A los pensionados les adeudan más de 1.600 dólares por una cuenta pendiente desde 2016, asegura el dirigente Arnoldo Benítez

11-09-24.-«Nosotros no reclamamos salario; reclamamos pensiones, que son un derecho adquirido durante una vida de trabajo y unas cotizaciones que nos permitirían vivir con dignidad», subrayó

El Estado venezolano adeuda a los pensionados venezolanos no menos de 1.600 dólares por varios conceptos, aseguró este martes Arnoldo Benítez, representante de jubilados y pensionados. «Estamos cansados de estar en la boca de todos, pero en las manos de nadie», enfatizó, «y exigimos que nos reconozcan todo ese esfuerzo que hicimos durante una vida productiva para poder vivir con dignidad».

En Venezuela hay más de 6 millones de pensionadas y pensionados que reciben una pensión de 130 bolívares y bonos entregados por el Estado. Han entregado cartas en las instituciones, y protagonizado protestas desde hace por lo menos tres años.

«Reclamamos que, por lo menos, se publique en Gaceta la ley del bono de alimentación y medicamentos y la ley de pensiones no contributivas, que permiten un ingreso de por lo menos 66 unidades tributarias: serían más de 600 bolívares, que es mucho más que los 130 que recibimos hoy», detalló Benítez durante la rueda de prensa del Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha.

El 28 de abril de 2016, explica, el TSJ «ordenó al presidente de la República ejecutar esa ley, y le dio un plazo de 10 días. Es decir, que a partir del 10 de mayo de 2016 nosotros deberíamos estar percibiendo ese emolumento. Han pasado 100 meses que no lo hemos percibido. Por lo tanto, es una deuda que tiene el ejecutivo nacional con los jubilados y pensionados de este país. ¿Qué significa eso? Cien meses por 66 unidades tributarias, que son 6.600 unidades, que son 60.300 bolívares o 1.640 dólares: eso es lo que nos debe el ejecutivo nacional a cada uno de los pensionados».

Pese a todo esto «todavía tenemos una pensión equivalente al salario mínimo a 3,5 dólares mensuales. Nosotros no reclamamos salario; reclamamos pensiones, que son un derecho adquirido durante una vida de trabajo y unas cotizaciones que nos permitirían vivir con dignidad».

Para Benítez es un exabrupto que la pensión sea de 130 bolívares al mes «pero para poder ingresar al Metro de Caracas tuve que comprar una tarjeta de 30 bolívares. Es decir, me quedaron 100. Una tarjeta que sirve para control social, porque nadie sabe para qué sirve; solo la vas a usar para entrar a un sistema abandonado en el que no existe una escalera mecánica que funcione».

Organizaciones de jubilados y pensionados sostienen que desde el Estado se ha aplicado una política de exterminio contra los adultos mayores. Aun cuando han planteado la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional con base en esta premisa, todavía no lo han hecho.