A partir de enero de 2023 Jorge Roig siendo Presidente y todavía hoy como ex Presidente y voz cantante de FEDECÁMARAS, ha confirmado en muchos programas de radio la situación progresiva de empobrecimiento de la población del país y ha venido lavando el cerebro al gobierno (Presidente Maduro más Francisco Torrealba, Ministro del Trabajo) y a la Central Bolivariana de Trabajadores Socialista de Venezuela, con el objeto de lograr el consenso sobre la restauración de una economía de mercado fuerte.
Posteriormente en abril de 2022 inició su cruzada sostenida por la bonificación del salario y la eliminación de las prestaciones sociales, no solamente como representante del capital, sino como integrante de la Organización Internacional del Trabajo-OIT con sede en Ginebra. Los anuncios sobre la rebaja del bono de guerra para los trabajadores activos y jubilados y el aumento del bono de cesta ticket son una demostración palpable que nos indica que los empresarios lograron su objetivo y, en consecuencia, el gran ganador en la jornada reciente del primero de mayo ha sido FEDECÁMARAS, con la complicidad abierta de la Central Bolivariana de Trabajadores y nuevamente los perdedores son los trabajadores en general [activos u jubilados] y los pensionados.
Ahora bien, como dato para reforzar las afirmaciones de los párrafos anteriores de esta narrativa tenemos:
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El salario mínimo mensual de 5.26 dólares no se indexa y continuará igual, con la tendencia a seguir devaluándose, lo que implica que en la práctica las prestaciones sociales progresivamente tienden a desaparecer.
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La cesta ticket aumentó a 40 dólares indexados al dólar del BCV, no se incluye en las prestaciones sociales y los pensionados quedan en el limbo.
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El bono de guerra se reduce en relación con el anterior a 20 dólares, también indexado al dólar del BCV, lo que implica para los activos y jubilados en tomando en cuenta el ultimo bono recibido se observa una reducción en el mismo, en otros términos, el bono de guerra para los activos se redujo en 24 dólares y para los jubilados 10 dólares.
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Así mismo, los trabajadores públicos recibirán 65 dólares y los pensionados 25 dólares mensuales respectivamente.
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El nuevo Decreto de ajuste de los bonos pasa por encima y se transgreden los artículos 19, 89 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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En relación con las liquidaciones de finiquito laboral, los aguinaldos y las vacaciones de los trabajadores, el gobierno podrá hacer sus cálculos con el salario mínimo de 130 bolívares, 5,26 dólares. Se infiere que los pasivos del gobierno y de la empresa privada no serán afectados. Esta política salarial beneficia a los empresarios quienes podrán cancelar un salario mínimo de 5.26 dólares y un bono más elevado que no será parte de las prestaciones, utilidades y vacaciones de los trabajadores.
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Esta nueva situación salarial es similar a la rebaja de los salarios de los empleados públicos en un 20 % en el gobierno de Rómulo Betancourt y a la eliminación de las prestaciones sociales en el gobierno de Caldera.
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En el anuncio del Presidente en la marcha del PSUV del este primero de mayo sobre los bonos ya mencionados cuando los sometió a votación y le preguntó a los asistentes USTEDES ESTÁN DE ACUERDO, la mayoría aplastante y absoluta les dijo NO, NO, NO. Nadie levantó la mano para estar de acuerdo y con gritos rechazaron contundentemente el Decreto sobre los bonos y se alejaron. Sin consenso, pero con cinismo exclamó APROBADO. Ahora quien está arrecho son los trabajadores, los jubilados y los pensionados.
En conclusión, el nuevo Decreto salarial evidencia y ratifica una vez más el contubernio entre FEDECÁMARAS Y EL GOBIERNO; cambia definitivamente la ecuación de confianza entre los sindicatos y los trabajadores; coloca FEDECÁMARAS como la asesora y estratega de la política salarial del Presidente Maduro; y reafirma la actitud patronal de la Central Bolivariana socialista de los trabajadores de Venezuela.