Nuestras
cárceles se han vuelto a hacinar. La lucha dura protagonizada en el
régimen derechista del puntofijismo que dio origen al Código Orgánico
Procesal Penal (COPP), cuya principal bandera fue precisamente el
hacinamiento carcelario y las secuelas de muertes que ella traía,
desgraciadamente se están volviendo a repetir inauditamente.
Precisamente,
el entonces nuevo COPP, fue una norma de avanzada que contribuyo a
descongestionar y humanizar los establecimientos penales, suavizando
así la rigurosidad del derecho, precisamente de la derecha que solo
castiga al delincuente pobre.
Pero
producto de la influencia burguesa y pequeño burguesa dentro de nuestro
proceso, a la falta de formación (O ubicación) ideológica de nuestros
lideres y la fuerte y contundente reacción y oposición de la oligarquía
lacaya venezolana, hicieron que en materia penal, no solo no se
avanzara sino se retrocediera desde el punto de vista de un sistema de
justicia de avanzada y consono con una Constitución socialista como la
nuestra.
LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO SIGUEN DESPENALIZADOS Y SOLO LOS POBRES HABITAN LAS CARCELES.
El
COPP, era solo una de las varias leyes penales que había que reformar y
mucho mas rápido, después que se aprobó la nueva constitución
bolivariana, la primera ley a reformar, quizás la más importante es el
código penal porque esta ley especial define que conductas la sociedad
considera sancionables con privación de libertad, y precisamente la
única ley no sujeta a una reforma integral, como lo fue el COPP y la
ley de policía ahora, es esta, a excepción de reformas muy puntuales,
espasmódicas e inmediatistas. Pero una reforma penal sustantiva es lo
mas importante ahora, pero la derecha, tanto la externa como la
interna, han impedido esta discusión puesto que en esa reforma se
plantearan temas muy sensibles para la burguesía como son los delitos
de conspiración, en sus diversas especies, en donde se incluye la
mediática y la económica, la cual practican a cada rato y todos los
días.
La
oligarquía sus medios y sus partidos (Marcha de Enrique Mendoza en el
2000 contra la delincuencia del COPP) fueron radicales y contundentes
para que se reformara el COPP y se recortaran beneficios para los
presos, claro ellos practican la cohartada, el ladrón grita ahí va el
ladrón.
La
derecha le echó la culpa al COPP de la inseguridad existente en el país
porque los delincuentes salían en libertad. El delincuente rico siempre
llama delincuente al pobre, en el 99 y el 2000, esto conllevo a tres
reformas del COPP que lo desfiguraron y se volvió al sistema represivo
de la IV Republica. Esos mismos derechistas que marchaban contra la
inseguridad del COPP, hoy son fieles defensores de los derechos humanos
y denuncian ante la OEA “la grave situación de los derechos humanos en
nuestras cárceles”; entre estos están elementos inmorales que fueron
directores nacionales de prisiones en época de CAP II y Caldera II
cuando se cometieron asesinatos en masa en nuestras penitenciarias.
La
solución a esta situación es reformar el código penal y reducir el
monto de las penas, en los delitos comunes y penalizar con penas largas
las conductas delictuales de los ricos, hoy convertidos en
conspiradores, ante un gobierno de izquierda.
