La indigencia que hoy agobia al trabajador universitario, se inscribe en la crisis sistémica del capital que en Venezuela se expresa en la confrontación de dos bloques políticos de derecha y cuyos liderazgos encabezan, de una parte, el opositor Juan Guiadó, sostenido y financiado por el imperialismo de los EEUU y sus aliados, mientras que en el otro extremo se encuentra el progresismo neoliberal del PSUV y del presidente Nicolás Maduro Moro, su principal operador y figura pública, quien se encuentra apoyado y sostenido por la entente China, Rusia e Irán. Ambos bloques se disputan el control de la riqueza territorial del Estado venezolano, pero con un programa común: la apropiación sin obstáculos de la renta generada por nuestros recursos naturales, la precarización absoluta del salario de la clase trabajadora y la eliminación del Estado de Derecho, este último derivado de la Constitución de 1999. Es una quimera, un sueño de virgen loca, que los trabajadores esperen de ambos bloques de poder mundial soluciones a la situación de depauperación de sus condiciones de vida que ellos mismos, como dupla del capital, han provocado y mantenido. Por consiguiente, las respuestas remediales a tan dantesca realidad laboral, tienen que surgir de la lucha clasista de los propios trabajadores. En ella se inscribe la exigencia de restitución inmediata del Estado de Derecho, entendido éste, según criterio de los estudiosos constitucionalistas, como "...aquél cuyo poder y actividad están regulados y controlados por la ley. Su autoridad deriva de la voluntad general del pueblo. Se caracteriza por su sujeción al imperio de la Ley. Respeta la separación de poderes, ninguno pesa más ni influye sobre los otros. La administración está obligada a actuar con total apego a lo que establece la Constitución y leyes de la República y está sujeta al control judicial. Todos los funcionarios, desde el presidente hacia abajo, respetan el ejercicio de las garantías constitucionales y ponen la maquinaria estatal al servicio de quienes se sientan lesionados en sus derechos..." Contrariamente, la actual administración nacional de Nicolás Maduro, ha hecho de todos estos elementos teóricos y conceptuales letra muerta y los derechos laborales que los venezolanos en luchas de años habían alcanzado, desaparecieron como por arte de magia. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refrenda, en su artículo 91: "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de las empresas. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento".
Sin embargo, ese mandamiento contenido en la ley madre ni siquiera se acerca a la realidad que vivimos. Decir lo contrario o maquillar la tragedia que flagela los derechos de millones, es una descarada y vergonzosa ratificación del impune atropello que se comete contra la clase trabajadora de nuestro país y una abierta violación del Estado de Derecho laboral eliminado de la noche a la mañana de un plumazo por el presidente venezolano, llevándose por delante todas las conquistas que los trabajadores habían alcanzado en sus luchas históricas contra sus tradicionales enemigos de la burguesía y de los gobiernos cipayos al servicio de las poderosas fuerzas del capital mundial. El actual gobierno borró de plano el artículo 89 constitucional que claramente define al trabajo como un hecho social y que por consiguiente debe "...gozar de la protección del Estado" y que por tanto la ley debe disponer de lo necesario "... para mejorar las condiciones materiales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras." Sin dudas, las políticas oficiales implementadas en materia laboral, nada tienen que ver con las normas transcritas, están diametralmente opuestas a ellas y siguen distanciándose aceleradamente. Pero no conforme con este comportamiento gubernamental totalmente contrario al derecho y a los fundamentos que rigen un Estado democrático popular, el poder ejecutivo borró los principios constitucionales que consagran: " 1.- Ninguna Ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales...2.-Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establece la Ley. 3.-Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. 4.-Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta constitución es nulo y no genera efecto alguno." Finalmente, recordamos que el artículo 96 de la misma carta magna refiere: "Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la Ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad". Asimismo, produjo la desaparición de los derechos de sindicalización consagrados en el artículo 95 y el de huelga en el 97. De manera que estamos en medio de un sistema de gobierno neoliberal, autocrático, con un comportamiento de nuevo tipo, históricamente inédito, cuya publicidad y manejo conductual inhumano de las necesidades de las personas hace que en apariencia, derivada de su discurso, sea percibido como un proceso político de transformaciones socioeconómicas profundas en favor de los trabajadores, pero en realidad y de acuerdo a los resultados de su práctica político-social, es todo lo contrario.
La recuperación urgente del Estado de Derecho, como piedra angular de la redención salarial del trabajador universitario, debe ir acompañada de un paquete de medidas económicas necesarias para lograr superar esa terrible pobreza que vive, por lo que proponemos para la discusión, las siguientes ideas:
1.-LA RECUPERACIÓN DEL VALOR DE NUESTRO SIGNO MONETARIO, a fin de quietarle a la burguesía el manejo del diferencial cambiario como expediente que ha utilizado para apropiarse de la renta petrolera.
2.-LA INDEXACIÓN SALARIAL AL PETRO como medida perentoria para frenar la hiperinflación que acogota al trabajador venezolano.
3.-INTERPELACION A PDVSA para arrancarla de las garras neoliberales y ponerla a defender la valorización de nuestro principal recurso natural.
4.-RACIONALIZAR EL CONSUMO INTERNO DE HIDROCARBUROS, estableciendo un precio para los mismos que permita no solamente cubrir sus costos de producción, sino también obtener un excedente que alimente el salario del trabajador público.
5.- REFUNDAR LA PETROQUÍMICA con la finalidad de no seguir exportando materia prima sino productos derivados del petróleo, lo que potenciará la obtención de la renta internacional hidrocarburera.
6.- PAGAR PARTE DEL SALARIO EN ESPECIE, lo que unido a la indexación salarial permitiría darle un corte violente a la precarización del ingreso de los trabajadores.
7.-PAGO DE PRESTACIONES CON BIENES INMUEBLES, lo que redundaría no sólo en una reactivación del sector de la construcción, sino que permitiría también la revalorización de las prestaciones sociales.
8.- FRENAR LA VENTA DE DÓLARES BARATOS A LA BURGUESÍA y en su lugar, instaurar un sistema de préstamos en divisas al capital, a través de un fondo integrado por funcionarios gubernamentales y de la clase obrera organizada-
9.-IMPULSAR UNA REFORMA FISCAL PROGRESIVA. Ante los obscenos márgenes de ganancia del capital, se impone una reforma fiscal que se encarrile hacia una justa distribución del ingreso en el país, facilitando excedentes financieros para cubrir los salarios del trabajador.
10.-DEFENDER UNA POLITICA PETROLERA POPULAR Y NACIONALISTA que garantice la plena soberanía nacional sobre nuestra riqueza hidrocarburera y el incremento de la renta del suelo internacional, tal como fue expuesta en el Plan Patria 2013-2019, entregado por el presidente Chávez en su última campaña electoral presidencial.
11.-Aplicar medidas severas e inflexibles para el comercio especulativo, que, ante la indiferencia complaciente de las autoridades locales y regionales, hace con los precios de los bienes lo que considera más conveniente a su interés por obtener tasas de ganancias exageradas y vuelven polvo cualquier ingreso salarial de los venezolanos.
Ante el pírrico y burlón incremento salarial decretado por el presidente Maduro el 01-05-2021, quedando el sueldo mínimo en 3,44 dólares, muy por debajo del de Haití (US$ 83), país más pobre de América, y el de Cuba(US$ 87), con sesenta años de bloqueo económico yanqui, los trabajadores universitarios venezolanos deben ir a la calle a reclamar pacíficamente lo que dispone nuestra Constitución en el art. 91.