Caracas, 11 de Diciembre de 2006

Ciudadano.-

HUGO CHAVEZ FRIAS

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Su Despacho.-

ATCN: JOSÉ DAVID CABELLO

Ministro de Infraestructura

Nosotros, la ASOCIACIÓN DE MARINOS MERCANTES BOLIVARIANOS, asociación civil sin fines de lucro, que agrupa los sectores de: marina de altura, costanera, pesquera, petrolera, turística, deportiva, de servicios marítimos y portuarios, industria naval, derecho marítimo, educación náutica, policía y bomberos marinos; Organización que esta apegada a los mandatos constitucionales que señalan que la participación ciudadana en los asuntos públicos es un deber de todos los ciudadanos para coadyuvar y ayudar al Estado en el adecuado cumplimiento de la gestión pública, con el propósito de reactivar e impulsar el desarrollo del Sector de la Marina Mercante en Venezuela, el cual ha venido siendo paulatinamente desmembrada y sometida sistemáticamente a la desactivación funcional, técnica y administrativa, con la intención de ser reducida a su mínima expresión, en sus capacidades y potencialidades estructurales, al ser secuestrado por grupos oligárquicos nacionales que atienden a intereses neoliberales internacionales y de poder público sectoriales, y los cuales pretenden desconocer el proceso revolucionario y socialista que adelanta el Gobierno Bolivariano, cuyas consecuencias se reflejan y afectan directamente a la sociedad, a la economía y la seguridad del país.

Para tener una idea sobre la situación, en 1944 la Ley de Navegación, para aquel entonces, separó la actividad comercial de la Marina Mercante del Ministerio de Guerra y Marina, ejercida a través del Componente Armada, al Ministerio de Comunicaciones, a los fines de facilitar el desarrollo marítimo nacional y, a su vez, para cumplir con los Convenios Internacionales en esta materia, con la intención de que este Ministerio se encargará fundamentalmente de ejercer la “Autoridad Marítima”, el cual es una responsabilidad del Estado para administrar, en principio, la actividad portuaria nacional y el régimen de la navegación, así como para garantizar la prevención de la contaminación y la seguridad de las personas en el mar, siendo esta actividad fundamentalmente de carácter civil, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Pero, a pesar que en el año 2001, a través de la Ley de Reactivación de la Marina Mercante y de las nuevas leyes acuáticas, promulgadas por el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, a través de las leyes de la habilitante, con el objetivo de darle un nuevo impulso de desarrollo y pluralidad al Sector, esta ha visto mermada su actividad bajo el control de los grupos que atienden a los intereses neoliberales en Venezuela y que son apoyados por el Componente Armada, por la supuesta relación de la Marina Mercante con la “Seguridad y Defensa”, lo cual ha traído un sector totalmente bajo el mando, control y totalitarismo de este Componente, lo cual ha BLOQUEADO Y ASFIXIADO IMPLACABLEMENTE el desarrollo de la actividad comercial, social y profesional de la Marina Mercante Venezolana, mermando a su vez, la buena relación entre estas dos instituciones.

A partir de esta realidad, lo que nos obliga a tomar en cuenta en lo inmediato, es las consecuencias por ellas derivadas que han afectado y afectan la importancia de los temas de la disuasión, de sobrevivencia y desarrollo nacional, lo cual ha hecho enfrentar a la Marina Mercante Venezolana a la ASOBERANÍA y como esta influye en la política económica y social de Venezuela, mediante una relación derivada sobre la situación de la misma y que a continuación se presenta:

• Depresión, tanto económica como social, donde el desempleo y la inseguridad social ronda el 80% de nuestra fuerza laboral.

• No existen compañías navieras nacionales, ni buques, en el área de la carga general y de granel. La IV República quebró, en el año de 1994, la Compañía Anónima Venezolana de Navegación (CAVN), en manos de la Armada. Compañía que contaba con 70 años de fundada y la cual transportaba el 30% de la carga nacional. Esto fue producto del mal manejo de la Compañía y de la firma de las Resoluciones 388 y 314 del Acuerdo de Cartagena, lo cual produjo la liberación del transporte de las cargas nacionales a grandes Compañías Navieras Transnacionales, situación que llevó a la quiebra inmediata, además, a 18 Empresas Navieras Nacionales y de la Marina Mercante en general, lo cual monopolizó el sector a estas transnacionales, las cuales controlan el alto costo de los fletes marítimos y por ende de una porción del índice inflacionario nacional.

