La clase obrera ya no va al Paraíso, como se titula la película del director y guionista italiano Elio Pietri, filmada en el año de 1971 y titulada "La Clase Obrera va a Paraíso". La clase obrera se deslizo en caída libre al infierno. Se dejó auto engañar y fue objeto de venta y comercialización por los sindicaleros. La izquierda uopica para embrujar y cautivar a la clase trabajadora siempre le ha vendido la importancia política de la clase que tiene en sus manos la posibilidad de la transformación social y económica. Esta era una parte del cuento, hacer creer que, con revolución, los trabajadores dirigían las empresas. La historia reciente muchos las conocemos, otros las ignoran y otra parte vive en su burbuja onírica. Era lo que tenía que pasar todo estaba planeado y calculado, se sometieron a la mansedumbre, docilidad y sumisión, se puede decir de un pasado glorioso de luchas y conquistas a un presente sin porvenir y un futuro incierto. En la década de los noventa y después del año 2000, la dirigencia de la clase trabajadora se fue entregando y negociando las reivindicaciones económicas y sociales, se hizo cómplices por acción y omisión de los gobiernos de turno. Actualmente son unas caricaturas formadas por titiriteros, fantasmas y esquiroles que se hacen llamar "dirigentes obreros", Los fariseos y Judas están enquistados en la clase trabajadora venezolana. Se dejaron seducir por cantos de sirenas
y por creadores de ilusiones y sueños no concretos, de que la clase obrera asumiría la dirección de las empresas y que serían propietarios de los medios de producción a través del control obrero y los planes socialistas las empresas fueron nacionalizadas, estatizadas y
expropiadas, para los trabajadores fueron días de regocijos, la felicidad duro muy poco porque el gobierno se olvidos de las inversiones, recursos para la adecuación tecnológica, del mantenimiento de los equipos y hasta del pago de la nómina de
trabajadores, las fabricas dejaron de producir y vino la escasez de los productos que se elaboraban anteriormente. La historia de este fracaso es larga son centenares de empresas llevadas al fracaso ante la desidia, la irresponsabilidad, la incapacidad gerencial y la corrupción, porque el cuento termino con las empresas dirigidas por
los militares.
La clase obrera venezolana ya recorrió los nueve círculos del infierno de Dante y se encuentra en el décimo Círculo del régimen llamado Hambre y Miseria. Los trabajadores venezolanos y los pensionados se hayan perdido en el Décimo Circulo del Infierno.
Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza
Hace más de 500 años, en el canto III de la Divina Comedia su autor Dante Alighieri, situaba esta frase lapidaria en la puerta de entrada al Infierno. Si Dante la reescribiese, podría situarla en los portones de las empresas públicas o para los pensionados del IVSS. Porque para la mayoría de los trabajadores y jubilados, se ha convertido en un
infierno sin esperanza del que no saben cómo salir. Para corroborar lo que se dice es importante señalar algunos datos muy importantes para señalar la perdida de la esperanza y la ilusión, al creer en falsa promesas y frases huecas como que La clase obrera debe conquistar el Estado para alcanzar la Nueva Sociedad, creer que con el Socialismo
del siglo XXI los trabajadores tomarían el poder político y establecería la propiedad social de los medios de producción.
La frase "Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza" es una realidad que viven trabajadores y pensionados con el régimen. En el año de 1998, el salario mínimo nacional decretado el 1 de mayo era de 100.000,00 bolívares, equivalente a 181,32 dólares US$, el cambio de bolívar a dólar en el mes de junio estaba 551,5 bolívares por dólar. En el año de 1999 el Salario mínimo nacional estaba en 120.000,00 bolívares decretado el 1 de mayo. Al cambio eran 198,02 dólares, el dólar se cotizaba en el mes de junio en 606,0 bolívares. También hay que recordar que, para esos años, en la llamada IV república, por Ley los pensionados solo recibían el 75% del salario Mínimo Nacional. Pero pensionados y trabajadores perdimos toda esperanza al entrar en el Décimo Circulo, el salario mínimo nacional es de 7,00 bolívares, el equivalente a 1,55 dólar MENSUAL. Los salarios fueron pulverizados y usando términos chavistas lo convirtieron en polvo cósmico.
