Hay una temática que no está contemplada en la agenda -hecha pública- de la mesa de diálogo radicada en México y esa tiene que ver con la libertad de expresión, coartada por la transnacional Twitter. Es un hecho notorio, público y comunicacional que dicha transnacional, en su exacerbado oposicionismo en contra de la Revolución Bolivariana se ha convertido en un reducto del antichavismo (fascismo), que induce a los administradores de dicha franquicia en Venezuela a sancionar, suspender y eliminar cuentas identificadas –abiertamente- como simpatizantes del chavismo, la Revolución Bolivariana y las causas justas de la izquierda mundial. Nuestra experiencia propia, nos ratifica en la opinión que expresar solidaridad por la libertad del empresario Alex Saab, es causal de suspensión de la cuenta en dicha red social. Asimismo, manifestar repulsión por el ladronzuelo del Juan Guaidó o algún otro de sus compinches, también es causa de sanción por dicha empresa transnacional. Valga decir, no compartir los antivalores de la corrupción, la delincuencia organizada y la mentira es motivo de suspensión de la cuenta por motivos que, según la robótica de Twitter, viola sus reglas. Asimismo, aunque suene contradictorio, enviar muchos tuiteres propios y retuitear tuits de líderes del chavismo, son razones más que suficientes para que una cuenta identificada con el chavismo, sea sacada de circulación o suspendida permanentemente. Con muchísima razón, Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del PSUV, se preguntaba, ante la suspensión y eliminación definitiva de la cuenta del programa Con el Mazo Dando, lo siguiente: «Suspendieron la cuenta del @ConElMazoDando. ¿Qué habremos hecho? Sí ya estamos sancionados por la UE. ¿Nos va a frenar eso? No nos conocen. Sí nos sacan por la puerta nos metemos por la ventana». Y, como el afamado programa de televisión, el de mayor rating en la tv venezolana; miles de cuentas de entes del Estado, políticos y políticas de la Revolución, militantes y simpatizantes del proceso revolucionario bolivariano, en fin, el antichavismo se ha convertido en la divisa de Twitter anti Venezuela.
Quien esto suscribe, ha sido consecuentemente sancionado por Twitter. Primeramente por, según el robot, emitir muchos tuit y retuitear tuits emanados de cuentas chavistas. Apelamos una y otra vez, y la respuesta fue siempre la misma: que había violado las reglas de Twitter. Revisamos las reglas, y no encontramos alguna que justificara tal sanción. Respondimos una y otra vez, y la respuesta del robot fue siempre que no más apelaciones, sancionado y punto; y ante la insistencia, la sutil amenaza que de continuar apelando no responderían, dejando intuir que la suspensión sería permanente, sin dudas, que difícil es dialogar con una máquina que no fue creada para razonar. Pues, nos dejamos de pistoladas y abrimos otra cuenta y sanción tras sanción, llegamos a un total de cinco cuentas abiertas y sancionadas todas bajo el mismo artilugio: violó las reglas de Twitter. Lo cierto, es que las sanciones de la empresa Twitter tuvieron distintas connotaciones que «justificaron» la sanción de dicha transnacional. En una oportunidad, abrimos la cuenta y tras seleccionar como amigos las cuentas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, tras cerrar la sesión y reabrirla nuevamente ya era objeto de sanción, y suspendida –permanentemente- quedó esa cuenta. Como hecho curioso, cada vez que abríamos una cuenta nueva, la empresa Twitter, te recibe recomendándote un listado de cuentas de connotados terroristas, encabezados por el ladronzuelo del Juan Guaidó y cía. Hasta el famoso «matacuras», alías Leopoldo Castillo, quien asesinó –mediáticamente- a su compinche Leopoldo López con un tuit, aparece entre los recomendados al abrir una cuenta nueva, valga decir, si de violar las reglas de Twitter se tratase…
La transnacional Twitter, además de no pagar impuestos en territorio venezolano, abusa al hacer uso del espacio radioeléctrico venezolano para comercializar con la data que le proveen los usuarios y usuarias de su red social y encima, actúa como un poder supraestatal que establece sus propias normas, ajenas a la Constitucionalidad vigente en la República Bolivariana de Venezuela. De allí, la vigencia del llamado hecho por el Presidente Nicolás Maduro a los diputados y diputadas de la República a establecer lo que ya es una norma en países soberanos, la regulación nacional de Twitter. Para ello, es necesario que los diputados y diputadas de la República, asuman la defensa del pueblo todo que hoy es objeto de la violación masiva de sus derechos humanos, en específico, el de la libertad de expresión con los límites previstos en la Constitución Bolivariana de 1999. Éstos y éstas, deben dejar a un lado sus temores a las represalias o suspensión de sus cuentas de parte de los administradores de la franquicia de Twitter en Venezuela. Curiosamente, dichos franquiciados no son precisamente venezolanos ni venezolanas, sino colombianos nacionalizados.
