REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

   REF.: 1211/2006  

CIUDADANO,
PRESIDENTE EDITOR DE REPORTE DIARIO DE LA ECONOMÍA
SU DESPACHO:

Sr. Tannous F. Gerges.

Quien suscribe, BRUNO ZANARDO, Venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 8.082.698, de este domicilio, actuando como Consultor Jurídico de CVG VENALUM, con fundamento en lo consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Ejercicio del Periodismo y concatenado con lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Ética del Periodista Venezolano, por conducto de la presente, me dirijo a Usted en la oportunidad de manifestarle lo que a continuación se acota: 

Desde el 25 de octubre del pasado año 2005, en el Diario bajo su responsabilidad se han profusamente publicado reseñas periodísticas contentivas de afirmaciones, conceptos, análisis e interpretaciones relacionadas con la negociación que recayó sobre un conjunto de Providencias Administrativas emanadas del SENIAT, en las que se les reconocía a CVG VENALUM determinadas cantidades de dinero por concepto de Reintegro Tributario; afirmaciones y comentarios que se expresan sin el más mínimo respeto a la Dignidad de las Personas, al Ordenamiento Jurídico Positivo y a las Instituciones Públicas que integran la República.  

En efecto, el Periódico Reporte Diario de la Economía ha dado cobijo en sus páginas al anonimato, al vejamen e improperios contra la Gerencia de la Empresa y han agredido públicamente la reputación e imagen de ésta; al extremo que han juzgado y condenado públicamente a Gerentes de CVG VENALUM a partir de sus “propias pruebas y razonamientos”, es decir, sin que previamente haya mediado el más elemental procedimiento en que se obre con sujeción a los Universalmente aceptados Principios que informan el Derecho. Quizás sea porque algunos Comunicadores relacionados con dicho Medio, ignoran que la mayoría del Pueblo Venezolano mediante Referéndum realizado el 15 de diciembre de 1999 decidió, constituirse en un Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia que tiene, entre otros fines esenciales, la defensa y el desarrollo de la Persona y el respeto a su Dignidad.

No es el propósito de la presente misiva, en este sentido, contrariar y refutar cada una de dichas opiniones e infundados señalamientos, ni tampoco recurrir a la vieja práctica de descalificar a quienes desde hace más de 6 meses desarrollan una campaña de interesada tergiversación de los hechos y descalificación Ética y Profesional de mi Persona, pues en tal caso, descendería a la oprobiosa práctica de la Cultura Política que toda mi vida he combatido, a costa incluso de la persecución y represión de los gobiernos asesinos de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, para solo mencionar la etapa blanca de la cuarta república, lo cual por lo demás me diferencia radicalmente de los voceros de esta temeraria campaña, quienes en algunos casos, hasta hace poco defendían las “bondades” de estos gobiernos, al punto que, hasta con lagrimas en los ojos se enorgullecían de cantarle el himno de acción democrática a su caudillo Alfaro Ucero.

Me anima sinceramente Señor Editor, hacerle un llamado de atención para su reflexión, en torno a la Responsabilidad Social que implica el ejercicio de la comunicación como Profesión, toda vez que serán los Tribunales de la República y no unos Medios de Comunicación, quienes en congruencia con el DEBIDO PROCESO profieran sus respectivas decisiones sobre tan publicitado asunto;  y en tal perspectiva, me permito formular la siguiente interrogante:

¿Cuál debe ser la actitud de un Ciudadano o Ciudadana al disponer de elementos que lo conducen al convencimiento que está frente a un hecho de corrupción?

 Sin duda, a la luz de nuestro Derecho Patrio, inmediatamente recurrir ante la Autoridad Pública Competente a solicitar la apertura de  la correspondiente investigación, para que en celoso resguardo del DEBIDO PROCESO, establezca las responsabilidades, y consecuencialmente, imponga las sanciones a que se ha hecho acreedor quien perpetró el ilícito. En tal contexto incluso, no sería jurídica ni éticamente reprochable, que en el ejercicio de una sana lógica comunicacional, procediera responsablemente a informar a la Colectividad, acerca de sus valoraciones y actuaciones sobre el asunto en cuestión, a objeto de propiciar el control social  que debe guardársele a las actuaciones de los Órganos Investigativos y Jurisdiccionales que procesan el asunto, en procura de garantizar la objetividad, celeridad, transparencia, y principalmente la justicia como condición esencial de la Paz Social.

 Ahora bien, cuando se observa contrariamente que ciertas Compañías Privadas dedicadas a la actividad Comunicacional, que abiertamente adversan la política que impulsa el Gobierno Nacional, le brindan abrumadores espacios de cobertura a las opiniones que emiten ciertos voceros de Grupos Políticos-Económicos que interactúan en la Región Guayana, las cuales van dirigidas a descalificar, desacreditar y denigrar de la honrada conducta que asumen ciertos  Empleados Públicos en el desempeño de sus funciones, mediante las constantes agresiones que se fundan en generalidades y especulaciones, donde incluso terminan convirtiéndose en Juez y Parte del espectáculo público que orquestan en complicidad con dichos medios de comunicación; cabe preguntarse entonces, Señor Editor:   

¿Será verdad que las denuncias públicas formuladas por estos voceros persiguen sinceramente combatir la corrupción?;

o por el contrario,

¿Será que dichas denuncias persiguen descalificar públicamente a quienes simplemente en cumplimiento de su deber no admite ni tolera prácticas administrativas que afectan el Patrimonio del Estado, y por tanto, se convierten en obstáculo para la corrupción?

 Ciertamente, si se observa que después de realizada públicamente una denuncia, su autor, cabalga en la misma de forma reiterada, no para adicionar nuevos elementos, sino para escandalizar al extremo que incurre en generalidades y especulaciones en las que se hace notoria su intención de descalificar a una persona determinada, es evidente, que la motivación de la denuncia no persigue  combatir la corrupción, sino provocar el cese del ejercicio de las funciones públicas que ejerce el denunciado, dado que se ha convertido en un obstáculo para la realización de sus nefastos intereses; tanto mas cuanto que,  el denunciante tiene conocimiento que el asunto se está procesando por ante las Autoridades Públicas Competentes, a fin del establecimiento de las responsabilidades legales respectivas.  

 A decir verdad, lo que realmente acontece en este contexto, es que la denuncia no solo es una genuina expresión del conflicto de intereses que subyace entre los intereses que representa el autor de ésta y los intereses que representa el Empleado Público objeto del señalamiento, sino que la denuncia en cuestión, se convierte en un instrumento político para provocar la salida del Empleado o desprestigiar una Gestión o Institución determinada, todo ello en el marco de la ejecución de una estrategia que desarrollan quienes adversan la Revolución Bolivariana, a pesar de que incluso hablan en su nombre, y en algunos casos, ocupan cargos de dirección dentro de las Instituciones Públicas.

 En tal sentido, la pretensión de ciertos Grupos Políticos-Económicos de hegemonizar a la CVG y sus Empresas Tuteladas, es sin duda la esencia del conflicto, toda vez que estas  Instituciones encarnan en sí mismas, un conjunto de intereses; vale decir: Administración y colocación de altos volúmenes de dinero en el mercado financiero nacional e internacional; erogación de centenares de miles de millones de bolívares por concepto de compras y contrataciones de obras y servicios; selección de tecnologías, y disposición de una extensa y consolidada infraestructura física, automotor y comunicacional. En pocas palabras, hay quienes pretenden continuar enriqueciéndose ilegalmente a costa del Erario Público y en severo perjuicio de los intereses de la Patria, para ello sobornan, intimidan, extorsionan y amenazan, pues de lo único que entienden es del sonido de sus cajas registradoras; por el contrario,  hay otros, que son la mayoría, que luchan por adecentar la administración de la CVG y sus Empresas Básicas, y se esfuerzan por convertirlas en instrumentos efectivos del y para el Desarrollo Integral de la Nación; camino que ya emprendió el Ciudadano Ministro Víctor Álvarez, a través del proceso de REINVENTAR a la CVG y sus Empresas Tuteladas.

 Resta finalmente adicionar que, poco contribuye al éxito de la lucha contra la corrupción en la Sociedad Venezolana, cuando deliberada o inconcientemente se auspician ambientes donde todo pareciera ser corrupción, donde todas las personas son corruptas, donde se invierte el principio de la inocencia y entonces todos los Empleados Públicos son sospechosos de corrupción; pues allí Señor Editor, no sólo pierden las Personas, las Instituciones, las Gestiones Gubernamentales de que se trate, sino que a la postre terminan perdiendo todos, es decir, LA PATRIA; tanto mas cuanto que, al fortalecerse esa matriz comunicacional se propicia la ruta a una situación de anomia social, en la que todo se convierte en una intriga, en pugna, en desesperanza, en fin, en una desquiciada confrontación, donde sólo temporalmente termina beneficiándose, aquel que hizo del periodismo una actividad mercantil sin ningún tipo de escrúpulos, en la que la noticia se adultera a tal punto, que se convierte en una mercancía destinada a saciar la perversidad que fue cultivada a través de un planificado amarillismo.

Por último, en consideración a las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, le solicito se sirva hacer pública ésta misiva, en la que se concreta mi derecho a réplica como usuario de la comunicación, de otro modo, forzosamente tendré que concluir, que en el Diario bajo su dirección no hay espacio a un auténtico del ejercicio del Periodismo. 

Reiterándole, la disposición de cooperar en todo cuanto contribuya al engrandecimiento de la Patria Bolivariana, queda de Usted, a los  26 días del mes de abril del año 2006.

 
MUY ATENTAMENTE 
Bruno Zanardo
Consultor Jurídico
CVG VENALUM