Los personajes que doblegaron a los trabajadores y pensionados y los condujeron a esto círculos infernales se encuentran viviendo en el cielo y en la gloria. Los trabajadores y la dirigencia sindical se encuentran vigilada por una multitud de diablos rojos, alacranes de 50
aguijones y variopintos y por espíritus malignos ajo las ordenes de los Mefistófeles. Los trabajadores y pensionados son víctimas de la aplicación del control social y de la criminalización de las protestas, son centenares de ciudadanos que han resultado presos, sin
el debido proceso y otros bajo el régimen de presentación en los tribunales. Pero el descenso de la clase obrera continúa ante la constante violencia institucionalizada a la que es sometida con conculcaciones, vejaciones y cárceles. En la entrada del primer círculo se lee un cartel en letras rojas que dice: "Quien entre aquí, abandone toda esperanza", en los xtremos del cartel se puede ver las imágenes de los dos diablos mayores y la leyenda en latín "Hic Reverentur Daemons" es decir "Aquí, los Diablos se Respetan" Los pensionados trabajadores padecen de hambre y miseria en unos de los círculos se decretó las pensiones y salario mínimo vitalicio en 7 bolívares mensual, considerado por los administradores como cantidad suficiente para vivir feliz en los círculos. Es que el Jefe de los Círculos le pide al Tribunal Supremo la derogación del Capítulo V, de la Constitución Nacional, referente a los Derechos Sociales y de las Familias, haciendo mayor empeño en el artículo 91 que establece: Artículo 91 ·"Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales… El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento"
La Constitución señala o indica un salario mínimo vital, pero el salario mínimo vital debe garantizar la alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestido digno, asistencia médica, educación, recreación, seguro y previsión. Aquí con el salario mínimo nacional en 1.5 dólares mensuales se viven bajo pobreza crítica. El Banco Mundial
define que vivir con menos de USD 1,90 al día es la pobreza extrema.
La mitad de la población mundial, es decir, 3600 millones de personas, aún tiene grandes dificultades para satisfacer necesidades básicas. Viven con menos de USD 3,20 al día refleja las líneas de pobreza en los países de ingreso mediano bajo, mientras que
USD 5,50 al día representan el parámetro en los países de ingreso mediano alto, según lo señalado por el Banco Mundial en su informe bienal titulado Poverty and Shared Prosperity 2018.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2021 revela en su estudio que la pobreza en Venezuela se mantiene en "niveles máximos posibles de 94,5%", mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca dos tercios de los hogares del país, con un 76,6%, un alza de 8,9 puntos, desde los 67,7% en que se ubicaba el año 2020.
Entre ese 94.5 de pobreza extrema se incluyen los pensionados y jubilados del país y la mayoría de los trabajadores venezolanos ante la política criminal de eliminación y devastación de los beneficios y reivindicaciones de los trabajadores. Todo este dantesco cuadro hay que agregar la destrucción de las empresas básicas y vendidos sus
equipos como chatarra a los imperios persa, turco otomano, ruso y chino.
El hambre aumenta cada día más. Entre el 2014-2020; 12.8 millones cayeron en pobreza extrema. Al menos el 90% de la población no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una canasta de alimentos y de servicios básicos. Esto quiere decir que 26,1 millones de personas, según estimaciones de HumVenezuela, tienen dificultades
para comer y para atender otras de sus necesidades más elementales. Además, 8 de cada 10 familias vive en inseguridad alimentaria, un indicador que casi triplica la última actualización de la agencia de Naciones Unidas para la alimentación (FAO) según la cual en Venezuela el 31,9 % de sus habitantes está subalimentados.
Los problemas de violación de la autonomía y libertad sindical siempre han existido, desde la época de los gobiernos de AD y COPEI con acciones como intervenciones sindicales de parte de la CTV y Federaciones nacionales y regionales, la más emblemática la intervención del sindicato SUTISS de los trabajadores de SIDOR en 1981 En tiempos del gobierno de Chávez el cual fomentó la injerencia del Estado en las elecciones sindicales al exigir que todas aquellas elecciones sean organizadas y reconocidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), una autoridad pública. Esta supervisión obligatoria de las elecciones sindicales infringe los estándares internacionales que garantizan a
los trabajadores el derecho de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con sus propias condiciones. El gobierno ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones que surgen de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al promover la intromisión estatal en los procesos electorales de los sindicatos, negarse a negociar
colectivamente con los sindicatos existentes y manifestando favoritismo hacia sindicatos cuadrados con el oficialismo. Asimismo, castigaron a los trabajadores que llevaron a cabo huelgas legítimas mediante despidos y la inclusión de sus nombres en listas negras.
