Recientemente las autoridades venezolanas aumentaron los sueldos a los trabajadores de la administración pública, quedando el mínimo en 2.400.000 bolívares, incluyendo el bono de alimentación, mejor conocido como cesta ticket. Aumentos ridículos, considerando que ¡ni 5 dólares mensuales ganará un trabajador promedio venezolano¡, en una nación que posiblemente tiene las mayores riquezas naturales del planeta, y es liderada por un personaje que se jacta de ser obrerista-socialista. De manera que en Venezuela, un pobre país rico más que nunca, el asalariado común no percibirá ni 20 centavos de dólar al día; con el agravante del altísimo costo de la vida; este sentido predominará una especie de indigencia laboral-social, gracias a la que un empleado público, por ejemplo, será incapaz de satisfacer sus propias necesidades básicas, mucho menos las de su familia a cargo (como sus hijos). Pobreza y miseria presentes en la cotidianidad de millones.
Tristemente dichos aumentos han sido considerados por algunos altos funcionarios públicos, como parte de la recuperación progresiva de los salarios en Venezuela. Sin duda alguna una burla al ciudadano común por parte de tales funcionarios y de la élite político-administrativa en general, que en realidad no tiene el menor interés de dignificar más o menos las condiciones salariales-laborales en la nación caribeña; mucho menos en el contexto de la actual pandemia por COVID-19, de las sanciones y bloqueos internacionales y de la presencia de otros factores negativos, cuyas graves consecuencias socioeconómicas de ninguna forma iban a ser asumidas por los poderosos. Al Gobierno "revolucionario", a sus aliados políticos dizque opositores y a las élites económica y militar, lo que importa es la recuperación relativa pero de la macroeconomía venezolana, otorgando importantes ventajas (entreguismo) para el gran capital (local y foráneo), enemigo por naturaleza de los trabajadores y del pueblo común.
En un Estado burgués como el que prevalece en Venezuela, no es prioridad ni la inversión social ni el bienestar común, aunque las autoridades, muchas con discurso de "izquierda", se esfuercen en hacer creer lo contrario. De hecho para el capitalismo no existe inversión sino gasto social, y a menor gasto, incluidos los bajos salarios, mayor la ganancia del empresariado y mayor la apropiación de fondos públicos por parte de los sectores poderosos. Y si bien en el caso de los salarios, la mismísima constitución en su artículo 91 ordena que los trabajadores, incluidos los del sector público, perciban sueldos dignos, también es cierto que han sido constantes el incumplimiento y la violación de la Carta Magna en Venezuela, en especial por el Gobierno "socialista" de Maduro, con particular énfasis a partir del empeoramiento del panorama socioeconómico venezolano.