• Grupos que atienden a intereses neoliberales y oscuros, mantienen el control sobre la Marina Mercante, no permitiendo que se realicen los cambios necesarios para una reactivación económica y social del Sector, entre los cuales se encuentran, por un lado, sectores neoliberales del Componente Armada y, por el otro lado, miembros representantes de estas Transnacionales en Venezuela, los cuales mantienen y manipulan, a sus intereses, tanto el poder político, en sus diferentes niveles, como el poder económico.

• La Inseguridad prolifera en los Espacios Acuáticos Venezolanos, por la falta de un Servicio de Policía Marítima, especializado en esta área, el cual ha sido deshabilitado por las autoridades del INEA, generando una vía segura para el tráfico de drogas, para el tráfico de combustible, para el tráfico de mercancías, para el trafico de especies marinas, lo cual prolifera, a su vez, el crimen y la violencia, situación que ha perjudicado en gran medida la seguridad de los buques, de los ciudadanos, el turismo y la estabilidad de la nación; así como ha incrementado la especulación en los productos y mercancías, tanto del mar como de importación y exportación de las cargas, aumentando en porciones importantes el índice inflacionario nacional, por el incremento desmedido de los seguros de las cargas, entre otros.

• No existe seguridad social para la gente de mar, ni para los pescadores, ni existen posibilidades de desarrollo económico y social para estas comunidades, las cuales se sumen a las mafias del contrabando de drogas y de combustible, para poder atender a sus necesidades de subsistencia.

• El sector de la Administración Pública para la Marina Mercante es dirigida por personal del Componente Armada, en los cuales se sume la corrupción, la desidia y el apego a los intereses neoliberales, oscuros y particulares, así como la paralización técnica y administrativa de los servicios públicos prestados por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), el Instituto Nacional de Canalizaciones y los Diques y Astilleros Nacionales (DIANCA). En esta paralización se encuentran entre otros:

- Mora en la Presentación de los 30 Proyectos de Reglamentos para el Sector Acuático, por parte de las autoridades del INEA;

- Malversación de fondos públicos, por parte de las autoridades del INEA, por mas de CUATROCIENTOS MILLARDOS DE BOLIVARES (Bs. 400.000.000.000,oo)

- Venta y Prevenda de Títulos de Marina Mercante a Personal de la Armada, por parte de las autoridades del INEA, sin pasar por los requisitos de equivalencia académica, tramites legales y administrativos.

- Mala imagen marítima internacional sobre Venezuela, por parte de la Organización Marítima Internacional, debido a la mala gestión del INEA, como institución de poco trabajo, desorganizada, de poco conocimiento en el área y negligente en el cumplimiento de sus funciones como Autoridad Marítima.

- Firma de Convenios ilegales entre la directiva de la Armada y del INEA, en donde se pretende ceder de manera ilegal e inconsulta todas las competencias del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, y de MINFRA a dicho Componente, alegando su “exclusividad” de manejo sobre el sector.

Para conocer la profundidad estructural de esta situación, es importante tomar en cuenta que desde el año de 1944 a la fecha, el sector marítimo nacional ha sido manejado por personal del Componente Armada, como una línea estratégica de dicho Componente para poder justificar ante el gobierno nacional, su continua hegemonía y exclusividad sobre el sector, como bien lo han manifestado en distintas oportunidades. Alegando, que el control de esta actividad debe ser ejercido, por ellos, de manera absoluta y hegemónica, por su supuesta vinculación con la “seguridad y defensa”, como bien lo hicieron, en la época de la colonia y en las guerras civiles independentistas. Cuentan con el personal y los recursos para ello, haciendo que la rentabilidad del comercio marítimo sea para lucrar, entre otros, a las elites de la Armada.

Hasta la fecha, todos los rectores y directivos, de las empresas e instituciones del Estado actualmente quebradas, salieron de las filas de este Componente; como fueron la Compañía Anónima Venezolana de Navegación (CAVN); el Instituto Nacional de Puertos; Astilleros Nacionales Venezolanos (ASTINAVE); dejando sin empleo a más de 20.000 mil personas de forma directa y 80.000 mil personas de forma indirecta, asfixiado la capacidad de desarrollo de Venezuela como nación marítima, llegando a tener hoy día los puertos más obsoletos de toda Latinoamérica y un país sin ninguna flota marítima importante, salvo la Petrolera.

Actualmente, el personal de la Armada, ejerce funciones directivas en el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), en el Instituto Nacional de Canalizaciones; en Diques y Astilleros Nacionales C.A. (DIANCA), instituciones y empresas del Estado que se encuentran en franco deterioro, obsoletas y con una corrupción galopante, que a pesar de ser instituciones solventes financieramente y de una gran capacidad económica, con inmensas posibilidades de desarrollo se han sumido en el juego del fracaso del proceso de cambio, siendo mayor a 200 funcionarios efectivos en estas instituciones públicas, los cuales, en su mayoría, no pasan por los tramites legales de comisión de servicio entre los Ministerios de la Defensa e Infraestructura, siendo una muestra de su superioridad ante el Estado, mermando tanto la institucionalidad de la Marina Mercante como de la Armada.

