2. Si hay quien por conveniencia, distancia o traición dejó de creer en aquel
librito, ese es su problema. Yo sigo creyendo en su promesa, en el horizonte
que dibuja, en su potencia, librito imperfecto como toda obra humana, pero
suficiente como para dar la pelea en el terreno que sea.
3. Nuestra Constitución
habla de Estado democrático y social de derecho y de justicia; exige al Estado
garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones
indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; compromete al Estado a
proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad,
como procesados o condenados, cualquiera fuere el motivo.
4. A propósito de los sucesos en El Rodeo, de la
muerte de veintiún presos y un familiar como consecuencia del motín del domingo
12 de junio, y sobre todo a partir de la operación que ejecuta la Guardia
Nacional desde el viernes 17, ha ganado fuerza el discurso sobre la necesidad
de que el Estado recupere el
control o restaure el orden
de las cárceles.
5. Imposible esquivar la pregunta: ¿el Estado alguna vez ha dejado de tener el
control sobre las cárceles? Nunca.
6. En las cárceles impera el orden impuesto por el Estado. De hecho, este status
quo carcelario devela parte de la lógica de funcionamiento del Estado
venezolano, y resume el conjunto de relaciones de fuerza sobre las que éste se
funda.
7. Las imágenes de lo incautado en El Rodeo 1 ofrecen una pista del tipo de orden que prevalece en las cárceles: se trata, sin duda, de un orden fundado en la violencia. ¿De una violencia ejercida por quiénes y contra quiénes? Las armas y las drogas incautadas sólo han podido ingresar el penal con el concurso activo o la complicidad, según se trate, de funcionarios y efectivos, civiles y militares, que hacen parte, junto con otros actores del sistema penal, de las mafias carcelarias. El de las cárceles es un negocio lucrativo, violento, criminal hasta la abominación, que beneficia a una compleja trama de funcionarios y efectivos, a una pequeña parte de la población penal, y afecta no sólo a la mayoría de los presos, sino a los funcionarios y efectivos que han pretendido enfrentarlo.
8. Habría que preguntarse si el status quo que impera
en las cárceles, incluyendo la regularidad de los motines de presos que se
disputan el control interno, no es la vía más expedita para garantizar la
despolitización del conflicto, es decir, para evitar que los presos se
organicen y luchen por sus derechos. Se trataría de un status quo que
garantiza el control político sobre la población penal.
9. Si la vieja clase política opositora, que creció y se hizo fuerte al amparo
de ese Estado criminal, violento y mafioso, hoy
se pretende defensora de los derechos de los presos contra los atropellos del
gobierno, no es porque le importe el destino de los presos. Lo que busca es
retomar el control del gobierno en 2012, y recuperar todo el terreno perdido dentro
del Estado. Para eso, debe adoptar una estrategia
de desgaste: denunciar la ineficiencia de la gestión gubernamental. Si los medios privados
entrevistan a los familiares de presos no es porque entiendan o se
solidaricen con su rabia o su dolor, sino porque es preciso introducir todas
las fisuras posibles en el seno del pueblo pobre, allí donde se concentra la
base social de apoyo a la revolución bolivariana. Se trata, por cierto, de una
impostura que les puede resultar cara: es sabido que el antichavista promedio
es más proclive al populismo punitivo: tolerancia cero, plomo al hampa, etc. No
conviene mucho exponerse tanto junto a los "miserables".
10. Contra este Estado criminal, violento, mafioso, anti-popular, insurgió la
revolución bolivariana. Mal
podríamos aparecer ahora como defensores de esa máquina infernal y despótica
que engulle y escupe pobres, que criminaliza y produce criminales, tal cual las
cárceles.
11. Todo discurso que disimule o silencie la realidad brutal de las mafias
carcelarias (quiénes la componen), que silencie, invisibilice o criminalice a
los familiares de presos,
es un discurso funcional a la preservación del status quo en las
cárceles; equivale a una defensa, de hecho, del aparato de Estado que hemos
heredado, ese enemigo acérrimo de la revolución bolivariana, que bloquea e
intenta neutralizar, en todos los frentes de lucha, la radicalización
democrática de la sociedad venezolana.
12. Dicho discurso, que
se ha colado en los medios públicos, es un serio obstáculo a los esfuerzos
que actualmente realizan el gobierno bolivariano y otros poderes del Estado
para controlar, efectivamente, la situación en El Rodeo 2 mediante el uso
proporcional de la fuerza, pero también para crear otra institucionalidad
penitenciaria y, más allá, para construir un sistema penal acorde con los
principios constitucionales. Para quienes, dentro del chavismo, se han hecho
portavoces de este discurso, no estaría de más una lectura de la Constitución
Bolivariana. A ver si aprenden algo, diría el buhonero.
13. Por último, no habrá solución posible sin escuchar a los presos. Tal es el
abc de la política revolucionaria: pueblo/sujeto, protagonista, que participa y
tiene voz y rostro. ¿O acaso los presos no son pueblo?
reinaldo.iturriza@gmail.com