Diversos factores externos e internos han tenido como una importante consecuencia en la Venezuela de hoy, que los asalariados tengan los peores sueldos del planeta (al menos la gran mayoría de ellos) y se ubiquen entre la pobreza y la miseria, en condiciones de vida tan deprimentes que ya ni pueden medio alimentarse adecuadamente, mucho menos satisfacer necesidades básicas de familiares a su cargo. Triste es, por ejemplo, que un padre no pueda atender materialmente como debe ser a su hijo o hijos, gracias a esa mísera colaboración mal llamada salario en Venezuela. Más aún, ni laborando en varios sitios de trabajo a la vez, se perciben ingresos ni remotamente suficientes para vivir con dignidad.
Lo irónico del caso es que Venezuela es gobernada por un presidente que se autocalifica como obrerista y humanista, y no obstante la notable crisis socioeconómica, que empeorada por la pandemia de COVID-19 y los criminales bloqueos internacionales han llevado al sector obrero a la ruina total, se ha hecho absolutamente nada por ayudar a los asalariados, sobre quienes recae en buena medida, el mayor peso negativo de las consecuencias adversas de la grave problemática que afecta a la nación caribeña desde hace varios años. La administración dizque obrerista de Venezuela ha hecho todo lo contrario en cuanto al bienestar salarial-laboral de millones de empleados, influyendo directamente en la progresiva disminución de su calidad de vida. Así, mientras se ha estimulado y protegido al gran capital local y foráneo para intentar evitar que la crisis sanitaria y económica perjudique al alto sector empresarial, se han hecho recortes de todo tipo, se ha reducido drásticamente la inversión social y se ha permitido de forma cómplice que el dólar impulse la inflación a más no poder, perjudicando mucho a los pequeños comerciantes, a los trabajadores dependientes y en general a los pobres.
Por cierto que uno de los artículos de la constitución de Venezuela, específicamente el 91, establece el pago de salarios dignos para los trabajadores dependientes, si bien en la realidad solo ha sido letra muerta. A pesar de la crisis socioeconómica que afecta al país suramericano, agravada por la pandemia, debería haber al menos cierta protección salarial-laboral por parte de un Gobierno que se jacta de ser defensor del bienestar de los obreros, y cuyos integrantes, en su mayoría, viven en la opulencia (de forma inmoral e ilegal). Además, ¿si no se eleva el consumo aumentando el poder adquisitivo como se pretende combatir la recesión con cierto éxito en Venezuela?, ¿por qué no aprovechar la subida del precio del petróleo, que parece ir al alza luego de su drástica caída el año pasado luego de ser declarada la pandemia (2020)? Ciertamente hay aumentos salariales ocasionales, pero son ínfimos en comparación con el auge inflacionario. Hoy, el sueldo mínimo no llega a 3 dólares mensuales, muy por debajo del costo de la canasta básica integral.
Y mientras la situación socioeconómica empeora cada vez más en Venezuela, ¿no habrá la reacción popular masiva necesaria para tratar de que la dirigencia política y la élite económica tengan como mínimo cierta consideración para con los trabajadores, ya en condiciones deplorables? La comunidad laboral no tiene por qué seguir pagando un elevado precio en el contexto de la terrible crisis que azota a la nación suramericana. La pandemia y las sanciones y bloqueos internacionales deben dejar de ser las excusas de turno para que la administración "socialista", su "contraparte opositora" y la élite económica traten a los trabajadores prácticamente como unos ceros a la izquierda y unos entes desechables.