Establecer, un requisito que ya se ha convertido en universal como lo es que tengan representantes oficiales de la empresa en el país en que prestan sus servicios y como tal, que cumplan con la obligación de cancelar sus impuestos nacionales. Asimismo, ese mecanismo de sanciones y suspensiones debe realizarse en cumplimiento de lo previsto en la Constitución Nacional, que garantiza a los ciudadanos y ciudadanas nacionales como premisa básica fundamental -en aras de garantizar el debido proceso de toda actuación judicial y administrativa- que se realice en el territorio nacional, la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario (C.R.B.V.: Artículo 49.2). Mal hace, la transnacional Twitter, acusando y juzgando a sus usuarios y/o usuarias, sentenciándoles sus cuentas a la suspensión parcial (un mes) o permanente y encima, delegando esa función en un robot basado en un algoritmo irrazonable que no escucha ni lee razones válidas, que le permitan rectificar –a tiempo- una errada decisión; violentando así, este fundamental Artículo Constitucional que ordena: «que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable…» (C.R.B.V.: Artículo 49.3), y en consecuencia, violentando también el siguiente mandato Constitucional que establece que: «toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales…» (C.R.B.V.: Artículo 49.4).
Al permitir la violación del debido proceso como derecho Constitucional fundamental, el Tribunal Supremo de Justicia por omisión y la Asamblea Nacional por no legislar, incurren -ambas instituciones- en desacato Constitucional, y se convierten en cómplices de la violación masiva de los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos venezolanos, cuyo respeto y garantías son obligatorias de cumplirse por todos los órganos del Poder Público Nacional (C.R.B.V.: Artículo 19). Decía Montesquieu: «Existen dos formas de tiranía; una real, que consiste en la violencia del gobierno; y una de opinión, que surge cuando el gobierno establece cosas que chocan con la manera de pensar de una nación» (L'esprit des lois,livre onziéme). Solo que, en este caso donde dice: «gobierno» coloque Usted: «Twitter», y comprenderá lo que es la tiranía de la empresa privada y el peligro en que se ha transformado cuando alcanza la naturaleza transnacional. Ya lo habíamos dicho antes en otro artículo (Redes Sociales, imperialismo y libertad de expresión – Por: Henry Escalante), pero lo repetimos: «La Declaración Universal de los DDHH, proclama en su artículo 19 que: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.» En tiempos de totalitarismo digital, los medios digitales convierten en «dictador» a Nicolás Maduro y en «demócratas» a Zuckerberg y Elon Musk. Así de retorcido, está el mundo digital actual»…
Postscriptum: Nuestro reconocimiento a la diputada Tania Díaz, que es la única integrante de ese cuerpo legislativo, Asamblea Nacional, que ha comprendido -a cabalidad- el peligro que representan las empresas digitales transnacionales, cuando se les deja actuar a su libre albedrío y sin regulación nacional de ningún tipo. La experiencia reciente de Cuba, nos dice mucho de hasta donde son capaces de llegar con el fin de propiciar «cambios de régimen» o «revoluciones» de colores según los intereses del imperialismo. Todo gratuitamente pues no colabora en nada para el sostenimiento de los gastos e inversiones de los países en los que prestan sus servicios. Y si faltara algo más, terminan convertidas en un supra poder -extra Constitucional- que establece sus propias leyes y normas por las cuales deben regirse sus usuarios y/o usuarias. Recordemos aquella máxima de Chávez que establecía: «Dentro de la Constitución todo está permitido, fuera de ella ¡Nada!»…
Caracas, 08-09-2021