El 16 de noviembre se cumplieron 31 años de la creación del Comité de Pensionados del Seguro Social y Personas Adultas Mayores de Venezuela. Una historia de luchas por la seguridad social en el país, que bien puede resumirse en su popular nombre: El Comité. Además, ese fin semana se conmemoran dos años del fallecimiento de Carlos "El Chino" Navarro, luchador histórico por un sindicalismo de valores. La cercanía de ambas fechas es la excusa para la presente reflexión sobre las relaciones colectivas del trabajo, antes y ahora.
Gracias a la lucha de El Comité, la Constitución venezolana de 1999 estableció que las pensiones no debían estar por debajo del ingreso mínimo vital. Lamentablemente, hoy, las pensiones por vejez, viudedad e incapacidad, se pagan con un dinero pulverizado por la inflación y la lucha por rescatar el poder adquisitivo del salario mínimo, tropieza con las políticas públicas del gobierno. Cuando hubo buenos precios petroleros en la gestión de Chávez, se sostuvieron la pensión contributiva (IVSS), las jubilaciones en el sector público y se extendió el asistencialismo, cubriendo a quienes nunca habían podido cotizar. Ahora, esas asignaciones se tambalean, mientras el gobierno justifica el impago y los retrasos con argumentos que van desde el bloqueo imperialista, hasta el vaivén en los precios del combustible fósil. En noviembre de 2022, cobrar una pensión o jubilación depende de los mecanismos de cálculo y formas de pago de los aumentos salariales, lo cual está centralizado en Miraflores.
Hace demasiados años que los sueldos y salarios salieron de la mesa donde, algunas veces, se discuten los contratos colectivos. Nuestra moneda, con un valor en la mañana que a medio día ya no existe, hizo inviable pactar tablas salariales. Sufrió una estocada el sindicalismo patrio en su labor de incidencia en la economía nacional. Los tabuladores salariales válidos vienen de Miraflores. El ministerio del trabajo, gracias a la ley de 2012 y su reglamento, no admite pliegos conflictivos y menos para reclamar salarios, por lo cual regresamos al pasado: hacer huelga es ilegal y además, un delito. La administración del trabajo tampoco admite, en las primeras de cambio, la presentación de un proyecto de contrato colectivo. Verifica previamente si el sindicato adjuntó la boleta electoral vigente, expedida por el CNE. Las alcabalas burocráticas que muchas veces terminan siendo resueltas por sentencias de la Sala Electoral del TSJ, asfixian al sindicalismo. Mientras se cumple el Vía Crucis electoral impuesto, pasan los años, la gente se enferma, se cansa, se va a trabajar en otra parte, se muda, se jubila. Otras veces, el estado patrono jubila forzosamente a la dirigencia sindical. Con el tiempo, las personas mueren… Así los sindicatos se vacían, pierden su memoria de luchas y muchos se debilitan.
Afortunadamente, las primera páginas de los portales informativos venezolanos, reportan la conflictividad laboral y social, incluyendo las constantes marchas y reclamos realizados por el movimiento de personas adultas mayores, pensionistas del seguro social o con jubilaciones del sector público. Este año, nuevamente, se movilizó el sindicalismo, con o sin boleta expedida por el CNE. En la lucha contra la política impuesta por la ONAPRE, participó un amplio espectro del sector educativo y universitario, a todos los niveles. Así mismo, el sector salud y algunas empresas del estado, salieron a la calle en todo el país. Un solo grito: salario y pensiones iguales a la canasta alimentaria.
Y es por ello que, aún en circunstancias de persecución y hostigamiento, hay que destacar el optimismo y la combatividad de la clase trabajadora. A pesar del debilitamiento que afecta a muchas de sus organizaciones, se sigue luchando. Esta actividad, es síntoma de recuperación sindical, lenta pero progresivamente se avanza. Parafraseando a Carlos "El Chino" Navarro, en su intervención principal en el congreso fundacional de la central Alianza Sindical Independiente (2015), corren tiempos donde el sindicalismo venezolano vive en un cuerpo ajeno, tratando de respirar dentro de un contexto signado por la injerencia del estado en su vida interna.
Comparando el escenario represivo en el campo laboral con la criminalización a la disidencia política, el gobierno trata al sindicalismo como a una persona recluida en la Tumba. La administración del trabajo le controla todo: las visitas, las salidas al médico, decide los castigos. Pero es el miedo a vivir en democracia y a un sindicalismo autónomo, libre, con músculo, preparación y discurso, lo que mueve al gobierno a desconocer el derecho colectivo. Maduro opta por su CBST "hecha en casa", inmóvil, sin voz, alimentada por sonda. Con fortuna, todo tiene su final, y así lo anuncian las luchas que defienden conquistas sindicales del siglo pasado. Emular políticas laborales derrotadas, conlleva al fracaso del gobierno. Por ejemplo, el bono es salario.