Es necesario desmentir y refutar con vehemencia las recientes declaraciones de Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria, uno de los empresarios más favorecidos por el Gobierno de Nicolás Maduro durante los últimos doce años, quien aseguró que realmente el salario mínimo en Venezuela es de 200 dólares mensuales, una cifra que no se corresponde con la realidad de la mayoría de los trabajadores, pensionados y jubilados del país.
Camacho, al igual que muchos de sus colegas empresarios, se benefician de un modelo económico que ha generado desigualdad de ingresos a favor de ellos, dejando de lado los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Pero lo más insólito es que ahora lo vemos intentando distorsionar la realidad laboral en Venezuela para justificar esa desigualdad y la explotación de quienes realmente contribuyen al funcionamiento del país.
Es necesario recalcar que el salario mínimo en Venezuela, al tipo de cambio actual, no supera los 4 dólares mensuales, una cifra que está muy por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades básicas de un hogar venezolano. Además, el Ingreso Mínimo Integral impuesto por el gobierno nacional, compuesto en un 97% por bonificaciones fuera del marco legal y constitucional, no supera los 134 dólares. Hablar de un ingreso mínimo de 200 dólares es una falacia que busca desinformar y desviar la atención de la verdadera crisis económica que estamos viviendo.
Es cierto que algunos sectores privados, en especial aquellos que operan bajo el amparo del gobierno, pueden ofrecer salarios más altos, pero esos casos son excepcionales y no reflejan la realidad de la mayoría de los trabajadores venezolanos. Los trabajadores del sector privado, en su mayoría, se enfrentan a un contexto de inseguridad laboral, bajos salarios y condiciones de trabajo que los dejan al margen del bienestar básico. De hecho, muchos de estos trabajadores se ven obligados a complementar sus ingresos con actividades informales o a emigrar en busca de mejores condiciones.
Las afirmaciones de Camacho sobre la reducción de la brecha salarial entre los sectores público y privado también deben ser analizadas con cautela. Si bien es cierto que algunos beneficios adicionales, como comida y transporte, pueden ser ofrecidos por el sector público, esto no compensa el brutal empobrecimiento de los trabajadores. Los beneficios adicionales no constituyen un salario justo si no permiten a los empleados cubrir sus necesidades más elementales, y mucho menos si no se reflejan en un salario digno que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores.
La canasta básica familiar se encuentra en torno a los 800 dólares, mientras que la canasta alimentaria supera los 550 dólares, lo que claramente indica que ni los 200 dólares que menciona Camacho ni los 134 dólares decretados por el gobierno son suficientes para cubrir lo que establece el Artículo 91 de la Constitución, que promueve un salario mínimo suficiente para satisfacer las necesidades vitales de todos los trabajadores y sus familiares que mantiene.
Esta realidad representa una flagrante violación de los derechos laborales de la clase trabajadora activa, cuyos esfuerzos no se ven reflejados en un salario justo y acorde con la realidad económica del país.
Es fundamental que como sociedad nos pongamos del lado de los trabajadores, pensionados y jubilados, que son los verdaderos pilares de nuestra economía. Estos sectores siguen siendo los más afectados por la inflación, la devaluación de la moneda y la falta de políticas públicas eficaces que garanticen el respeto a los derechos laborales.
Las afirmaciones de Camacho, que buscan maquillar la realidad, no hacen más que profundizar la brecha entre las élites empresariales y la mayoría de los ciudadanos que luchan día a día por sobrevivir en un país donde el empobrecimiento colectivo es cada vez más evidente.
Como sociedad, no podemos permitir que los grandes empresarios sigan acumulando riqueza mientras nuestros trabajadores viven sumidos en la pobreza. La brecha de desigualdad en Venezuela no solo es económica, sino también social, y las declaraciones de Camacho son un claro intento de normalizar una situación que debería ser inaceptable para todos los que creemos en la justicia social y en los derechos fundamentales de los venezolanos.
Es hora de que todos nos unamos en la defensa de un salario justo, de condiciones laborales dignas y de un futuro mejor para todos, sin importar el sector o el cargo que ocupemos. Los trabajadores merecen un salario digno, que no solo sea suficiente para sobrevivir, sino que permitan vivir con dignidad, y que en lugar de ver cómo se reducen sus derechos, vean cómo se les reconoce y respeta su esfuerzo diario. No dejemos que la verdad se distorsione y defendamos con firmeza lo que es justo para todos.