Además, ha apoyado la creación de organizaciones sindicales paralelas de trabajadores, lo cual infringe las leyes laborales del país, puede debilitar a los sindicatos existentes y deja a los trabajadores indefensos ante la arremetida patronal. Así se violenta la democracia
y autonomía sindical, irrespetando el Convenio No. 87 de la OIT. Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación y el Convenio 98. Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, convenios reafirmados en reiteradas oportunidades por la Organización
Internacional del Trabajo, lo cual refleja el reconocimiento de que la injerencia estatal en asuntos sindicales permite la manipulación política y el control de los sindicatos y obstaculizan seriamente la libertad de sindicación de los trabajadores.
Violentaron la autonomía y libertad sindical cuando el régimen y sus poderes públicos como el Poder Electoral, El Poder Judicial y la Fiscalía General de la República, suspendían y prohibían elecciones sindicales, uno de los más activos protagonistas fue el Consejo Nacional Electoral (CNE). El FBT se posesiono en el régimen desde los
tiempos de María Cristina Iglesias en el Ministerio del Trabajo.
Ningún vocero del régimen de Maduro ni los sindicaleros afectos al oficialismo han tocado el tema del miserable salario que tienen los trabajadores venezolanos, la mayoría en el umbral de la pobreza extrema cuando tienen un salario diario de 0,050 dólares el día, En
Venezuela el salario mínimo nacional es de 7,00 Bs, es decir 1.55 dólares al mes. El Banco Mundial el índice de pobreza extrema lo define que es vivir con menos de USD 1,90 al día y en Venezuela el salario diario es de 0,050 dólares diarios, es decir, vivimos en la
ultra pobreza extrema más de 4 millones de pensionados y una gran mayoría de empleados públicos. Son tan crueles, perversos y cínicos con un grado de maldad indefinido que para desmejorar y conducirlos al Holomodor crearon el Memorando 2792 dictado por el ministro Eduardo Piñate donde eliminó por orden del presidente obrero Nicolás Maduro
los beneficios de los trabajadores logrados a través de años luchas y convenciones colectivas, las conquistas de estos derechos y reivindicaciones se lograron a través de largas jornadas de reclamos y protestas.
Todo el Memorando 2792 es una violación flagrante de disposiciones legales que contemplan derechos de los trabajadores venezolanos. El oficio autoriza nada más y nada menos que a desconocer derechos contractuales y salariales a criterio del patrono, así como deja en suspenso el ya limitado derecho a huelga. El régimen en su felonía y
crueldad. En mayo 2021 decretaron un salario mínimo a lo que corresponde ahora con la reconversión monetaria a 7,00 Bs mensual. Irrespetan los principios establecidos tanto los artículos 89 y el 91 de la Constitución (CRBV) que establece que los trabajadores tienen
derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y tome como referencia el costo de la canasta básica. Asimismo, en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT). "Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales", dice el 89, "Es nula toda
acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos", rezan tanto el 89 de la CRBV como el 18 de la LOTTT. A partir de agosto del 2019 el patrono
Estado confiscó y comenzó a incumplir con las cláusulas de la contratación colectiva de Bonos, Primas, Tabulador o escalas salariales, no se discute las contrataciones colectivas. Se eliminó el HCM a los trabajadores de las empresas básicas y hasta los servicios
funerarios, Con el Memorándum N° 2792 el régimen elimina todas las
reivindicaciones históricas de la lucha de los trabajadores venezolanos.
