A propósito del Día Mundial del Trabajo Decente, el dirigente hizo una revisión sobre la situación de los derechos laborales en Venezuela.
Eusse aclaró que, aunque el movimiento sindical clasista concibe estas fórmulas concebidas por al Organización Internacional del Trabajo (OIT) como parámetros para encubrir la explotación capitalista, «llama la atención que en Venezuela no se cumplen ni los más mínimos criterios formales de los convenios internacionales del trabajo».
«En Venezuela no existe el trabajo decente, porque los convenios internacionales del trabajo son incumplidos por la política laboral que aplica el Gobierno y la actuación de los patronos. Aquí está prácticamente derogada de facto la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras», declaró Eusse.
Para argumentar su afirmación, el dirigente del PCV se refirió a la destrucción del salario en el país: «El 97% de la remuneración mínima que perciben los trabajadores y trabajadoras en Venezuela no es salario; son bonos que no tienen incidencia en las indemnizaciones por despido, prestaciones sociales, utilidades, vacaciones o aguinaldos», detalló.
Eusse, quien además es Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), advirtió que esta política de destrucción del salario es parte de un «plan general de desregulación laboral que facilita los despidos y el crecimiento de las prácticas de tercerización».
El activista del movimiento sindical recordó que a partir de 2018, comenzó un proceso de desmontaje de las conquistas salariales, económicas y sociales, alcanzadas a través de las convenciones colectivas de trabajo.
«Además, en Venezuela está también derogado el derecho a huelga. Por normas que se establecieron en la ley del trabajo y por la propia conducta del Ministerio del Trabajo, que impide que se puedan iniciar procesos de conflicto colectivo legítimos y legales», explicó.
En el ámbito de las libertades sindicales, Eusse denunció las restricciones existentes: «Proyectos de sindicatos que no son registrados sin ninguna explicación válida. Hay manipulaciones para que las organizaciones sindicales no puedan realizar sus elecciones sindicales y por lo tanto no pueden representar a los trabajadores en procesos de negociaciones colectivas, ni de introducción de pliegos petitorios o de conflicto».
«Los mecanismos de inamovilidad y estabilidad laboral están en el papel, pero en la práctica no se cumplen. Entonces, en ese marco, se produce una enorme indefensión laboral», apuntó.
Seis años del Memorando Circular 2792
El próximo 11 de octubre se cumplen seis años de la aplicación del Memorando Circular 2792 al que el PCV calificó como un «instrumento fatídico» impuesto por el ministro Eduardo Piñate en las escalas salariales y en las convenciones colectivas de trabajo de la Administración Pública y empresas estatales.
«A partir de octubre de 2018, se paralizaron las discusiones de convenciones colectivas de trabajo; solamente se procedieron a establecer algunas actas convenios suscritas por el sindicalismo patronal con los representantes de los empleadores y con el apoyo del Gobierno Nacional; desmejorando conquistas establecidas a través de los procesos de negociaciones colectivas», explicó Eusse.
El PCV hizo un llamado «a la unidad de acción de la clase trabajadora venezolana» para hacerle frente «a esa política laboral criminal» y «echar abajo todos esos instrumentos ─tanto el memorando circular 2792 como el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto─, que han significado la desaplicación de numerosas cláusulas laborales».
«Hay que sacar cuenta de cuánto le dejaron de pagar a los trabajadores, porque eso fue inconstitucional, fue ilegal; fue un acto de fuerza impuesto por el Gobierno y la patronal privada y pública; un asalto a los trabajadores», concluyó.