La primera parte de este trabajo, ya publicada, se puede leer siguiendo este enlace:
https://www.aporrea.org/educacion/a308588.html.
En el Estado y la nación venezolana, en materia de "gasto", dicho así al referirnos a lo atinente a las áreas educativa y de salud, en concordancia como lo hace el neoliberalismo, por muchos años, privó cierto interés. Es decir, lo hubo por la educación pública, con una abundante matrícula y hasta hace poco un servicio de salud con una capacidad para atender, particularmente a los trabajadores, de modo satisfactorio; pues aparte del servicio público, como el relativo al IVSS, casi todos los trabajadores gozaban de los beneficios de contratos privados de salud. Los que el gobierno actual ha venido descuidando paulatinamente, hasta llegar a la totalidad, con la oferta de fortalecer, ampliar y mejorar, el servicio público, lo que no ha podido, al margen de las razones que hayan privado para eso, como lo innegable del bloqueo y sus innegables desaciertos y desviaciones. Y no se trata que no haya podifdo cumplir con la oferta de mejorar, sino que ha sucedido lo contrario; los trabajadores no gozan del beneficio de salud por el desmesurado deterioro del servicio y ni siquiera de los pertinentes a entierro o cremación. Circunstancias que hacen prever, en lo inmediato, a corto o mediano plazo, tales deficiencias no serán superadas. Un motivo más para crear desazón, descontento, favorecer la escuela privada y la diáspora.
No está demás, para evitar malos entendidos, interpretaciones y tergiversaciones interesadas, adelantar que no nos anima la idea de favorecer a los prestadores privados de servicio de salud, que se beneficiaron en exceso y hasta con alevosía, pero sí la de demandar por derecho y humanismo que, el venezolano, en ese sentido, sea atendido con merecimiento.
Asunto que pudiera agravarse, si los ingresos del Estado, en gran medida, como ha venido sucediendo, quedan sujetos a pagos de impuestos de la economía privada y habiendo una población tan en la ruina y por tanto exenta de esa obligación; circunstancia en la cual, el poder de las clases dominantes aumentaría, dado que serían entonces quienes más aportarían, directa e indirectamente, pese lo sigan haciendo muy por debajo de lo que deberían, por el nivel de sus ganancias, acumulación y la aún oferta de trabajo que generarían. Dicho de otra manera, ahora si, por razones estructurales, determinantemente, el Estado sería con mayor diligencia un agente del capital
En Venezuela, el Estado, desde la explotación del ingreso petrolero y para mejor decirlo, por aquella misma, la clase política socialdemócrata que en buena medida había gobernado, gozó de un cierto margen de "autonomía", frente a la "parasitaria" clase empresarial y propietaria, pese aquella no estar muy alejada de la cultura que esta ha logrado expandir en la sociedad toda desde los comienzos y su notable y pesada influencia propagandística. El peso del ingreso petrolero daba a la clase política cierta independencia y poder. El escaso aporte de la clase burguesa parasitaria, como los mismos gobernantes le llamaban, que además de aportar poco al fisco se beneficiaban en exceso del crédito público abundante y barato, la limitaba a excederse en sus exigencias, como lo relativo a regatear por demás, más allá de lo prudente, la inversión en salud y educación.
Hay quienes dicen, con mucho fundamento que, de hecho, el Estado Docente, en buena medida, ya se ha perdido, tanto que el que el sistema escolar privado no está sujeto a una verdadera y eficaz supervisión que garantice que allí se opere de conformidad a los intereses de la sociedad que somos y debemos ser. En el curso de estos años, hasta en el espacio de gobierno del presidente Chávez, cuando las clases dominantes confundieron la capacidad y fortaleza de su liderazgo, la escuela privada, a través de sus distintos organismos, bien sea los integrados por los propietarios de dichas escuelas u organizaciones de representantes, han venido retando al Estado en distintos asuntos. Sobre esto, de importancia sustancial, volveremos al final de este trabajo. Sin dejar de hacer el señalamiento relativo a la resolución mediante la cual se intentó crear el supervisor itinerario, una muy vieja figura del sistema educativo, que de hecho existía, más no funcionaba, la cual fue satanizada por las asociaciones de colegios privados, con el respaldo de las comunidades educativas de esas escuelas y la oposición política, con aquella ridícula consigna de "con mis hijos no te metas".