La Persecución contra los dirigentes sindicales y trabajadores
En los primeros años comenzaron los rigores y los trabajadores a padecer la represión cuando exigían el cumplimiento de los derechos laborales y comenzaban la preocupación por la caída drástica de la producción ante la falta de mantenimiento y recursos para la inversión para sustituir equipos obsoletos. Se Iniciaron los encarcelamientos de
los trabajadores y dirigentes sindicales, se institucionalizo la criminalización de las protestas, siempre hay fiscales y jueces prestos a meter preso a los trabajadores por el solo hecho de reclamar sus reivindicaciones sociales y económicas. Esta aberración jurídica
es una práctica habitual del régimen. Son decenas de trabajadores detenidos o cumpliendo régimen de presentación en los tribunales
En septiembre de 2006 fueron detenidos Leonel Griset, Juan Valor y Jhoel Hernández, dirigentes sindicales de SUTISS por haber sido acusado de apropiación indebida, luego que tomaran en protesta por las reivindicaciones laborales la sede de la empresa contratista de SIDOR, Transportista Camila.
El caso más emblemático de la criminalización de las protestas laborales es la detención, encarcelamiento y juzgamiento de Rubén González, Secretario general del Sindicato SINTRAFERROMINERA que afilia a los trabajadores de la empresa CVG Ferrominera Orinoco, fue detenido en septiembre de 2009. Después de finalizada la huelga fue
detenido en su residencia, y luego, imputado, investigado por el Ministerio Publico enjuiciado y condenado en el primer juicio por su participación en la huelga, hechos que fueron calificados jurídicamente como delitos de agavillamiento, instigación a delinquir,
restricción a la libertad del trabajo e incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, todo un adefesio jurídico. En ensañamiento, la persecución y el acoso contra Rubén González tiene que ver con sus excompañeros del FBT y PSUV que no les perdonan sus luchas a favor de los trabajadores. Preso dos veces durante el gobierno de Chávez esta última con el gobierno de Maduro. El 29 de noviembre de 2018 regresaba de una marca en Caracas por el respeto a las contrataciones colectivas y cese a las persecuciones a
trabajadores y dirigentes sindicales. Su detención fue en una alcabala en Anaco estado Anzoátegui. Fue condenado a 5 años y nueve meses de prisión, imputado por los delitos de ataque al centinela y a la Fuerzas Armadas. Un civil juzgado por tribunales militares. Fue un nuevo montaje de los fiscales del ministerio Publico y Tribunales que usa el régimen para acosar y perseguir trabajadores. Fue liberado el 1 de septiembre del 2020.
En 2014 ocho trabajadores de la Federación de Trabajadores de la empresa estatal petrolera PDVSA, incluyendo a su Secretario general José Bodas fueron imputados por violación de la zona de seguridad por repartir volantes convocando a una asamblea. Para mediados de 2015 cerca de 130 sindicalistas se encontraban procesados penalmente por participar en concentraciones, movilizaciones y huelgas. El 3 de noviembre de 2021 varios sindicatos reclamaron una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que se encuentra en su tercer y último día de una visita oficial en Venezuela
en la que se ha reunido con diversas autoridades. El presidente de la Federación de trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, explicó a Efe que, desde el jueves pasado, hicieron esta petición para que Khan se reúna con los familiares de víctimas de
violaciones de derechos humanos y de representes de los trabajadores presos con la intención de plantear su situación pero, hasta el momento, no han recibido respuesta. Sánchez agregó que, actualmente, hay 152 dirigentes sindicales presos por reclamar mejores condiciones laborales en el país. Sin embargo, son una excepción, una ínfima minoría del total de "indultados" y del total de personas del pueblo trabajador presas o
bajo juicio por protestar y luchar. En el caso del movimiento obrero, no entraron en esas negociaciones y siguen presos, Rodney Álvarez, que de hecho es también obrero de Ferrominera, diez años presos sin sentencia y con un juicio paralizado eternamente.
