El salario mínimo legal es hoy un tema álgido en Venezuela, porque además de ser el más bajo del mundo, coloca al descubierto un enjambre de contradicciones; el mismo pasó de 476 dólares en 2012 a 30$ en agosto del 2018 y para la actualidad se sitúa en 0.68$ , lo que contrasta con el costo de la canasta básica estimada en 254 dólares , conllevando esta situación a un período de *agudas penalidades para el pueblo trabajador que entre caminar y trabajar gasta más calorías de las que consume, comprometiendo así la salud y la vida.*
Presionados por la calamidad, *más de 4 millones de trabajadores jóvenes y calificados* han optado por *migrar a mercados laborales en otras naciones* con precarios derechos y en muchos casos sometidos a discriminaciones de todo tipo; quienes se quedan en el país, son forzados a *un nuevo régimen laboral* ilegal que fue impuesto por el estado en plena crisis y a espaldas de las mayorías= flexibilización laboral y bajísimos salarios, que obliga a la par a la mayoría de los trabajadores a tener que integrarse a la economía informal, al rebusque en las sobras del mercado interno u otras formas de explotación como el teletrabajo, jornadas laborales ilegales de más de 10 horas para mínimamente sobrevivir.
De esta forma crece el malestar, en la calle se exacerban los ánimos, crecen las protestas obreras en Guayana, en Carabobo, en Lara y en casi todo el país, pero aun así, es el debate político derivado de la posición crítica suscitada por la APR (Alternativa Popular Revolucionaria) la que denunciando el desvío programático del gobierno nacional trae el tema de los salarios y la situación de los asalariados al primer orden. Como respuesta, *salen los encubridores del régimen burgués* , brotan los Jesús Farías y los monetaristas neoclásicos del banco central a coincidir con José Guerra y Haussman, con Francisco y Miguel Rodríguez a presentar como novedosas las viejas recetas de los liberales como las únicas soluciones a equivocadas premisas sobre la grave crisis social y económica.
Se les escucha decir en contra del incremento del salario nominal "que todo incremento de salarios genera automáticamente incremento de precios y no de producción", aclaran, ya que la producción interna en manos de los privados se encuentra condicionada por variables externas como pueden ser las nuevas dificultades por las sanciones para el acceso, disposición y movimiento de divisas, de sus capitales y por ende del comercio de importación para traer desde materias primas, piezas, partes y repuestos, en consecuencia explican estos "nuevos" liberales que una presión de incremento de salarios/demanda al no poder presionar un alza de la producción degeneraría en incremento de precios.
Por tanto, dirigidos por esta lógica, el gobierno lejos de guiar a través de controles la elevación de la producción opta por el contrario por ceder los controles (de precios, de cambio y hasta el cobro de aranceles por importaciones) y toda presión sobre la producción (incrementos salariales y controles a la producción) y se decide a partir de 2018 en promover estímulos a los capitalistas para que estos consigan condiciones para solucionar en su beneficio las variables externas y se vean entonces motivados a elevar la producción; es sobre la base de esta nueva productividad que concluyen estos economistas liberales que se darán las mejores condiciones para incrementar progresivamente los salarios.
Otro argumento que desde el gobierno se esgrime en contra del incremento salarial es: "no se puede incrementar el Salario Mínimo Legal (SML) ya que el gobierno es el principal empleador y debido al "bloqueo" no cuenta con recursos orgánicos suficientes para incrementar los salarios y las pensiones" para ello debe acudir a programas de incentivos, a la inversión extranjera para la recuperación de la producción petrolera y otros ramos claves de la economía y captar así sus divisas.
Como vemos en esta lectura impuesta como política económica por el gobierno desde Agosto de 2018, que concibe y dota a la burguesía de un papel revolucionario y transformador en la economía, constituye un cambio de concepción económica- estratégica del chavismo en el gobierno, ya que sustituye el rol del estado en los controles a la economía y le cede este control a la burguesía esperando que las propias dinámicas de mercado generasen automáticamente las condiciones de recuperación económica. Por tanto, esta lectura presenta "el bloqueo" o las sanciones como causa central que ocasiona directamente la caída de los salarios, los incentivos a la productividad (privada y extranjera) como el único pilar de las soluciones, y por tanto la negativa a cualquier incremento nominal de salarios considerados a priori como "demagogia" e inconvenientes.
Nos interesa destacar la diferencia entre sanciones y medidas de gobierno, entre la adversidad externa= la caída de los precios/producción de petróleo, las sanciones que recaen sobre los ingresos nacionales y sobre la producción interna bruta y luego el papel de las medidas económicas implementadas por el gobierno y del capital privado para en esta recesión sostener la tasa de ganancias de la burguesía haciendo recaer los salarios.
Una lectura rápida a los resultados de esta política nos proporcionará los elementos principales para juzgar su pertinencia y validez.