El ajuste financiero del valor de la divisa es una medida justa y necesaria en el escenario financiero actual de la realidad venezolana. Lo acertado de la nueva fijación del precio del dólar se puede establecer por el grado de “molestia” y de las reacciones histéricas que surgen en el seno de la canalla oposicionista y en la sarta de perogrulladas del desorbitado Capriles tratando inútilmente de convertir la decisión del gabinete económico en un “paquetazo” neoliberal, como el que él tenia engatillado en su mediocre programa de gobierno.
El problema no está en la medida en sí, sino en la voracidad criminal de los especuladores y buscadores de fortuna fácil que medran sobre la economía venezolana.
Es la hora de grandes resoluciones, que el gobierno revolucionario no puede aplazar ni un minuto más. Llegó el momento de amarrarse los pantalanes y arremeter con todas las fuerzas de la ley contra especuladores (grandes, medianos y pequeños), contra funcionarios y militares corruptos que hacen pingues negocios cobrando millonarias comisiones por “hacerse de la vista gorda”.
Se trata de perseguir como ratas a quienes se lucran con el hambre y las necesidades del pueblo venezolano y a quienes traiciona la lealtad al Comandante Chávez y a la revolución bolivariana. Se trata de allanar las fincas que en Barinas y otros lugares de Venezuela sirven de escondite de automóviles para “engordarlos” como al ganado, del decomiso tanto de los automóviles como de las fincas. Se trata de imponer férreos controles en las fronteras para acabar con la maldición del contrabando de extracción de gasolina y alimentos imprescindibles de la dieta cotidiana del pueblo venezolano. Se trata de dar de baja deshonrosa a los militares que lo permiten y que se pudran en las cárceles. Se trata de aplicar mano dura a los “bachaqueros” del tamaño que sean y donde quiera que estén vendiendo los alimentos regulados y los de MERCAL a precios de usura. Se trata de expropiar a las grandes fábricas y distribuidoras de alimentos que “escasean” artificialmente los productos que están obligados a fabricar, vender y distribuir.
Se trata de fiscalizar a profundidad a quienes se les otorgan divisas y la posterior venta de los productos adquiridos con ellas, de forma que, si se comprueba especulación, vetar para siempre el otorgamiento de divisas a esa empresa. y multarlas con el equivalente a las divisas otorgadas. Se trata de establecer cuanto antes el PVP en todos los productos que se vendan en el país.
Se trata de ponerle freno a los “bachaqueros” que inundan tiendas y supermercados exigiéndoles el recibo de pago de luz eléctrica en las cajas y reflejarlo en las facturas del SENIAT de manera que solo puedan obtener los productos regulados o sujetos a especulación una sola vez al mes por familia.
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