A raíz del intento frustrado de la DGCIM de detener a una diputada opositora al gobierno de Nicolás Maduro, Yanet Fermín, sin cumplir los requerimientos constitucionales ni orden judicial conocida, ni allanamiento previo de la inmunidad parlamentaria, el autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó declaró: “No nos van a doblegar con violencia política y persecución”. Según sus declaraciones hay 30 diputados de la AN con la inmunidad violada, pero asegura que “la dictadura se va a sorprender el 5 de enero”, pronosticando que las fuerzas progobierno reincorporadas a la Asamblea Nacional no conseguirán los votos parlamentarios necesarios para evitar su reelección al frente del legislativo.
La diputada Yanet Fermín denunció que la DGCIM se habría llevado sus pertenencias tras allanamiento y otro diputado opositor, Fernando Orozco, denuncia también que esa entidad le allanó su casa. El funcionario de la DGCIM que comandó el asedio a la vivienda de la diputada Yanet Fermín fue denunciado en marzo de este año 2019 ante la Corte Penal Internacional, que ve por casos de Derechos Humanos, por torturar, presuntamente, a presos políticos. Algunos medios lo identificaron como Abel Angola, alias Aureliano.
Opositores se pusieron en alerta luego de que el alto funcionario de gobierno, Jorge Rodríguez (MIPPCI) anunció que se había librado orden de “búsqueda y captura” contra dos diputados, cuando presentó presuntas pruebas contra los diputados Fernando Orozco y Yaneth Fermín por la planificación de acciones contra unidades militares, para lo que habrían reclutado, según el parte oficial, a varios funcionarios de la policía del Estado.
Sin embargo, mientras se denuncia esta “persecución”, Juan Guaidó, que confrontó verbalmente al organismo de seguridad nacional e intervino para evitar la detención de una diputada, no fue blanco de ningún requerimiento policial, a pesar de auto atribuirse la presidencia de la República y haber llamado a la intervención armada de los Estados Unidos sobre Venezuela. Él no está siendo requerido por la Dirección General de Contra Inteligencia Militar y actúa con relativa libertad en distintos escenarios del país.
Llama la atención que por una parte se denuncia a unos diputados y se acusa públicamente a Guaidó de organizar un presunto ataque terrorista, pero no se actúa directamente contra él sino contra diputados de su entorno político, presumiblemente por las amenazas o posibles acuerdos secretos con Estados Unidos, que han puesto un veto a cualquier acción judicial o policial contra la persona de quien es reconocido como supuesto presidente de Venezuela por el gobierno de Trump. Por ello el gobierno de Nicolás Maduro no se atrevería a tocar a Guaidó, aunque le responsabiliza de ser el autor intelectual de todas las conspiraciones.
Rodríguez develó un supuesto plan que pretendía acciones sobre cuarteles el 15 de diciembre y penetrar desde Colombia con grupos paramilitares con el fin de "generar disturbios" y "asaltos" en varios estados venezolanos. Por su parte, la Casa Blanca anunció que los Estados Unidos tomarán "medidas más agresivas" contra gobierno de Nicolás Maduro y que en 2020 comenzará una nueva fase de su "política hacia Venezuela”.