Una de las mayores preocupaciones de los venezolanos hoy día es seguramente la inflación, particularmente, el alza desproporcionada de los precios de los bienes y servicios, sobre todo, de aquellos de primera necesidad y de consumo básico o esencial por parte de los hogares o familias. A diferencia de la opinión interesada de algunos, pensamos que, el alza desproporcionada de los precios tiene nada o muy poco que ver hoy con el alza de los salarios o del tipo de cambio en Venezuela; esto es sencillo de comprender, si tomamos en cuenta que los salarios se mantienen muy bajos o prácticamente estancados, mientras se produce el elevado incremento de los precios. Los salarios claramente -y cualquiera puede darse cuenta de ello- se han mantenido estancados o en niveles excesivamente bajos, lo que impide a los individuos, hogares y familias de venezolanos hacer frente al alza constante de los precios. Mientras, los salarios en Venezuela son muy bajos y no tienen comparación en ninguna otra economía del mundo; muchos precios de bienes y servicios se establecen en Venezuela, a niveles internacionales, o aún por encima de los que existen en economías en mejores condiciones o sin bloqueos. Por otra parte, hemos dicho en un artículo anterior que mientras el bolívar se devaluó un 59% en promedio en 2022 con respecto al año anterior 2021, los precios internos en promedio se triplicaron; es decir, sufrieron un incremento promedio superior a 200% anual entre 2022-2021. Por tanto, es visible que ni el aumento de los salarios, como tampoco la devaluación del bolívar son factores que incidan, determinantemente, en el alza de los precios en la economía venezolana.
¿Qué es lo que influye, entonces, en el alza de los precios en la economía venezolana? Lo que sí está influyendo de manera decisiva en el alza de los precios de bienes y servicios en Venezuela es el bloqueo yanqui a la economía venezolana y la incertidumbre que esto genera. Las autodenominadas "sanciones" gringas contra nuestro país -aún siendo ilegales- limitan de manera importante el funcionamiento de la economía venezolana, al impedir el acceso a ingresos externos procedentes de activos o propiedades nacionales (depósitos externos, ingresos de empresas nacionales en el extranjero o con actividades orientadas al mercado externo, ingresos productos de las ventas de estas empresas, e impiden incluso también el acceso a fuentes de crédito externo). Por ello, pienso, debemos lograr un consenso básico entre todos o la gran mayoría de los venezolanos y, particularmente, entre la clase política venezolana: "las sanciones gringas son un medio ilegal e ilegítimo, esto es, constituyen esencialmente un crimen que provoca hambre, dificultades y miseria entre muchos venezolanos y nos impide estabilizar la situación económica y política, y encontrar nuestro propio camino al progreso". Por lo que, debemos condenar su continuación y exigir el inmediato cese de las mismas. Por otro lado, debemos trabajar en un consenso nacional, a favor de la adopción de una estrategia o plan nacional de crecimiento y progreso social de largo plazo. Lo que necesitamos en este momento es un acuerdo nacional de amplio alcance, que incluya también amplias mayorías y asegure efectos positivos a mediano y largo plazo. No bastan los acuerdos de grupos y de corto plazo, que no podrán siquiera asegurar crecimiento económico y progreso social significativos, y la estabilidad de éstos a mediano o largo plazos. Para ello, es necesario alcanzar un acuerdo que incluya al menos a la mayoría de los factores nacionales realmente democráticos (quiénes rechazan la violencia y aceptan las elecciones como mecanismo para resolver controversias), esto obviamente incluye a los trabajadores. No podemos avanzar en una alianza progresista sin incluir a las mayorías nacionales y los trabajadores son obviamente la mayoría del país. Esta mayoría está siendo la principal afectada por estas "sanciones". Las sanciones han servido básicamente para extraer a los trabajadores su sueldo, sus jubilaciones y pensiones, sus ahorros y casi todo su patrimonio (incluyendo a sus hijos). Así como, limitar también otros derechos sociales básicos como la salud, la educación y la seguridad social entre otros. Es claro, entonces, que nuestro enemigo son básicamente las sanciones gringas y el mecanismo para hacerle frente es un gran acuerdo nacional que genere un consenso básico o esencial sobre cómo debemos seguir adelante y progresar todos, como país; incluso, por encima o a pesar de las sanciones.
Excluir a los trabajadores de este acuerdo no nos asegura ningún futuro o estabilidad. Es evidente que necesitamos un acuerdo muy amplio o general que incluya también a los trabajadores. Los trabajadores son, al menos y considerando a sus familias, más del noventa por ciento de una sociedad. Si sólo consideramos la población activa, estamos hablando hoy día de una proporción que debe acercase al 70% de la población, considerando ambos sectores formal e informal de la economía.
En el marco del funcionamiento normal de una economía, el ingreso de los trabajadores representa al menos la mitad del producto de esa economía, sino más. Es decir, en los países desarrollados representa una porción más cercana a 70%-80% del producto nacional, en los países subdesarrollados una porción menor (más cercana a la mitad). En las actuales condiciones, en Venezuela este ingreso no alcanza las dimensiones normales y se encuentra excesivamente limitado en niveles muy bajos (creemos llega acaso a la quinta parte, es decir, al 20%). Estos niveles salariales tan bajos resultan inconvenientes por varias razones; es obvio que, lo son por razones políticas, ningún orden político puede lograrse o sentirse seguro con ingresos tan bajos de la población trabajadora; razones sociales, es obvio que niveles de ingresos bajos, para una porción mayoritaria de la población, generan una cantidad de problemas sociales derivados: mayor pobreza, desestructuración de las familias, emigración de jóvenes y fuga de talentos, abandono escolar, criminalidad, desnutrición y problemas graves de salud, alcoholismo y drogadicción, etc.; en términos económicos, es obvio que, independientemente de lo que un empresario particular pudiera pensar, en términos generales o agregados, la economía nacional como un todo pierde el efecto positivo que una fuerza de trabajo menos angustiada o estresada y mejor remunerada tiene sobre el incremento del consumo, la inversión, la producción y la productividad nacionales, lo que permitiría aumentar los niveles de crecimiento y el tamaño global de la economía del país y lo haría más rápidamente.
Por ello, es criminal y tiene implicaciones genocidas empeñarse en mantener las sanciones contra Venezuela. El efecto perjudicial de estas sanciones se concentra sobre todo en los más pobres y también en la población más vulnerable (niños, mujeres y ancianos y familias de menores recursos), produciendo un daño a largo plazo, prácticamente, irrecuperable en esta generación; algo que podría tomar además décadas, si no acabamos pronto con las sanciones.
Este gran acuerdo nacional incluiría, seguramente, objetivos políticos, pero no solamente; también incluiría objetivos económicos, sociales e institucionales. Entre ellos, deben destacar un acuerdo para recuperar prontamente los salarios de los trabajadores, la recuperación de los sistemas educativos y la creación por fin de un sistema nacional de salud y la reforma de la seguridad social que permita financiarlo. Una reforma fiscal que permita cofinanciar también estos objetivos, de manera más justa y equitativa, y sostenerlos en el tiempo, asegurando, con ello, desarrollo, estabilidad y paz social en el largo plazo. Y una reforma institucional, que regule las relaciones entre los actores políticos democráticos, en un contexto de paz social y política.
Un acuerdo de este tipo marcaría un hito en la historia de Venezuela, abriendo posibilidades inmensas de progreso para todos a largo plazo; incluyendo también a las mayorías sociales en situaciones más críticas o vulnerables.