Los trabajadores y jubilados en el país es el sector que más ha sufrido vejaciones, abusos y humillaciones de parte del régimen madurista. Ningún organismo del Poder Público garantiza sus derechos laborales y humanos, se ha llegado hasta perder su carácter de trabajadores y jubilados al recibir un salario simbólico como si viviéramos en ghetto en condiciones infrahumanas y de esclavitud.
Estamos en la indigencia con salarios que ante la devaluación del bolívar y la inflación ronda los 10 USD mensual, es decir, 0.30 USD diario en el umbral de la pobreza según organismos mundial que nos dicen que un salario diario por debajo de 1.90 USD es vivir en la pobreza extrema con hambre y en la miseria. La Organización Internacional del Trabajo OIT y otros organismos de la ONU conocen las constantes violaciones de los derechos laborales que padecen los trabajadores venezolanos. La clase trabajadora que ha denunciado las violaciones a sus derechos y este organismo no se ha pronunciado en contra de los atropellos del régimen de Maduro. Los trabajadores esperan la condena de la OIT. Se exige el respeto a los convenios internacionales firmado por Venezuela.
Esta organización está enterada de las conculcaciones, atropellos y abusos que padecen los trabajadores y jubilados. Exigen la eliminación del Memorando 2792 Instructivo ONAPRE que ha convertido al trabajador y jubilado en indigente. Este organismo internacional en defensa de los trabajadores y derechos humanos, cuando son invitados por el régimen y sindicatos y gremios afectos al oficialismo lo que hacen es apoyar los atropellos y abusos, es aceptar la condiciones exclavista y apoyar la estafa, fraude y robo que comete el régimen de Maduro contra trabajadores y jubilados.
Asimismo los organismo nacionales que deben ser garante de los derechos laborales y humanos no tienen autonomía ni independencia del Poder Ejecutivo y son fichas del PSUV. Solo acatan órdenes de Miraflores, entre estos organismos más obedientes y enemigos de los trabajadores están los magistrados del TSJ que declaran inadmisible los reclamos y demandas de los trabajadores. Desconociendo el Estado de Derecho e irrespetando la Constitución Nacional y las leyes, con igual conducta actúan el Poder Legislativo apéndice rastrero de la administración central. La negligencia con que se desempeñan el Poder Ciudadano integrado por la Fiscalía y Contraloría general de la República y el Defensor del Pueblo que violentan los articulos de Constitución 274 y 275, cuando entre sus funciones en defensa de las leyes y los funcionarios deben ser personas de entereza excepcional, porque en sus cargos se halla en la primera línea de lucha contra la ilegalidad, los abusos contra los derechos humanos y la malversación, papel que no desempeñan ni cumplen, porque son fichas partidistas del oficialismo y defienden solo sus intereses personales, económicos y todas las prebendas y prerrogativas que les brindan sus cargos que los convierte en cómplices de las crueldades, maldades y perversidades que se cometen contra los trabajadores y el pueblo venezolano.