Quiero empezar recordando lo relativo a la limitación del cupo universitario en los tiempos de la IV República, justamente por las restricciones de la inversión que hizo de víctimas a los de menores recursos, amplió la matrícula privada y en general hizo del derecho al ingreso al nivel universitario un privilegio y una injusticia desde cualquier ángulo que se le aborde. Asunto en el cual, desde mi perspectiva, la de un observador y víctima en mis hijas de aquello, factores supuestamente progresistas, como autoridades, docentes y estudiantes insertos en el sistema, que podían pasar por distintas razones valederas y no por lo que entonces se le llamaba "cuello de botella", se volvieron cómplices de los gobernantes. Y digo esto, porque nunca la lucha por lograr mayor inversión en el sistema y la eliminación de las limitaciones del cupo tuvo el apoyo necesario, sobre todo de los privilegiados y mayormente de los docentes universitarios quienes, en buena medida, se mostraron indiferentes frente aquello excluyente. Digo esto porque no desataron una lucha con la magnitud que eso demandaba, nunca pasaron de declaraciones y manifestaciones con fines políticos, en las cuales aquello se tremolaba como una simple consigna. Experiencia, por cierto, que pudiera servir de referencia para entender la conducta de ahora de ese mismo universo frente al asunto de la universidad pública venezolana. Como sólo les preocupa "se privatice" la educación en ese nivel y hasta se manifiestan irracionalmente contra al rescate de los espacios de la UCV, sólo por disentir del gobierno.
Esa lucha se mantuvo de parte de pequeñas vanguardias izquierdistas que la asociaban a la inherente a sus proyectos políticos, lo que en gran medida le restaba eficacia y poco sumaba apoyo. Además, los gobiernos de la IV República, habían vivido la experiencia que, en buena medida, los factores de la izquierda venezolana, donde más fácilmente hallaban apoyo y adherentes fue en ese mundo de la educación universitaria pública, dado que, por los tantos errores de los años anteriores, habían perdido toda o casi toda conexión con los trabajadores y las multitudes todas, que no encontraban en aquellas consignas ideológicas y formas de lucha, ajenas a su cotidianidad y deseo, ninguna respuesta ni arista para insertarse.
En Venezuela se declaró la educación pública y gratuita, mediante aquel decreto, Nº 1723, de Antonio Guzmán Blanco del 27 de junio de 1870, el cual establece en sus dos primeros artículos:
"Art. 1º La instrucción pública en Venezuela es de dos especies: obligatoria o necesaria y libre o voluntaria.
Art. 2º La instrucción obligatoria es aquella que la ley exige a todos los venezolanos de ambos sexos y que los poderes públicos están en el deber de dar gratuita y preferentemente. Comprende por ahora los principios generales de moral, la lectura y la escritura del idioma patrio, la aritmética práctica, el sistema métrico y el compendio de la Constitución federal."
Obsérvese que el primero de los artículos del decreto establece la educación, en una de sus "especies" como obligatoria y en el segundo sanciona que "los poderes públicos deben dar "gratuita y preferentemente".
Hay que destacar la anterior insistencia de Simón Rodríguez, quien en Venezuela y, en los espacios de América, donde estuviese, siempre puso énfasis en esto. Posteriormente, el gobierno provincial de Guayana, dentro de la República de Venezuela, bajo la conducción de Juan Bautista Dalla Acosta, estableció la educación pública, gratuita y obligatoria, antes del decreto de Guzmán Blanco.
A partir de aquel decreto presidencial, la matrícula escolar pública comenzó a crecer por encima a la correspondiente a la del sector privado, generalmente compuesto este con escuelas para varones, tanto el nivel primario como secundario, manejado por sacerdotes, usualmente españoles y para hembras, por monjas de la misma nacionalidad. Al mismo tiempo que existían pequeñas escuelas, en casas particulares, donde personas con aptitudes para ello, de manera privada, enseñaban "las primeras letras".
La activación de la explotación petrolera y el aumento considerable del ingreso del Estado, trajo aparejado el aumento de lo que los economistas de derecha suelen llamar "gasto público" o para mejor decirlo, de la inversión en varios sectores, particularmente en la educación.
Es justo poner énfasis en la participación en este proceso de ampliación del servicio gratuito de la educación, en la figura del Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa, tanto como fundador-dirigente de la FVM y hasta ministro del Estado en el área educativa, siempre inspirado en los ideales de Simón Rodríguez.
Durante el primer gobierno del Dr. Caldera, entre 1969 y 1974, hubo lo que solemos llamar una ampliación sustancial, casi explosiva del servicio educativo o para decirlo de otra manera, un aumento trascendente de la matrícula. Es en ese mismo tiempo, cuando los educadores venezolanos, por encima de sus diferencias políticas, hallan puntos de encuentro para luchar por sus reivindicaciones estrictamente laborales. Es esta una etapa, que curiosamente, incluye el llamado proceso de pacificación, desmantelamiento de la casi totalidad de los frentes guerrilleros y la reincorporación de partidos como el MIR y PCV a la lucha legal y hasta nace la Liga Socialista.