11 de agosto de 2023.-
A continuación la Moción de Solidaridad y Exigencia de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas (RSISL):
Moción de Solidaridad y Exigencia
El pasado martes 1° de agosto de 2023, el tribunal N° 2 contra el terrorismo, específicamente la jueza Grendy Alejandra Duque Carvajal, quien dirige el mencionado organismo; emitió sentencia condenatoria a 16 años de prisión, contra seis (06) dirigentes y activistas sindicales y luchadores sociales, imputandoles los delitos de "asociación para delinquir" y "conspiración".
A través de diversos cumunicados públicos divulgados por diversas organizaciones sindicales, gremiales, de derechos humanos y sociales, como también mediante las informaciones disponibles en los medios de prensa independientes de Venezuela, entramos en conocimiento de que la sentencia condenatoria fue dictada sin ninguna prueba convincente y sin haberse presentado el único supuesto testigo de la Fiscalía General; por lo que la misma estaría plagada de enormes vicios de ilegalidad. Siendo que la jueza que emite la sentencia basa la misma en un supuesto "informe de contrainteligencia", anónimo y sin base jurídica y en mensajes de whatsapp sustraídos ilegalmente de los teléfonos de los imputados.
De esta manera, los activistas sindicales y luchadores sociales Reynaldo Cortés (Delegado del Consejo Sindical Regional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela -CTV- en el estado Guárico) Alonzo Meléndez (Ingeniero Pesquero, activista sindical y social, miembro del Consejo Comunal La Florida del municipio Los Taques, estado Falcón y del Consejo de Pescadores y Pescadoras Acuicultores y Acuicultoras Aurora del municipio Los Taques), Alcides Bracho (profesor en la especialidad de química, artista plástico, activista sindical en el magisterio venezolano y defensor de los derechos salariales del sector) Néstor Astudillo (dirigente político del partido Bandera Roja en el estado Miranda y ex dirigente sindical en el estado Falcón), Gabriel Blanco (dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Carrera Legislativa de la Asamblea Nacional -Sinfucan- y miembro de la directiva de la central sindical Alianza Sindical Independiente -ASI-) y Emilio Negrín (abogado, activista de derechos humanos, miembro nacional de la Coalición Sindical Nacional y presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios); detenidos de manera arbitraria e ilegal el pasado junio de 2022, estarían siendo víctimas de una aberrante injusticia, un pase de factura por su activismo en defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y del pueblo venezolano y de una clara política de criminalización de la protesta laboral y social.
La Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha, así como las cada una de las organizaciones y dirigentes que la integran, rechazan que se criminalize y se reprima la protesta laboral y social, más aún en un contexto donde el gobierno se niega a dar respuesta a las exigencias que desde hace más de dos años los trabajadores venezolanos vienen realizando contra la aplicación de un brutal paquetazo que ha cercenado todas las conquistas salariales y contractuales de la clase obrera venezolana.
Afirmamos que los compañeros hoy sentenciados no han cometido más delito que luchar en defensa de las reivindicaciones de los trabajadores y de los derechos sociales del pueblo venezolano, tal como demuestra la total ausencia de pruebas de que estos activistas y luchadores sindicales y sociales hayan cometido los delitos que se le imputan.
Nos solidarizamos con los familiares, amigos y compañeros de los luchadores sentenciados ados ilegalmente, repudiamos su condena y exigimos a las autoridades de justicia venezolana así como al gobierno de conjunto, la derogatoria de la sentencia y la liberación inmediata de estos activistas sindicales y luchadores sociales, así como de todos los trabajadores que hoy permanecen detenidos y judicializados por luchar en defensa de sus derechos salariales, sindicales, laborales y sociales.
Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas (RSISL)