El viernes 12 de agosto, en la ciudad de Maracay, se dictó sentencia condenatoria de 7 años de prisión a los empleadores Mounir Nassiff y Grabrielle Ferri por la muerte de un grupo de trabajadores que murieron,uno tras otro, al intentar rescatar de una fosa a sus compañeros, sin saber que el gas H2S los iba matando. También fueron condenados los supervisores Rinaldi Ferri y Giancarlo Ciavatti a 3 años de presidio por complicidad. La sentencia se basó en las sanciones penales establecidas en la reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
En el juicio quedó demostrado que la empresa nunca había notificado a los trabajadores los riesgos a la vida y la salud a los que estarían expuestos; nadie sabía en la empresa que el H2S es un mortífero gas que se desprende de sustancias orgánicas en descomposición (formadas en la fosa luego de varios días sin ventilación); ningún trabajador fue dotado de máscaras antigases apropiadas. Además, se hizo evidente que la empresa incurrió en otras graves violaciones al Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, un gesto típico de las empresas en las que predomina el lucro y el ascenso social rápido.
La sentencia es importante porque es el producto de la lucha de miles de delegados y delegadas de prevención (figura creada por la ley para llevar a los trabajadores a convertirse en la contraloría de la gestión de seguridad de las empresas) organizados por todo el país. A esta lucha respondió el Ministerio Público creando una Fiscalía con competencia Nacional, la Nº 78 por diligencias de la Fiscal Luis Ortega. La condena a Provegran es la primera que se produce luego de la reforma de la ley en el 2005, y la segunda desde que la ley fuera promulgada en 1986.
Para la UCV esta decisión es también muy importante, porque los creadores de la citada ley fueron los profesores fundadores de la Cátedra de Medicina del Trabajo en la Facultad de Medicina, Emigdio Cañizales y Rafael Felice, hoy ausentes físicamente de las luchas de los trabajadores, pero vivos en el calor de esas luchas.
Paradójicamente, en la UCV la prevención de los efectos negativos del trabajo --que plantearon Cañizales y Felice-- no se está aplicando a cabalidad, ya que en la UCV no se han elegido los delegados de prevención, ni se ha creado el servicio de seguridad y salud en el trabajo, ni mucho menos se han constituido los comités de seguridad y salud laboral. Tampoco se destina presupuesto alguno para mejorar las condiciones de trabajo que pueden causar accidentes y enfermedades ocupacionales, ni se atienden las recomendaciones de los prevencionistas, sean de la División de Ambiente, Salud y Seguridad en el Trabajo (que el rectorado está llevando a menos y condenando a su desaparición), o de los Bomberos Voluntarios de la UCV.
Desde el colectivo Proyecto Socialista hacemos votos porque ningún trabajador ucevista muera o quede discapacitado por un accidente o por alguna enfermedad ocupacional dado la violación de muchas normativas de seguridad e higiene laborales que se suceden en numerosos ambientes de la UCV, porque un supervisor académico o administrativo puede correr la suerte de los dueños de Provegran, basada en una ley que fue diseñada en los pasillos ucevistas, para el país y que se acata afuera de la universidad pero no en su interior. Vencer la sombra es la consigna del momento.
(*)Profesor UCV
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