11-11-24.-El dirigente sindical Jean Mendoza denunció que este lunes 11 de noviembre comenzará el juicio en su contra por presunta «incitación al odio». Mendoza, secretario general del sindicato Sitraemas, tiene 24 años de servicio en la trasnacional chilena Masisa, que trabaja la manufactura en el sector madera en el bosque de Uverito (Monagas y Anzoátegui).
«Hay que puntualizar que la denuncia de promoción e incitación al odio la aplica una trasnacional privada, utilizando una herramienta represiva del gobierno, que es usada con fines distintos a los que fue creada», señaló Mendoza en un escrito en el cual detalla su caso.
También invitó a participar en la campaña de #AbsoluciónDeJeanMendoza y libertad plena, que incluye un tuitazo este domingo 10 a las 7:00 pm. «También convocamos a todos los trabajadores de las distintas empresas a hacer presencia este lunes 11 de noviembre en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, a las 8:00 am, para realizar un piquete antes de entrar a la audiencia» en el tribunal.
Un recuento
Mendoza refiere que en 2018, en respuesta a la precariedad laboral, «asumimos la promoción de la organización de los trabajadores por las bases en defensa del salario, nuestra convención colectiva y acta convenio firmada en abril del 2018». Pero la patronal «siempre se burló de los comunicados y llamados de los trabajadores para la revisión del salario y otros beneficios por contratación, alegando que esos petitorios les correspondían a un sindicato totalmente ausente y de espaldas a los trabajadores». Entonces «procedimos a impulsar las elecciones sindicales en el año 2019, pero no tuvimos respuesta por parte de la directiva ya vencida».
El caso llegó a los tribunales laborales, rememora, porque la inspectora del trabajo no daba respuesta. Tampoco fue posible instalar una mesa de diálogo. «Ya en los tribunales, en las audiencias preliminares, nos enteramos de los alegatos de la patronal Masisa, que no cumplía sus compromisos porque se apegaba al ilegal memorándum 2792». Según Mendoza, al entonces ministro de Industrias, Jorge Arreaza, le solicitaron diálogo. «El ministro se comprometió; ya era la cuarta vez que se pedía una mesa para dilucidar la solución de las problemáticas de los trabajadores, pero la burocracia y los que nos explotan impidieron que la mesa en la inspectoría del trabajo "Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz" se pudiera realizar».
La empresa, pro su parte, «pasó a la ofensiva desincorporando a varios trabajadores de sus puestos de trabajo como represalia, e instaurando el terror en el seno de los trabajadores; todo, por el simple hecho de abordar al ministro de Industrias». Entonces, en ejercicio del derecho a la protesta, «marchamos hacia el edificio administrativo tanto en Puerto Ordaz como en la planta industrial. También denuncié ante el Ministerio Público, en la fiscalía de Puerto Ordaz, una extorsión laboral contra los trabajadores de la ribera norte del río Orinoco por parte de la patronal, porque los amenazaron de despido y con la suspensión del salario si no renunciaban. Nunca tuvimos respuesta».
Igualmente «denunciamos despidos injustificados de compañeros, denunciamos la desconvocatoria arbitraria de los trabajadores amparados en el artículo 148 de la ley del trabajo en defensa de los puesto de trabajo, y nunca nos dieron respuesta oportuna. Denunciamos la practica antisindical por parte de la patronal y la inspectora se coloco del lado del patrón, pero al mismo tiempo apretamos el acelerador y siempre promovimos las elecciones de delegados de prevención para establecer nuestro comité de seguridad, así como elecciones sindicales. A pesar de los múltiples obstáculos, logramos hacer las elecciones con mucho esfuerzo».
Juicio y medidas
Mendoza asegura que, como represalia, Masisa lo desincorporó de sus labores en enero de 2020. Es decir, «sometiéndome solo al pago de salario mínimo, sin los bonos que pagan a los que asisten a planta». A su juicio, «se aprovechó del tiempo de pandemia para crear un método de discriminación y desconvocar a trabajadores que luchan, para tratar de aislarme de mis compañeros».
El proceso se convirtió en un caso de promoción e incitación al odio, con el riesgo de prisión de 10 a 20 años y el perjuicio para la familia. «Esto es privarme de la crianza de mis hijos y de apoyar a mis padres, todo lo que implica separarme de mi familia. Yo soy el sostén de familia, doy el aporte económico que ellos necesitan».
En enero de 2022 «me detuvieron con el bloque de búsqueda del Cicpc por 48 horas. Allí logré salir después de la audiencia de presentación, gracias también a una gran campaña de solidaridad regional con trabajadores de Masisa y empresas básicas; nacionalmente, con los trabajadores militantes de Marea Socialista (MS), Liga de los Trabajadores por el Socialismo, CUTV-Fnlct y Central ASI, e internacionalmente, con los trabajadores parte de la Liga Internacional Socialista (LIS)».
Mendoza se mantiene libre, pero con medidas como prohibición de salir del país, presentación en los tribunales cada 30 días «y no poder dar declaraciones de odio que nunca he dado».
Considera que la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz tiene buena parte de responsabilidad «porque no les ha dado respuesta oportuna y eficiente a los trabajadores, dejando entrever que existe poco interés en la situación que viven los trabajadores».
El dirigente solicitó un decaimiento de su caso «pero la patronal se activó, y los mismos tribunales, porque aparecieron mis expedientes y se decidió más bien ir a la audiencia preliminar; por supuesto, me declaré inocente de los cargos y expliqué que estos problemas deben resolverse en los tribunales laborales y no en el tribunal del circuito judicial penal, pero el tribunal complace a la patronal al continuar el juicio».
Lamentó que la ley contera el odio se use, tanto por los empleadores públicos como los privados, «para judicializar y criminalizar a los trabajadores que luchan». Esto conduce «a la censura sistemática contra las luchas obreras o contra todos aquellos que no piensen como ellos, bajo el subterfugio del discurso de odio».
Como lo enfatiza Mendoza, «los trabajadores respondemos diciendo que no pueden utilizar la ley como excusa para escaparse del problema real que tiene el pueblo trabajador, que es el daño grave a las condiciones laborales y todo el retroceso que implica».
Obstáculos y falta de diálogo
Aseguró que han respetado la posición de la patronal de declararse en crisis: «Pero cuando nosotros queremos ejercer nuestro derecho de organizarnos para rescatar la institucionalidad y mejorar la seguridad y salud laboral en la industria, o la institucionalidad sindical, allí ellos se inmiscuyen y obstaculizan para colocar estas herramientas de lucha de los trabajadores bajo el control patronal».
Adicionalmente «vemos obstáculos en las mismas instituciones del Estado que corresponden al mundo obrero, o si queremos saber cuánto representa realmente el costo de mano de obra contra los números de producción se ponen ‘nerviosos’; es decir, si nos interesa saber qué porcentaje representa la mano de obra contra lo que producimos, ¿eso lo podemos considerar como odio? Le preguntamos al país: ¿No se pueden poner bajo la lupa de los trabajadores estos temas como recuperar el salario, el respeto a los puestos de trabajo, el respeto a las contrataciones colectivas y tener trabajos decentes? ¿Pueden considerarse promoción e incitación al odio todos estos temas? ¿Por eso tienen que llevar a los trabajadores a juicio?».
«Una trasnacional incumple con las leyes laborales venezolanas y con los derechos constitucionales del venezolano y los tribunales lo permiten, porque los tribunales los complacen llevándome a juicio pero nadie obliga a la empresa Masisa a cumplir con lo que los tribunales del trabajo determinan. Los tribunales del trabajo han ordenado reenganches para los trabajadores despedidos injustificadamente, y la empresa se niega. Las instituciones venezolanas, como el Ministerio del Trabajo, reconocieron y registraron al sindicato Sitraemas y la empresa Masisa se niega a reconocer el sindicato después de una lucha tremenda», sentenció.
Jean Mendoza reiteró que no hubo posibilidad de diálogo con la empresa ni siquiera después de ganar las elecciones sindicales en 2023. El supuesto odio «se ha utilizado como una estratagema para evitar que los trabajadores de Masisa lleven a cabo sus reclamos contra la empresa». Se pregunta a quién ha agredido: «¿A quién le pegué? ¿Qué hecho de violencia manifesté yo, o desencadené? ¿O que puedo llamar a practicar yo en contra de alguna persona?». En cambio, «ellos ejercen la violencia contra nosotros cuando aplanan nuestros salario a cero (0) en comparación con el costo de la canasta básica, incumplen con nuestros contratos, actúan unilateralmente para cambiar nuestras condiciones laborales, implementación de nuevos contratos individuales, cambio en las descripciones de cargo de manera unilateral, imposición de horarios de 12 horas», entre otras desmejoras.