140 dólares del recuento de pago acordado con Pdvsa (soportado con recaudos) en mayo de 2019.
5.- Según los jubilados - desde el punto de vista legal - se ha violado la progresividad, la intangibilidad e viabilidad de los derechos laborales del colectivo de jubilados.
6.- Se violaron principios de Constitucionalidad al modificar los estatutos del Fondo de Pensiones de los jubilados de Pdvsa (administración de Rafael Ramírez Carreño).
7.- Igualmente a los jubilados se nos debe reconocer la homologación (LOT) porque según la Constitución de 1999, al jubilarse la pensión debe ser igual al salario que se devengaba al momento de cambiar los estatus de la relación laboral y es igual a la de los trabajadores activos.
8.- Desde hace más de tres décadas – precedente jurídico – Pdvsa ha reconocido el pago a través de la Contratación Colectiva, al igual que la asistencia médica a través de un propio seguro de la empresa, SICOPROSA (desconocido actualmente por la Junta Directiva de la industria y la Junta Interventora Alí Rodríguez Araque).
9.- Existen precedentes jurídicos del TSJ que reconocen caso de los jubilados de Pdvsa desde 1993 en documento constitutivo de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones (APJ-PDV).
10.- En el caso de los jubilados de Pdvsa – que una vez más se hace público – existe una situación jurídica que debe ser solventada al cambiar la Junta directiva de la industria (Administración de Rafael Ramírez y estaba en conocimiento Asdrúbal Chávez) quien cambió con componendas jurídicas (Art. 33 y otros) de los Estatutos del Fondo de Pensiones (APJ-PDV), privando a los jubilados de lo que legalmente les pertenece, al igual que de un servicio vital y vinculado a los Derechos Humanos, como es el Seguro de Hospitalización y Cirugía y pago de medicinas, SICOPROSA.
Los jubilados seguimos a la espera de una respuesta por parte de Pdvsa que hasta la fecha ha sido sorda, ciega y muda.
¡Amanecerá y veremos!