Lunes, 14 de marzo de 2016.

La transferencia de la propiedad de la mercancía, cuando la misma es comprada por el distribuidor y luego por el comerciante minorista, es la raíz del problema económico que enfrentamos. Si queremos resolver el problema, tenemos que evitar la transferencia de propiedad de la mercancía a la cadena de intermediarios, sino que ésta pase directamente del productor al consumidor final, tal como se ilustra en la siguiente figura:

Decir simplemente que hay que "consolidar la red pública de distribución", sin decir cómo y en particular sin aludir a la consabida corrupción de Mercal, Pdval, etc. es no aportar mucho para la solución del problema. A tal efecto, se propone el Monopsonio Estatal de rubros prioritarios, distribución logística mediante Plan Bolívar Chávez (Fuerza Armada y Pueblo) y despacho por consumo programado de acuerdo a la reticulación político-territorial de las estructuras organizativas del Poder Popular. Para evitar la corrupción: Transparencia radical, es decir, publicación en Internet en tiempo real de todas las transacciones, lotes de producción, movimientos de productos, almacenes, rutas, guías, despachos, volúmenes, tiempos de despacho, etc., etc., más el control popular de los censos o listas de consumidores finales.

Es una solución Cívico-Militar para el contrabando y el bachaqueo en todo el territorio nacional con incidencia inmediata y radical en los niveles de desabastecimiento.

Se propone que la reestructuración y relanzamiento de la red pública de abastecimiento se haga mediante venta personalizada (programada) para todos los rubros esenciales que están siendo utilizados para la guerra económica. Utilizar los establecimientos de la Red Pública de Abastecimiento, y otros aliados de despacho que se sumen que sean avalados por las comunidades y la Corporación Central de Abastecimiento, con base en censos o listados de hogares dentro del ámbito territorial definido para cada Unidad de Abastecimiento (bodega, abasto, centro, etc.). Los listados de hogares deben ser elaborados y avalados por el poder popular organizado, cuando exista, y ser controlados por la Corporación Central de Abastecimiento del Estado. La data debe cruzarse con la base de datos del CNE y el Censo Nacional de Población y Vivienda, con un método permanente de actualización.

El sistema debe ser territorializado, donde cada hogar reciba el suministro de los productos esenciales de manera regular y personalizada. Los productos sujetos a protección del Estado no podrán venderse por demanda en ningún establecimiento de la Red Pública de Abastecimiento o sus aliados, ni tampoco en ningún establecimiento del sector privado (supermercados, cadenas, abastos o bodegas). Este sistema tiene como antecedentes operativos al Mercal Obrero y el Mercal Casa por Casa. En la lógica capitalista, tiene como antecedente a todos los sistemas de venta programada o anticipada, cada vez más en boga. Sería un relanzamiento ampliado de esa lógica de distribución, como "Mercal Directo" o "Mercal Hogar".

Si se desea un impacto rápido, se puede comenzar este sistema de manera muy fácil en poblaciones que ya están censadas y bien controladas, como los empleados públicos, los nuevos urbanismos y las poblaciones vulnerables y políticamente captables, tales como discapacitados.

La red de abastos y bodegas del sistema de abastecimiento seguro o protegido, debe funcionar como centros de despacho y no como comercios por demanda sólo para los productos esenciales protegidos por el Estado. Para los demás productos (no esenciales o no protegidos por el Estado), seguirá la venta por demanda como hasta ahora. El poder popular organizado, dondequiera que exista, deberá articularse para avalar los aliados de comercio que se sumen a la red, así como elaborar, mantener y controlar los censos y listas de hogares, al igual que vigilar permanentemente el funcionamiento adecuado del sistema, cuya información para el seguimiento del suministro deberá estar disponible en tiempo real en Internet para que todos los hogares del país se conviertan en los contralores sociales directos de su propio consumo esencial.

Para garantizar el suministro adecuado de los productos esenciales protegidos por el Estado, y no correr el riesgo de incumplirle a los hogares que ya estén censados y expectantes de recibir sus productos, deberá decretarse el Monopsonio Estatal para cada uno de ellos; cuya garantía de cumplimiento deberá asegurarse mediante la instalación inmediata de Unidades Cívico-Militares de Control de la Producción en cada una de las plantas de producción y centros de acopio y/o importación de cada uno de los productos esenciales protegidos por el Estado. Ya esto se hace mediante la figura legal de la Verificación In Situ, en el caso de las empresas fabricantes de especies alcohólicas, así como en el cobro de regalías e impuestos prediales de la producción petrolera.

