ANTICORRUPCION INTERPELACION POPULAR ORGANIZADA: (AIPO):

La oposición cerceno el derecho al voto de su militancia, esto es un DELITO ELECTORAL:

La oposición respondió básicamente con dos de sus prácticas sistemáticas: desconocer el imperio de la ley y el terrorismo fundamentalista.

Esta intentona de “golpe electoral” y aplicación de foquismo, cuyo único objetivo sería derrocar el gobierno Bolivariano, alegando “deslegitimidad del proceso electoral”, esta propuesta es lo más antidemocrático y burdo que se haya visto en Venezuela en contra de la democracia.

Obviamente estos camicaces electorales, fagocitas, no se han percatado todavía el nivel de crisis que sus dirigentes provocaron en el seno sus organizaciones, por lo hemos de obligarlos que rindan cuentas, pero esta vez no ha de ser a los gringos, sino a sus militantes y al pueblo venezolano.

Partamos describiendo las diferencias conceptuales de legalidad y legitimidad:

a) Legalidad: El principio de legalidad implica supremacía de la Constitución y la Ley, como expresión de la voluntad general frente a todos los poderes públicos, además implica la ejecución de la administración de sus propias normas.

b) Legitimidad: Cualidad distintiva de la acción política, referido a un gobierno o soberanía, significa apropiado y cumple ciertas reglas de las políticas aceptadas de una forma como legitima y apropiada, puede que estas acciones sean admitidas y respetadas por un grupo, pero por otro no.

Es obvio que entre estos dos términos, está por encima el de la legalidad. Es cuesta arriba, intentar aflorar argumentación alguna por parte de estas organizaciones e intentar sustentarse es la tesis de la “deslegitimación de las elecciones parlamentaria de 2005”
Están vilmente engañando a su militancia, con falsas promesas de que va ha derrocar por esta vía al gobierno Bolivariano.

Para desconocer cualquier proceso electoral, en un país que vive en democracia, deben poseer causales suficientes y tener elementos de convicción, de que el Estado intento poner en riesgo o actuó incidiendo en forma negativa sus participaciones, aquí sucedió todo lo contrario, porque el organismo competente el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió con todos los pasos exigibles tanto por las normativas de LOSYPP, como cumplió con las resoluciones que emana este Poder Público, resoluciones y dio cumplimiento al cronograma, incluso incurrió en ceder en forma complaciente eliminar las caza huellas. Pero el problema no sólo radica en todo lo antes expuesto, la oposición cometió una cadena de delitos constitucionales y electorales que deben ser denunciados ante los órganos competentes.

1. Los partidos deben indemnizar los gastos que produjeron a la nación, en el entendido de que el Estado ejecutó e incluso se extralimitó en cumplimiento de sus funciones y el cronograma que establece la Ley del Sufragio, en nombre de las múltiples exigencias manipuladoras, irrespetuosas y abusivas de los partidos de la oposición.

2. El inconveniente radica en que los tautológicos discursos de ustedes, rayan en el analfabetismo y la disfuncionalidad del lóbulo izquierdo, acaso se les olvidó que cuando ustedes inscribieron a sus organizaciones en una dependencia del CNE denomina partidos políticos, y que previa recolección de firmas de sus militantes en un instrumento de adhesión que aporta en CNE, para así formalizar su legalidad luego de haber cumplido con ese paso con ciertos requisitos presuntamente el siguiente paso consiste en cotejar esos datos con los del REGISTRO ELECTORAL PERMANATE, y si cumplen con la porcentualidad exigida a las organizaciones locales, regionales o nacionales.

Entonces le preguntamos a los ciclónicos partidos políticos de la oposición, lo siguiente: nuestra organización AIPO demostró ante el TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA LA NO EXISTENCIA DE REP, y prohibió que siguiera existiendo organizaciones paralelas al CNE (como Súmate) pero estos siguen viviendo su estado paralelo, antidemocrático y mediocre por actúan como patoteros, no como seres civilizados.

Ahora bien, nuestra organización AIPO le hemos solicitado en varias oportunidades al CNE hacer una auditoria de las planillas de inscripción DE Primero justicia, Alianza al Bravo Pueblo, Bandera Roja, Un Solo Pueblo y otros, donde se compruebe la existencia de las firmas y huellas dactilares de su militancia, para así constatar su legalidad (documentos que tenemos en nuestras manos) y NO HEMOS TENIDO RESPUESTA ALGUNA DE NINGUNO DE LOS RECTORES DEL CNE PARA HACER ESTA AUDITORÍA, PERO EN CAMBIO A LA OPOSICIÓN SI LE REPONDEN A SUS NECEDADES.

Pero hay algo aun más grave, y que como defensores de los interese del colectivo vamos a denunciar también la forma inconsulta de cercenarle el derecho al voto de su militantes.
Nosotros estamos seguros que la constitución de estos partidos son ilegales totalmente,
Pero lo INCREIBLE ES COMO DE FORMA LIGERA HABLAN DE ILEGALIDAD Y DESLIGITIMACIÓN.

NOS VEREMOS EN LOS ESTRADO.