El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha convocado a la sociedad toda a una lucha contra el flagelo de la corrupción al considerar que es un grave mal que amenaza a la patria.

De cierto, la corrupción y los corruptos al golpear y vulnerar las instituciones, los valores de la democracia, la ética y la justicia, cuestionan un proyecto político que, por plantearse un cambio sustantivo del orden preestablecido bajo formas capitalistas, está obligado a preservase en el terreno de la honestidad y la más absoluta trasparencia en la administración de los bienes públicos. En consecuencia, no hay duda, todos aquellos que militamos en la revolución bolivariana y que nos debemos a la ética del servir y no servirnos, acompañamos y respaldamos a nuestro Presidente.

Una revolución socialista verdadera se confronta todos los días con el tráfico de influencia, sobornos, malversaciones, concertación de públicos con privados, comisiones dolosas, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero, fraude fiscal y a la seguridad social y, el abuso de funciones. Y lo tiene que hacer para no perder la confianza de las grandes mayorías populares que fueron convocadas al esfuerzo de superar el liderazgo corrompido de la vieja oligarquía política bipartidista del siglo XX, cuyo extravío fue permitir sustituir el interés público por el interés privado de quienes se corrompieron.

El líder bolivariano Hugo Chávez es nuestra principal referencia en esta batalla, pocos ejemplos como el suyo para demostrar un radical desprendimiento por lo material y entrega verdadera a la función pública colocando sólo los intereses de la patria como objetivo central de su vida. Hace bien Nicolás en continuar esta senda marcada por el comandante. “O es la corrupción o es la patria” ha exclamado el Presidente en su convocatoria.

Nuestras revolución está obligada a derrotar la corrupción y a los corruptos. En todas las instituciones del estado, en los partidos de la revolución y en los órganos del poder popular debe darse una batalla frontal contra las dos principales perversiones en las que se ampara la corrupción y los corruptos: la solidaridad automática y la impunidad en quienes administran la justicia.

Una cultura contra la corrupción debe asumir como inaceptable que “vinculados” o propietarios de empresas, compañías, negocios, haciendas sean funcionarios públicos o postulados a cargos de representación popular. Igualmente, debemos aprobar códigos de conductas bolivarianos para funcionarios públicos, y en los partidos revolucionarios, que promuevan la integridad, la honestidad y la responsabilidad y, se sustente el actuar público en el principio de eficiencia y trasparencia.

La revolución puede hacer nuevos arreglos jurídicos para endurecer las sanciones en cuanto a embargos preventivos, incautación y decomiso de bienes sustraídos o robados al pueblo; así como en lo relativo a la protección de los denunciantes, testigos, peritos y victimas, para evitar la impunidad.

He propuesto al PSUV que lidere una reforma de la ley contra la corrupción para establecer la inhabilitación automática de por vida para cargos públicos a quienes se les encuentre incurso en manejo dolosos del dinero público o en otras fechorías anti éticas.

Consciente estoy que en una sociedad con la característica de un ingreso rentístico, ingreso que no produce pero que captura en el mercado mundial petrolero por efecto de productividades naturales diferentes, se complejiza el combate a la corrupción. Este comienza por una férrea voluntad política de mantener limpias las banderas del socialismo, del chavismo y de dar la batalla en la conciencia nacional, haciéndolo un hecho cultural, con programas en cada escuela, en cada liceo y en cada centro universitario que cultiven y fomenten en nuestros niños y jóvenes la intransigencia con la corrupción.