Entre los indultados para esa fecha no estaban Marcos Sabariego (Pdvsa El Palito), Bartolo Guerra (PDV Marina), Darío Salcedo (Insopesca, en prisión domiciliaria), Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba (Pdvsa), ni los varios trabajadores de Pdvsa que están presos desde 2017 ¡sin siquiera la primera presentación en tribunales es decir, llevan más de
dos años presos sin haber sido acusados formalmente de nada. Desde el año 2017
ha aumentado el número de trabajadores petroleros detenidos durante la administración de Maduro. Hasta la fecha, muchos de ellos acusados de traición a la patria por divulgar información de Pdvsa, aún esperan por una acusación formal o por el avance de sus juicios. Para varios, la alternativa ha sido asumir una culpabilidad que no tienen para salir en «libertad»
En Venezuela, las protestas de los trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tienen como objetivo la restitución de sus derechos laborales contemplados en anteriores contrataciones colectivas, pero también para pedir por el cese de la persecución y represión contra los petroleros y representantes sindicales. El número de trabajadores
de la empresa estatal detenidos durante la administración de Nicolás Maduro, calificado por su propio partido como el «presidente obrero» por su experiencia como trabajador sindical, ha aumentado desde 2017. Fue precisamente ese año cuando hubo más arrestos, empezando por la de los nueve petroleros detenidos por funcionarios de la Dgcim (Dirección
General de Contrainteligencia Militar), el mismo día en que fueron llamaron desde Pdvsa para una reunión.
De acuerdo a cifras presentadas por la organización no gubernamental Foro Penal, existen unos 60 trabajadores petroleros presos, integrantes de las nóminas menores y representantes sindicales. Pero de acuerdo a la ONG, 17 de ellos están calificados como presos
políticos. Trabajadores petroleros presos : Eudis Girot (Pdvsa, detenido en 2020) Guillermo Zárraga (Pdvsa, detenido en 2020) Juan Carrillo Martínez (Pdvsa, detenido en 2017) Gustavo Malavé (Pdvsa, detenido en 2017) Héctor Roque Ramírez (Pdvsa, detenido en 2017) César Valera Villarroel (Pdvsa, detenido en 2017) Adolfo Torres Vargas (Pdvsa, detenido en 2017) Henry Sánchez Mora (Pdvsa, detenido en 2017) Juan Barreto Ramos (Pdvsa, detenido en 2017) Hirto Hurtado Briceño (Pdvsa, detenido en 2017) Luis Gerardo Martínez Cardozo (Pdvsa-CVP, detenido en 2017) Adolfo Ramón Artigas (Pdvsa-CVP, detenido en 2017) Raibeth Atencio (Pdvsa-CVP, detenido en 2017) Hjalmar Antonio Granado Rodríguez (Pdvsa-CVP, detenido en 2017) Noris Alberto Perozo
Villanueva (Ministerio de Petróleo, detenido en 2017) Juan Carlos Gamboa Gutiérrez (Pdvsa, detenido en 2017) Oswaldo de Jesús González Portillo (Pdvsa), detenido en 2017). Otros trabajadores presos Guillermo González Bartolo, Roberto Franco, Profesor Javier Tarazona. En caso Rodney Alvarez, trabajador de Ferrominera Orinoco, detenido el 12 de junio de 2011, Álvarez está a punto de cumplir su décimo aniversario preso en la cárcel El Rodeo II por un supuesto asesinato del cual no existen pruebas para vincularlo, mientras que sí hay argumentos razonables para creer que habría sido un dirigente sindical del chavismo el responsable de este delito. Las cámaras de seguridad como los asistentes a la asamblea advirtieron que fue realmente Héctor Maicán, directivo sindical y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) quien disparó contra la multitud. Según los presentes, tras accionar la pistola, Maicán corrió a esconderse a una de las oficinas de la empresa, donde fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional. «Lo agarraron con el arma, los cartuchos, incluso hasta lo imputaron por asesinato por motivos fútiles», relató el secretario del sindicato de Ferrominera, Rubén González, quien también fue preso político del régimen durante casi dos años. Desde entonces, Álvarez afrontó más de 25 audiencias y ocho intervenciones en su juicio en la última década, a la espera de una sentencia que acaba de llegar para culparlo de un crimen con el cual no posee ninguna vinculación demostrable.
Nota: Ante la presión de los pensionados y trabajadores reclamando un salario justo de acuerdo a lo establecido en el Art. 91 de la Constitución. El régimen de Maduro aumenta el salario mínimo a 28 dólares mensual un salario pírrico que no alcanza para la alimentación ni para comprar medicinas. Lo que hace es crear más pobreza y miseria. Este aumento anunciado equivale al 10% de salario mínimo en Colombia y a dos horas de trabajo en USA. Los pensionados continúan la presión para lograr un salario digno y justo, este 9 de Marzo organizan la protesta para continuar la lucha por el salario.