Del análisis del informe Derechos Humanos y Medidas Coercitivas Unilaterales presentado por la relatora de la ONU, Alena Douhan, se destacan aspectos bien importantes de la historia reciente de nuestro país, principalmente las catastróficas consecuencias de las sanciones impuestas a solicitud de nefastos personajes de la extrema derecha criolla y ejecutadas certeramente por los halcones del imperio norteamericano y sus aliados de varios países europeos, encabezados por Inglaterra.
Sólo en la mente retorcida de estos miserables personajes puede Venezuela, un país probadamente defensor de la paz, ser considerada falazmente desde el año 2015 "como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos". Un sinsentido que justificó la imposición de medidas extraterritoriales que atentan de plano contra el derecho internacional y la soberanía nacional.
Arranca el informe mencionando que tiene el "Objetivo de evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada". Para ello, el trabajo de campo recopiló testimonios de múltiples fuentes, públicas y privadas, datos esenciales para el establecimiento de los hechos y su impacto en el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos.
De manera esencial señala que Estados Unidos enfiló sus baterías en contra de PDVSA (principal fuente de divisas del país) y el BCV, "bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses", para posteriormente llegar al "embargo económico total en agosto de 2019", mediante la amenaza y coacción indiscriminada a empresas financieras (especialmente los bancos corresponsales), petroleras, navieras y de cualquier sector productivo que se atreviese a comercializar petróleo, oro o cualquier otro producto de origen venezolano. Esta situación de merma en la capacidad de exportar nuestros productos, produjo la drástica caída del ingreso nacional, pasando de 56.000 millones de dólares en el año 2013 a menos de 500 millones de dólares a finales del 2020. Para hacer más dramática la situación, Estados Unidos y sus aliados europeos ordenaron la "congelación" de docenas de activos y cuentas bancarias pertenecientes a la República, imposibilitando la realización de operaciones esenciales básicas como la compra de alimentos, medicamentos, materias primas y otros bienes de capital.
Resalta el informe de la relatora que "Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados", por cuanto los "ingresos del Gobierno se han reducido en un 99%", impactando directamente en la capacidad del ejecutivo de proteger al pueblo a través de los distintos programas sociales que históricamente han sido bandera de la Revolución Bolivariana.
Específicamente en el área de salud, el informe señala que motivado a las sanciones coercitivas unilaterales a Venezuela se le cercenó su capacidad de adquirir libremente medicamentos enfrentando, por ejemplo, "una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018"; además señala que la apropiación indebida realizada por agentes de la extrema derecha sobre nuestra empresa petrolera CITGO, ha impedido "que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado". Tamaña barbaridad ejecutada por rastreros actores políticos que han desviado millones de dólares para su uso personal, el financiamiento de sus agrupaciones políticas y el pago de mercenarios para realizar operaciones terroristas.
Destaca la relatora que de manera responsable y proactiva el Gobierno Bolivariano "activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria". Esto ha permitido el ingreso permanente de medicamentos, insumos y equipos médicos, alimentos, y otros artículos esenciales que han facilitado, entre otras cosas, enfrentar de manera más eficiente la pandemia del COVID-19.
La relatora señala claramente que las sanciones unilaterales "constituyen una violación del derecho internacional" y menciona que la campaña de hostigamiento implementada durante la administración Trump, denominada "máxima presión", "viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela". A estas alturas los fracasados apátridas, los agentes extranjeros que impulsaron las sanciones (Julio Borges, Leopoldo López y compañía), jamás reconocerán el atroz crimen cometido en contra del pueblo venezolano. Sólo se han guiado por la mezquindad y la miseria humana. Su único propósito ha sido asaltar el poder político por la fuerza, intentando para ello lograr el aislamiento, la inanición y el estrangulamiento del gobierno venezolano. Como todos los bloqueos ejecutados soezmente por Estados Unidos en el planeta, este ha sido un fracaso garrafal. No lograron el derrocamiento del gobierno, el cual fue legítimamente electo por los venezolanos. La frase "las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas" no tiene ningún impacto en la decadencia moral que representa gente como López y Borges.
Finalmente, la relatora recuerda "a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes". Esto es mucho pedir para los actores de la extrema derecha cuyo metabolismo ha perdido fatídicamente las nociones más elementales de respeto a la democracia, a la Constitución y el amor a la patria.