Hay un problema que tiene años en Venezuela con el transporte de diversas mercancías. Ya se ha constatado que mucho contrabando que pasa al vecino país lo hace con la complicidad de los funcionarios de las diversas alcabalas que cobraban el respectivo peaje para hacerse los locos. Es un problema muy grava de corrupción que se ejecuta a lo largo y ancho del país.
Los trabajadores del transporte de carga tienen que dejar cualquier cantidad de dinero en cada una de las alcabalas que montan las policías estadales, municipales, guardias y pare usted de contar. Alcabalas que sólo tienen la intención de extorsionar a los conductores de carga para llenarse los bolsillos.
Pues bien, tengo un conocido que tiene un camión con el cual se gana la vida y transporta mercancías para determinadas empresas. Lo cierto es que en uno se sus viajes el camión ha sido detenido por un Policía Estadal pidiéndole las facturas de compra para corroborar si la mercancía fue comprada a sobreprecio.
¿De cuando acá un policía estadal tiene conocimientos especializados de costos para determinar precios justos? Según la ley recién aprobada son funcionarios de la SUNDEE quienes deben efectuar fiscalizaciones mediante un oficio que lo faculta para la fiscalización y luego debe dejar constancia en un acta. Ademas, de acuerdo a los procedimientos administrativos dichos funcionarios deben ser designados en gaceta oficial para tales funciones.
¿Quién facultó a policías y guardias nacionales para fiscalizar precios justos en la mercancía transportada? Sabiendo bien que para determinar precios justos se requiere revisar toda la estructura de costos de la empresa, lo cual se efectúa en las instalaciones administrativas teniendo a mano toda la documentación necesaria. Los transportistas no tienen a la mano dicha documentación y eso lo saben los matraqueros, sólo que ahora tienen otra fuente de ingresos extras para continuar con una practica sucia conocidas por todos, que viene desde la cuarta, es cierto, pero la revolución no ha movido un dedo para acabar con estas mafias que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional.
¿Hasta cuando en Venezuela se va a seguir permitiendo que los policías en vez de estar combatiendo al hampa se dediquen a matraquear a cuantos conductores pasas por las miles de alcabalas ilegales instaladas en todo el territorio? y todo con la venia de sus superiores quienes reciben su respectiva comisión de tan millonario negocio. ¡basta ya de tanta sinvergüenzura!
No es justo que una ley que pretende proteger a los venezolanas se vea perjudicada por unas desgraciados funcionarios que sin tener la más mínima idea de costos, ahora pretenden ser fiscalizadores de precios y todo con la única intención de llenarse los bolsillos a costilla de la matraca.
