Con una sábana blanca, zapatos rotos y, según sus palabras, prefiriendo morir de hambre en las calles que en sus casas, los jubilados se instalaron frente al edificio de la CVG en Alta Vista. Afirmaron que darán un plazo de 72 horas para obtener respuestas de la junta interventora, a la cual responsabilizan de cualquier cosa que pueda ocurrirles como consecuencia de la huelga de hambre.
El grupo está conformado por Francisco Díaz, trabajador de 77 años de edad con 35 años de servicio en CVG Sidor; Pablo Millán, de 73 años y con una trayectoria de 55 años en Sidor; Hipólito Cedeño que laboró durante 49 años en Sidor y fue jubilado a sus 73 años de edad; José Rodríguez, sidorista de 66 años con 48 años de labores ininterrumpidas en Sidor; y Hugo Medina, trabajador de CVG Venalum de 62 años con 19 años de trayectoria en la estatal del aluminio.
“Hemos agotado todas las vías administrativas a nivel nacional e internacional buscando la justicia en cualquier ente de nuestro país. No la hemos encontrado. Ha habido un silencio por parte de organismos nacionales e internacionales. Estamos 14 veces por debajo del marcador de pobreza extrema mundial. Ahora este régimen ha secuestrado las prestaciones sociales de los trabajadores que han entregado 50 años de trabajo al Estado venezolano. No nos reconocen el pago de las prestaciones. Esto no puede ser. Es increíble que esto suceda ante un gobierno que se dice obrerista. Estamos en la miseria extrema”, expresó Hugo Medina, quien además es presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol).
Impago de prestaciones: adultos mayores en la miseria
Desde principios de 2023, Correo del Caroní ha atendido los reclamos de jubilados de CVG casa matriz, Ferrominera Orinoco y Sidor, entre otras empresas básicas. ¿La queja? El impago de las prestaciones sociales.
Según afirman los protestantes, ninguno de los más de 200 empleados que pasaron a estatus de pensionado en diciembre de 2022 ha recibido el pago de sus prestaciones, lo que representa un retraso de más de 8 meses frente a los 5 días que establece la ley como lapso de pago.
Además de esto, al pasar al estatus de nómina inactiva, sufrieron una reducción salarial de hasta el 40%, a pesar de que la ley establece que las pensiones deberían ser equivalentes a 80% de lo que perciben los trabajadores activos, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad. Pablo Millán, con una trayectoria de 55 años en la estatal del acero, quien enfatizó en que no puede llevar alimento a su hogar, tampoco costear el tratamiento para aliviar el cáncer de su hija ni adquirir medicación.
“Estamos para reclamar nuestros beneficios. La gente se muere y Sidor no le paga. Salí jubilado en enero y lo que me dan es una bolsa de comida y mala. No es una bolsa de comida que se pueda comer, hasta los perros se enferman. Le hago un llamado a Nicolás Maduro y a todo el que tenga que ver, hagan la diligencia para que nos cancelen nuestras prestaciones”, zanjó el afectado.
En el pasado, las jubilaciones permitían a los trabajadores de CVG vivir de forma más cómoda, puesto que percibían montos superiores al salario mínimo.
Además, la empresa de forma obligatoria anunciaba al empleado que se iniciaba el proceso y era atendido por el departamento de salud para apoyarlo a prepararse psicológicamente para su nuevo estilo de vida, normativa que también se ha violentado.
Responsabilidad plena a la CVG
Los protestantes responsabilizaron por sus vidas y estado de salud a la CVG, alegando que no se moverán del lugar hasta que exista alguna respuesta para el caso. Asimismo reseñaron que su presencia busca defender los derechos de más de 5 mil jubilados que se encuentran en la misma situación.
“Fui jubilado en enero. No he recibido el pago de mis prestaciones sociales. El objetivo de esta huelga es hacer peso. Ya se recorrieron todas las instancias y aún no tenemos respuesta por parte de la CVG. Mi familia no está de acuerdo con esto, yo lo estoy haciendo porque no puedo darle 35 años de servicio a esa gente para que ellos hagan de las suyas con el dinero que nos pertenece”, adujo Francisco Díaz, de 77 años.
Cabe recordar que el Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales contabilizó 79 reclamos colectivos de trabajadores en julio.
Los docentes lideraron las manifestaciones con 55,7% del total, el personal de industrias básicas quedó de segundo lugar, con 12,66% y los sanitarios en tercer lugar, con 7,59%.
*Con información del Correo del Caroní y RSS