La Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció que, dado el (supuesto) proceso de venta de las acciones de la compañía Monómeros Colombo Venezolanos, la someterá a “control” administrativa ante “la posible venta de sus acciones”, según señala un comunicado.
El control “es el máximo grado de supervisión, de carácter societario, que ejerce la Superintendencia de Sociedades, preventivamente, con el fin de preservar la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo”.
El organismo aclaró que “el grado de supervisión denominado ‘control’ no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la Sociedad, quien conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la Constitución y la ley, con plena garantía de sus derechos”.
“Nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, cuya consecución redunda en favor de los grupos de interés, mediante acciones preventivas, de acompañamiento y supervisión, en ese sentido, ante posibles riesgos que afectan el interés general nuestro deber es actuar oportunamente, conscientes de la importancia que tienen las sociedades para la economía nacional y en el caso particular de Monómeros, por su relevancia para el agro, la soberanía alimentaria y los campesinos colombianos”, reza la comunicación remitida por la superintendencia.
“Ante posibles riesgos que afectan el interés general nuestro deber es actuar oportunamente, conscientes de la importancia que tienen las sociedades para la economía nacional y en el caso particular de Monómeros, por su relevancia para el agro, la soberanía alimentaria y los campesinos colombianos”, comentó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, citado en el comunicado.
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, publicó en X una carta dirigida a Maduro, con fecha del 8 de noviembre, en la que expresa su oposición a la supuesta venta de Monómeros.
En la misiva señaló que durante más de cinco décadas la empresa ha beneficiado a campesinos de ambos países con producción y venta a “precio justo” de insumos agrícolas y, actualmente, garantiza a “millones de familias” la productividad de sus tierras, por lo que su privatización “implicará el encarecimiento de los productos”.
Asimismo, obligaría a los productores a “depender de productos extranjeros y del precio de insumos agrícolas del mercado internacional”, según el mandatario colombiano.