Para garantizar la distribución oportuna se utilizará la Red Pública de Abastecimiento del Estado, todos sus recursos logísticos, así como los recursos logísticos del Estado en general, incluida si es necesario la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

A tal efecto, se recomienda centralizar las capacidades logístico-distributivas del Estado (camiones, almacenes, etc.) en la misma Corporación Central de Abastecimiento, sumando las capacidades existentes actualmente en Corpologística y Sunagro, entre otras.

Los distribuidores privados podrán seguir participando, pero no podrán comprar la mercancía, sino solamente trasportarla y cobrar por ello el flete y otros posibles cargos logísticos. La propiedad de la mercancía, en todo momento, pertenecerá al Estado, hasta que sea despachada al hogar destinatario final por el establecimiento de la Red de Abastecimiento del Estado asignado para ello.

Se recomienda así mismo, la Intervención Cívico-Militar de los canales de distribución del grupo de rubros esenciales protegidos por el Estado que están siendo objeto de guerra económica: esto para determinar qué sucede, monitorearlos permanentemente y tomar el control de los mismos si es necesario.

Para que la solución propuesta tenga éxito es CONDICIÓN INDISPENSABLE, lo siguiente:

Transparencia radical. Publicación en Internet en tiempo real de toda la información contable, financiera, administrativa y operativa, hasta el último detalle, de todos los organismos, empresas y demás entidades vinculadas con la producción, importación, distribución, comercialización y control gubernamental de los productos bajo régimen de control: transacciones, lotes de producción, movimientos de productos, almacenes, rutas, guías, despachos, volúmenes, tiempos de despacho, etc., etc., más el control popular de los censos o listas de consumidores finales. El argumento de secreto comercial o empresarial es válido, pero no para la producción o importación con divisas que son de todo el pueblo venezolano, es decir, para las divisas públicas. Si se hace uso de divisas públicas, pues debe someterse al escrutinio público.

Contraloría social efectiva (no meramente retórica). Pasa por la promulgación por parte del Ejecutivo Nacional del Reglamento de la Ley Orgánica de Contraloría Social –actualmente en mora- para que se active el pueblo contralor. Así como también la puesta en práctica de la Ley de Infogobierno vigente, la cual requiere para su instrumentación la promulgación de la ley que regule el acceso a la información pública, todavía inexistente.

Propuesta para generar Alertas Tempranas y Medidas de Inteligencia contra Prácticas Fraudulentas:

Sistematización de la data contenida en diferentes archivos y registros de la Administración Pública, en particular SENIAT, SIEX, SAPI, CENCOEX y SUNDEE. Adicionalmente, es indispensable instrumentar mecanismos urgentes de flujo de data desde todas las aduanas del país, así como desde todos los registros mercantiles e inmobiliarios, y acudir a nuestras embajadas para la consulta de registros oficiales en los países donde se encuentran domiciliadas las empresas extranjeras vinculadas con el capital corporativo radicado en Venezuela.

Entre las informaciones que es necesario compilar para cada grupo corporativo, se encuentran las siguientes (todo clasificado por Código Arancelario):

• Volúmenes de producción.
• Materias primas detalladas e insumos, y porcentaje de procura nacional.
• Precio local (mercado interno) de las materias primas e insumos.
• Precio pagado por importaciones de materias primas e insumos (debidamente soportado contra facturas de compra en el extranjero).
• Listado exhaustivo de proveedores nacionales (con copia de la factura de compra más reciente de cada uno).
• Listado exhaustivo de proveedores internacionales (con copia de la factura de compra más reciente de cada uno).
• Estados financieros auditados al cierre del más reciente ejercicio fiscal.
• Detalle exhaustivo de todos los activos fijos, especificando sus características, vida útil remanente, estado de operatividad, localización exacta y valor contable.
• Detalle exhaustivo de todos los activos circulantes y financieros.
• Detalle exhaustivo de todos los pasivos.
• Método de valoración contable utilizado para avaluar cada uno de los activos.
• Estructura de costos totales de producción por producto/marca.

Un buen punto de partida sería que el SENIAT oficie a cada Grupo Corporativo solicitando los Estados Financieros y los listados exhaustivos detallados de todos los activos y pasivos, con la finalidad de corroborar la veracidad de las declaraciones de ISRL para prevenir la evasión fiscal.

Para finalizar invito a ver las siguientes 14 láminas ilustrativas de esta propuesta: