El tribunal 35 de control ha ratificado la medida de privativa de libertad contra Darío Salcedo, trabajador de INSOPESCA, secretario de organización del sindicato SINSTRAPESCAVE, que había sido detenido el pasado el pasado 05 de mayo de este 2020 por orden de la Fiscalía 8va AMC, luego de haber realizado denuncias contra las autoridades de dicha institución por incumplimiento de beneficios laborales.
La organización de Derechos Humanos PROVEA dio a conocer la noticia a través de su cuenta en la red social Tuiter, donde además precisa que el tribunal en mención, justifica su decisión basándose en el artículo 20 de la “Ley contra el odio”
El Juzgado ordenó la reclusión del trabajador en el "Centro de Procesados Judiciales 26 de Julio" en Guárico.
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Imagen de mensaje de Provea en redes sociales Credito: Provea |
Envió un audio denunciando incremento excesivo del bolsa de alimentación, superior al salario
Salcedo había enviado un audio de WhatsApp a la directora de Talento Humano de INSOPESCA, Carmen Hinojosa, en el que rechazaba el incremento desproporcionado respecto al costo de la bolsa de alimentación a la que tienen acceso los trabajadores, pasando de 15.000 Bs a 1.400.000 Bs. También había citado en su cuenta personal en Tuiter el mensaje de otro usuario en el que se hace mención al actual Ministro para la Pesca y Acuicultura, Dante Rivas, con relación a los salarios.
El ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura @MinPesca , Dante Rivas, se reunió en oportunidades anteriores con los trabajadores del ministerio y del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), para debatir, según reportes oficiales, propuestas para mejorar las condiciones laborales. Port ello generó algunas expectativas y se estaría esperando su respuesta frente a la contradicción que supone la detención de sindicalistas por reclamar acerca de dichas condiciones en un instituto dependiente de su Despacho.
¿Ley Contra el Odio o instrumento del odio? se preguntan los trabajadores
Se trata de un nuevo caso en el que es detenido un dirigente sindical en el ejercicio de su derecho al reclamo o protesta laboral, y se le aplica la llamada “Ley del Odio” a la que cada vez más las vocerías sindicales y de las luchas de los trabajadores y trabajadoras señalan como un “instrumento que facilita la persecución y represión policial” en Venezuela, con cuya administración se puede ir a parar a la cárcel por la denuncia de la violación de derechos y críticas a autoridades o entes gubernamentales.
La "Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia" señala en su atrtículo 20 el “Delito de promoción o incitación al odio”, pero para sectores que sienten amenazados y atropellados sus derechos “es el odio y la intolerancia del poder quien se está volcando contra la clase trabajadora y contra el pueblo”, dijeron fuentes preocupadas por la situación del trabajador detenido que no quisieron verse expuestas al mismo tratamiento, por lo que prefirieron reservar su identificación. El miedo indudablemente está socavando muy gravemente el ejercicio de los más elementales derechos democráticos en el país.
Reproducimos a continuación el citado artículo de esta ley promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC):
Delito de promoción o incitación al odio
Artículo 20. Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados.