Para contribuir al debate y mejor comprensión de la situación por la que atraviesa Venezuela, deseamos realizar aquí un breve análisis de los impactos del bloqueo artero y criminal al que ha sido expuesta la población, para ilustrar la inmensa gravedad y extensión de sus consecuencias, de manera que no pueda quedar a nadie duda del significado, la naturaleza e implicaciones que tienen tales acciones.
El bloqueo realizado por el gobierno de Estados Unidos, apoyado y alentado por los factores de la ultraderecha en Venezuela, ha tenido un grave impacto en todos los ámbitos de la vida nacional, no sólo en el económico, y ha golpeado duramente las condiciones de vida de todos los venezolanos, particularmente, de los trabajadores y de los sectores sociales que dependen de una entrada económica fija, o que se ajusta con rezago a las variaciones de los precios: trabajadores, jubilados o pensionados, incluyendo los estratos medios y profesionales y, en general, los más pobres y desposeídos de la sociedad; éstos son, sin ninguna duda, los sectores sociales más golpeados por el bloqueo.
El impacto sobre los sectores más pobres de la sociedad está acompañado de la pérdida de ingresos nacionales y estatales, con consecuencias sobre el deterioro de los servicios públicos y de la seguridad social; por lo tanto, no existe prácticamente manera de amortiguar el gran impacto que las sanciones criminales tienen sobre Venezuela, y apenas si las medidas de compensación y amortiguación tienen algún efecto sobre el mejoramiento o atenuación de los males sociales. El sistema de seguridad social y los programas sociales han resultado seriamente afectados y se han restringido sus capacidades para atender las necesidades sociales, ya que la pérdida de ingresos nacionales y estatales limita las posibilidades de financiamiento de los mismos.
Las medidas de bloqueo a la economía nacional han afectado, sobre todo, a las empresas nacionales en manos del Estado, por lo tanto, a los ingresos nacionales estatales, destacando por mucho los ingresos petroleros, que son a su vez la fuente principal de divisas de la sociedad venezolana y, sin estos ingresos, la economía venezolana ve limitado el acceso a bienes, insumos, equipos, repuestos, materiales y materias primas fundamentales que, procedentes del exterior, sirven para atender las necesidades básicas de consumo y producción nacionales, y su escasez amenaza seriamente la existencia o sobrevivencia de los venezolanos y pone en peligro la seguridad general de nuestro país.
Es obligatorio concluir que, el impacto es inmenso y que las acciones de bloqueo y agresión externa a Venezuela nos afectan a todos; unos más y otros menos, es cierto, pero terminan por afectarnos a todos sin distinciones.
En términos resumidos, las acciones de bloqueo han impedido de hecho a Venezuela acceder a más de 90% de las divisas nacionales, y han ocasionado un deterioro similar de los salarios y demás ingresos de los trabajadores, los cuales se han pulverizado o simplemente extinguido. Han provocado, en términos reales, una caída de más de la mitad del tamaño de la economía. Un retroceso histórico de todas las variables económicas y sociales, llevándonos en términos equivalentes nuevamente a los años cincuenta del siglo xx… El impacto global del bloqueo ha sido catastrófico. Se siente, sin duda, en las condiciones de vida generales de los venezolanos de menores ingresos. La pobreza, desigualdad y variedad de dramas sociales se han incrementado hasta niveles intolerables en una democracia, amenazando con cuestionar la legitimidad de todas las instituciones políticas y sociales, cercanas al gobierno y a la oposición, sin excepciones. Por lo que es necesario, alcanzar acuerdos entre el gobierno y sectores democráticos de la oposición que se traduzcan en respaldo de una agenda social y económica que reconstruya los equilibrios políticos e institucionales fundamentales.
Los niveles de ingreso salarial se han disuelto o vuelto nada, a pesar de las bonificaciones otorgadas por el gobierno, dirigidas a los sectores más vulnerables y pequeñas empresas; es notable que estas ayudas, que implican un gran esfuerzo para el Estado, dadas las circunstancias y el impacto de las sanciones, son insuficientes para reponer los niveles de consumo de los trabajadores y sectores más pobres, mantener el empleo y reactivar el crecimiento económico.
El impacto ha sido muy serio al interior del sector público, afectando no sólo su ingreso, pues la disminución significativa de los salarios al interior del sector ha terminado por desmotivar también a muchos funcionarios y alentar su huida del mismo hacia el sector privado, la mayor parte ha migrado al sector informal de la economía y otros al extranjero, en un intento por recuperar sus ingresos y defender su calidad de vida. Debido a que las mujeres representan una mayor porción del empleo público, es de esperar que éstas hayan resultado más afectadas, junto con sus dependientes o familia. El deterioro de los servicios públicos, las remuneraciones y condiciones laborales es muy importante. Esta situación ha provocado también la aparición de dinámicas informales y poco transparentes al interior del aparato estatal.
A pesar del cuadro de impacto general de las sanciones, existe aún empresas y particulares nacionales que han acumulado y mantienen importantes capitales en el extranjero, estos capitales se han visto valorizados últimamente, en términos de su poder de compra, debido a la devaluación excesiva del bolívar. Parte importante de estos capitales, se fugaron al extranjero en los últimos años, particularmente, desde 2007, aprovechando un dólar muy barato. Pensamos que, estos capitales pueden y deben dar pie a un proceso de recuperación sostenida de la economía venezolana. Tienen al menos la obligación moral con los venezolanos. Estimamos el saldo global de estos capitales, como mínimo, en unos 400 mil millones de dólares estadunidenses; una parte pequeña de ellos bastaría para estabilizar la economía venezolana. Por lo que, es necesario alentar la repatriación de los mismos mejorando el ambiente económico, institucional y de políticas de la inversión nacional. Sin necesidad de otorgar mayores beneficios, excenciones fiscales ni rebajas salariales, pues las ventajas que ofrece Venezuela actualmente para los capitales son extraordinarias (disponibilidad de tierras y recursos naturales, recursos humanos calificados, redes e infraestructura, entre otros). Hasta ahora, el costo soportado por los sectores sociales más vulnerables ha sido muy grande o excesivo. Este costo se ha prolongado, igualmente, por un tiempo demasiado largo; por ejemplo, los salarios han caído sostenidamente en términos reales desde 2009, por lo que se hace necesario recuperarlos y repartir mejor las cargas sociales.
Es necesario poner fin y revertir el deterioro del nivel de salarios reales; para ello, es necesario adoptar una política decidida de recuperación del salario y lucha contra la inflación. La recuperación del salario es condición para la recuperación sostenida del crecimiento y la inversión nacionales; sin mayor poder de compra, no habrá incremento de la demanda ni generación de oportunidades de negocio en la economía nacional. Adicionalmente, de manera muy significativa, la disminución de los salarios, por debajo del costo de reposición de la fuerza de trabajo, subsidia el "rentismo" y los bajos niveles impositivos de los capitales en Venezuela, sin ofrecer garantías de una mayor inversión a la sociedad, y soporta sobre bases muy desiguales el desarrollo económico nacional. La justa remuneración de los salarios es condición para la recuperación plena de la economía y sociedad venezolanas. Un incremento de las rentas extraordinarias que perciben los dueños del capital, sin un incremento de las inversiones, es antieconómico e injusto con los trabajadores y sectores más humildes de la sociedad.
Además, es necesario defender nuestra moneda, el bolívar, para poder tener la capacidad de incidir en el crecimiento económico, sobre todo, en el actual contexto de recesión global, acentuado por la Pandemia de COVID, y luego de la gran caída del producto interno. Resulta contraproducente alentar la dolarización o sustitución de la moneda nacional, elemento que ahonda divisiones y exclusiones en la sociedad. Para ello, es necesario actuar en el ámbito fiscal y mostrar responsabilidad en el financiamiento y ejecución del gasto estatal.
En el ámbito fiscal, se hace necesaria una reforma que ponga al régimen tributario venezolano a tono con los más modernos sistemas tributarios y fiscales existentes en la región, en particular, se trata de modernizarlo y actualizarlo; se trata de elevar su capacidad para recaudar los tributos, la eficiencia, progresividad y transparencia del sistema.
Desde el punto de vista de la capacidad de generar créditos, es necesario que ocurra una recapitalización de la banca en Venezuela, a fin de reponer su patrimonio y sus coeficientes de cobertura sobre los ahorros, los cuales obviamente fueron afectados por los niveles de inflación y fuga de capitales que se han producido en el pasado reciente.
Un punto imprescindible en la estrategia para recuperar el crecimiento económico es la reducción del peso de la deuda externa sobre el ingreso nacional; para ello, es necesario adelantar una auditoria y restructuración de los términos de la deuda (saldo y servicio), logrando una reducción en el peso de la misma sobre las oportunidades y potencial del crecimiento nacional.
Hasta ahora, se ha puesto un peso excesivo del costo del bloqueo sobre los hombros de los trabajadores y sectores medios venezolanos; además, esto se ha hecho sin conceder ninguna esperanza de recuperación a corto plazo. Es hora de mejorar significativa y, sobre todo, sostenidamente esta situación. Un pequeño cambio positivo en las expectativas puede ser muy decisivo.
Un acuerdo político y social amplio es necesario para dar un soporte estable a estas medidas y ponerle fin a esta situación de crisis agobiante. Es una gran prueba para la clase política; pensamos, sin embargo, que el fracaso, siquiera la duda, en dar este tipo de respuestas a ella, tendría muy serias consecuencias e invalidaría cualquier aspiración por parte de la clase política.