Los perdedores, de una u otra forma, son el Gobierno Bolivariano, la economía, la sociedad y todos los venezolanos en general. Es decir, la totalidad de la “Venezuela Marítima” sumida en la anarquía y en la depresión económica que afecta el desarrollo económico del país, mientras que otros países crecen a costillas nuestras. ¡Todo esto parte del complot, de la ineficiencia y del más absoluto neoliberalismo y fascismo salvaje, que tiene sumida a nuestras instituciones de Marina Mercante!

Hay soluciones irrefutables que están a la vista y que pueden implementarse para buscar salidas satisfactorias a esta problemática. Por un lado, es necesario separar, de estas funciones civiles, a la línea de mando del Componente Armada, visto que mantiene intereses oscuros en el sector, de manera de sanear las dos instituciones (militar y civil) y por el otro lado, permitir que se desarrollen los servicios económicos y sociales de la Marina Mercante. Por lo cual se propone lo siguiente:

1. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE UNA NUEVA MARINA MERCANTE, que pueda establecer cambios profundos tanto legislativos, como económicos y sociales, de manera de adelantar los pasos hacia una NUEVA MARINA MERCANTE SOCIALISTA DEL SIGLO XXI.
2. RESPETO DE LA FUNCIÓN DE MARINA MERCANTE POR PARTE DEL COMPONENTE ARMADA, a lo cual dicho Componente debe ser reinstitucionalizado, a los fines de que se dedique a su función fundamental del ejercicio y desarrollo de la defensa militar y la soberanía, como bien lo establece la constitución y las leyes, y no estar idealizándose en ejercer actividades comerciales y civiles que dejan en entredicho la función primordial y el espíritu de defensa integral que este Componente debe ejercer en el bien común para todos los venezolanos.
3. DESMANTELAR LAS REDES DE LA CORRUPCIÓN, EL NEOLIBERALISMO Y LA DESIDIA en el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), en el Instituto Nacional de Canalizaciones y en los Diques y Astilleros Nacionales (DIANCA), cuyas consecuencias se limitan en desdibujar día a día el contenido esencial de su estructura y reales funciones como administración pública.
4. APOYO A LA INSTITUCIONALIDAD DE LA POLICÍA MARÍTIMA, tanto en el Ministerio del Interior y Justicia como en la Asamblea Nacional, de manera de fortalecer el estado de seguridad ciudadana, erradicar el crimen y la violencia en los espacios acuáticos y proteger a los buques, a las personas y a la Marina Mercante en general.
5. CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA BOLIVARIANA DE NAVEGACIÓN (CABN), para atender el transporte marítimo de la carga general y a granel de Venezuela, en rutas de importación y exportación, tanto para los mercados del MERCOSUR, ASIA, AFRICA y EUROPA, lo cual disminuiría el control por parte de las compañías navieras transnacionales sobre el manejo de las cargas nacionales, equilibrando el comercio marítimo internacional entre el SUR y el NORTE, reduciendo, a su vez, el costo de los fletes por el transporte de las cargas a Venezuela, disminuyendo de sobre manera la especulación y la inflación.
6. PROPONER LA RESERVA DE CARGA PARA VENEZUELA, en la Ley de Reactivación de la Marina Mercante, como incentivo al transporte marítimo, por parte de empresas navieras venezolanas, tanto de hidrocarburos y de carga general como de carga mineralera y granelera.
7. CREACIÓN DE ASTILLEROS EN VENEZUELA, para la construcción de buques-tanqueros, buques de carga general y otros, lo cual generara grandes fuentes de empleo y de ingresos, necesaria para fortalecer el equilibrio económico, social y tecnológico en Venezuela.
8. CREACIÓN DE EMPRESAS MIXTAS PARA EL SECTOR PESQUERO, mediante la integración de redes mancomunadas de producción social, por medio de cooperativas de pesca y faena, de almacenamiento frigorífico, de limpieza y preparación del pescado, de enlatado y comercialización de los productos del mar, como una forma de desarrollo endógeno integral para el sector pesquero nacional y las cuales puedan comercializar con la red MERCAL, para la venta final de los productos, eliminando el desabastecimiento, la especulación y la inflación de los rubros.

De lo antes expuesto, creemos necesario iniciar un dialogo de participación nacional que pueda darle salida y soluciones para la creación de una NUEVA MARINA MERCANTE que se apegue a los principios Socialistas, Revolucionarios y Bolivarianos que Venezuela demanda.