REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
REF.:
1211/2006
CIUDADANO,
PRESIDENTE EDITOR DE REPORTE
DIARIO DE LA ECONOMÍA
SU DESPACHO:
Sr.
Tannous F. Gerges.
Quien suscribe, BRUNO ZANARDO, Venezolano, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad número 8.082.698, de este domicilio,
actuando como Consultor Jurídico de CVG
VENALUM, con fundamento en lo consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Ejercicio del
Periodismo y concatenado con lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Ética
del Periodista Venezolano, por conducto de la presente, me dirijo a Usted en la
oportunidad de manifestarle lo que a continuación se acota:
Desde el 25 de
octubre del pasado año 2005, en el Diario bajo su responsabilidad se han
profusamente publicado reseñas periodísticas contentivas de afirmaciones,
conceptos, análisis e interpretaciones relacionadas con la negociación que
recayó sobre un conjunto de Providencias Administrativas emanadas del SENIAT,
en las que se les reconocía a CVG VENALUM determinadas cantidades de dinero por
concepto de Reintegro Tributario; afirmaciones y comentarios que se expresan sin
el más mínimo respeto a la
Dignidad de las Personas, al Ordenamiento Jurídico Positivo y
a las Instituciones Públicas que integran la República.
En efecto, el
Periódico Reporte Diario de la
Economía ha dado cobijo en sus páginas al anonimato, al vejamen e improperios contra la Gerencia de la Empresa y han agredido
públicamente la reputación e imagen de ésta; al extremo que han juzgado y
condenado públicamente a Gerentes de CVG VENALUM a partir de sus “propias
pruebas y razonamientos”, es decir, sin que previamente haya mediado el más elemental procedimiento en que se obre
con sujeción a los Universalmente aceptados Principios que informan el Derecho.
Quizás sea porque algunos Comunicadores relacionados con dicho Medio, ignoran
que la mayoría del Pueblo Venezolano mediante Referéndum realizado el 15 de
diciembre de 1999 decidió, constituirse en un Estado Democrático y Social de
Derecho y Justicia que tiene, entre otros fines esenciales, la defensa y el
desarrollo de la Persona
y el respeto a su Dignidad.
No es el propósito
de la presente misiva, en este sentido, contrariar y refutar cada una de dichas
opiniones e infundados señalamientos, ni tampoco recurrir a la vieja práctica
de descalificar a quienes desde hace más de 6 meses desarrollan una campaña de interesada
tergiversación de los hechos y descalificación Ética y Profesional de mi Persona,
pues en tal caso, descendería a la oprobiosa práctica de la Cultura Política
que toda mi vida he combatido, a costa
incluso de la persecución y represión de los gobiernos asesinos de Jaime
Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, para solo mencionar la etapa blanca de la
cuarta república, lo cual por lo demás me diferencia radicalmente de los
voceros de esta temeraria campaña, quienes en algunos casos, hasta hace poco defendían las “bondades” de
estos gobiernos, al punto que, hasta con lagrimas en los ojos se enorgullecían
de cantarle el himno de acción democrática a su caudillo Alfaro Ucero.
Me anima
sinceramente Señor Editor, hacerle un llamado de atención para su reflexión, en
torno a la Responsabilidad Social
que implica el ejercicio de la comunicación como Profesión, toda vez que serán los Tribunales de la República y no unos
Medios de Comunicación, quienes en congruencia con el DEBIDO PROCESO profieran
sus respectivas decisiones sobre tan publicitado asunto; y en tal perspectiva, me permito formular la
siguiente interrogante:
¿Cuál debe ser la actitud de un Ciudadano o Ciudadana
al disponer de elementos que lo conducen al convencimiento que está frente a un
hecho de corrupción?
Sin duda, a la luz
de nuestro Derecho Patrio, inmediatamente recurrir ante la Autoridad Pública
Competente a solicitar la apertura de la
correspondiente investigación, para que en celoso resguardo del DEBIDO PROCESO, establezca las
responsabilidades, y consecuencialmente, imponga las sanciones a que se ha
hecho acreedor quien perpetró el ilícito. En tal contexto incluso, no sería
jurídica ni éticamente reprochable, que en el ejercicio de una sana lógica
comunicacional, procediera responsablemente a informar a la Colectividad, acerca
de sus valoraciones y actuaciones sobre el asunto en cuestión, a objeto de
propiciar el control social que debe
guardársele a las actuaciones de los Órganos Investigativos y Jurisdiccionales que
procesan el asunto, en procura de garantizar la objetividad, celeridad,
transparencia, y principalmente la justicia como condición esencial de la
Paz Social.
Ahora bien, cuando se observa
contrariamente que ciertas Compañías Privadas dedicadas a la actividad Comunicacional,
que abiertamente adversan la política que impulsa el Gobierno Nacional, le brindan abrumadores
espacios de cobertura a las opiniones que emiten ciertos voceros de Grupos Políticos-Económicos
que interactúan en la Región Guayana,
las cuales van dirigidas a descalificar, desacreditar y denigrar de la honrada conducta
que asumen ciertos Empleados Públicos en
el desempeño de sus funciones, mediante las constantes agresiones que se fundan
en generalidades y especulaciones, donde incluso terminan convirtiéndose en Juez
y Parte del espectáculo público que orquestan en complicidad con dichos medios
de comunicación; cabe preguntarse entonces, Señor Editor:
¿Será verdad que las denuncias públicas formuladas por
estos voceros persiguen sinceramente combatir la corrupción?;
o por el contrario,
¿Será que dichas denuncias persiguen descalificar
públicamente a quienes simplemente en cumplimiento de su deber no admite ni
tolera prácticas administrativas que afectan el Patrimonio del Estado, y por
tanto, se convierten en obstáculo para la corrupción?
Ciertamente, si se observa que
después de realizada públicamente una denuncia, su autor, cabalga en la misma
de forma reiterada, no para adicionar nuevos elementos, sino para escandalizar
al extremo que incurre en generalidades y especulaciones en las que se hace
notoria su intención de descalificar a una persona determinada, es evidente,
que la motivación de la denuncia no persigue combatir la corrupción, sino provocar el cese
del ejercicio de las funciones públicas que ejerce el denunciado, dado que se
ha convertido en un obstáculo para la realización de sus nefastos intereses; tanto
mas cuanto que, el denunciante tiene
conocimiento que el asunto se está procesando por ante las Autoridades Públicas
Competentes, a fin del establecimiento de las responsabilidades legales
respectivas.
A decir verdad, lo que realmente
acontece en este contexto, es que la denuncia no solo es una genuina expresión
del conflicto de intereses que subyace entre los intereses que representa el autor
de ésta y los intereses que representa el Empleado Público objeto del
señalamiento, sino que la denuncia en cuestión, se convierte en un instrumento
político para provocar la salida del Empleado o desprestigiar una Gestión o
Institución determinada, todo ello en el marco de la ejecución de una
estrategia que desarrollan quienes adversan la Revolución Bolivariana,
a pesar de que incluso hablan en su nombre, y en algunos casos, ocupan cargos
de dirección dentro de las Instituciones Públicas.
En tal sentido, la pretensión de
ciertos Grupos Políticos-Económicos de hegemonizar a la CVG y sus Empresas Tuteladas, es
sin duda la esencia del conflicto, toda vez que estas Instituciones encarnan en sí mismas, un
conjunto de intereses; vale decir: Administración y colocación de
altos volúmenes de dinero en el mercado financiero nacional e internacional;
erogación de centenares de miles de millones de bolívares por concepto de
compras y contrataciones de obras y servicios; selección de tecnologías, y
disposición de una extensa y consolidada infraestructura física, automotor y
comunicacional. En pocas palabras, hay quienes pretenden continuar
enriqueciéndose ilegalmente a costa del Erario Público y en severo perjuicio de
los intereses de la Patria,
para ello sobornan, intimidan, extorsionan y amenazan, pues de lo único que
entienden es del sonido de sus cajas registradoras; por el contrario, hay otros, que son la mayoría, que luchan por
adecentar la administración de la
CVG y sus Empresas Básicas, y se esfuerzan por convertirlas
en instrumentos efectivos del y para el Desarrollo Integral de la Nación; camino que ya
emprendió el Ciudadano Ministro Víctor
Álvarez, a través del proceso de REINVENTAR
a la CVG y
sus Empresas Tuteladas.
Resta finalmente adicionar que, poco
contribuye al éxito de la lucha contra la corrupción en la Sociedad Venezolana,
cuando deliberada o inconcientemente se auspician ambientes donde todo
pareciera ser corrupción, donde todas las personas son corruptas, donde se
invierte el principio de la inocencia y entonces todos los Empleados Públicos
son sospechosos de corrupción; pues allí
Señor Editor, no sólo pierden las Personas, las Instituciones, las Gestiones
Gubernamentales de que se trate, sino que a la postre terminan perdiendo todos,
es decir, LA PATRIA; tanto mas cuanto que, al fortalecerse
esa matriz comunicacional se propicia la ruta a una situación de anomia social,
en la que todo se convierte en una intriga, en pugna, en desesperanza, en fin,
en una desquiciada confrontación, donde sólo temporalmente termina beneficiándose,
aquel que hizo del periodismo una actividad mercantil sin ningún tipo de
escrúpulos, en la que la noticia se adultera a tal punto, que se convierte en
una mercancía destinada a saciar la perversidad que fue cultivada a través de
un planificado amarillismo.
Por último, en
consideración a las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, le
solicito se sirva hacer pública ésta misiva, en la que se concreta mi derecho a
réplica como usuario de la comunicación, de otro modo, forzosamente tendré que
concluir, que en el Diario bajo su dirección no hay espacio a un auténtico del
ejercicio del Periodismo.
Reiterándole, la
disposición de cooperar en todo cuanto contribuya al engrandecimiento de la Patria Bolivariana,
queda de Usted, a los 26 días del mes de
abril del año 2006.
MUY ATENTAMENTE
Bruno Zanardo
Consultor Jurídico
CVG VENALUM