LA VERDADERA TRANCA ESTA EN EL REGIMEN PENITENCIARIO DEL COPP
Como
dijimos arriba, la derecha presionó para que el gobierno bolivariano
reformara el COPP, precisamente en los aspectos mas progresistas y de
suavización de penas a cuenta de la inseguridad publica porque dizque
“los malandros salían en libertad inmediatamente por culpa del COPP”, y
el gobierno socialista se dejo arrinconar y chantajear por la derecha
(Para que haya un vivo tiene que haber un tonto, si no hay tontos, no
hay vivos que valgan), y reformo el COPP, precisamente en el aspecto de
libertades procesales y beneficios penitenciarios, allí jugaron un rol
importante los bufetes oligárquicos defensores de corruptos, golpistas
y narcotraficantes en donde están Alberto Arteaga Sánchez, José Miguel
Tamayo y un tal Fernández “genios” penalistas de la derecha por
intermedio de quienes para el momento (2001) eran chavistas entre ellos
el jefe de la bancada del MVR y el coordinador de la comisión de la
reforma del COPP, quienes a los meses brincaron la talanquera y
aparecieron apoyando de frente el golpe del 11-A. En aquella triste
reforma, principal culpable del hacinamiento carcelario de hoy,
conjuntamente con los artículos del código penal, en una de sus últimas
reformas espasmódicas a los cuales se les pide nulidad o interpretación
extensiva; las perlas que se aprobó por recomendación de los sabios de
marras, y que son las verdaderas causas de la crisis penal de hoy, son:
1) Se
eliminaron los jurados, mecanismos de participación popular en la
administración de justicia, en franca violación con la constitución.
2) Invocando
falsamente la constitución, se eliminaron los juicios a los corruptos y
golpistas en ausencia que son admitidos por todo el derecho positivo
mundial (Se hizo exprofesamente para impedir la extradición de
golpistas y corruptos, hay países que no extraditan si no hay
sentencia, y si se fugan como se condenan o se expropian).
3) Se
desmejoro la figura del “informante arrepentido”, con fines de
debilitar al estado en la lucha contra la delincuencia organizada y la
conspiración de derecha. Esto aunado a la actitud cómplice de la
Fiscalia en no reforzar los programas de protección a los testigos de
crimines, hacen que, con otros factores, reine la impunidad.
4) Se
desmejoro el monto del tiempo de los delitos para que los procesados
gozaran de beneficios (De 5 y 8 años, se paso a 3 años), y se obligo a
que el condenado pagara la mitad de la pena preso, retrocediendo mas
allá del año 1982, cuando se aprobó la primera ley de beneficios
procesales y penales.
5) No
conforme con obligar al condenado ir preso siempre; se le quito
prácticamente la competencia al Juez de ejecución, quien ahora esta
pintado en la pared, ya que los golpistas reformadores del COPP,
hicieron que se regresara al Delgado de prueba y al equipo técnico que
avalúa a los penados para dictaminar si deben o no gozar de beneficios
penitenciarios, los cuales son fuentes inagotables de corrupción,
quedando el juez penitenciario amarrado a ese informe perdiendo la
autonomía de decidir.
6) La
otra causa es la corrupción y/o permisividad de nuestros jueces y
fiscales que es patrocinada desde la cúpula penal tanto del poder
judicial como la fiscalia como policial, en donde la delincuencia
organizada y verdaderamente peligrosa esta en la calle y presos están
quienes “no pagan peaje”. Por esto la idea de la amnistía general de
presos comunes no es una idea descabellada. Los delincuentes
verdaderamente peligrosos, como los paracos, están en las calles.
He
allí en donde están las causas verdaderas de la crisis carcelaria, la
cual no se soluciona ni con la sala penal del tsj actual, la cual es de
derecha (Aunque se disfrazan de “chavistas”), ni con la fiscalía actual
ni con la policía actual.
¿QUE HACER?
La solución de la crisis penitenciaria, en particular, y la penal en general, es:
1) Una amnistía general de presos comunes o algo parecido o superior a lo que se hizo en el 1999-2000.
2) Reducir
las penas a un máximo de 20 años (La cárcel de verdad no regenera,
aunque circunstancialmente es necesaria), penalizar con penas largas de
10-20 años los delitos susceptibles de ser cometidos por la burguesía
(La traición a la patria, la conspiración mediática, económica,
política, los delitos económicos corporativos, la corrupción, la
explotación humana, la especulación, etc.). Estos delitos serian
dirimidos por tribunales constitucionales penales especiales.
3) Aumentar
los programas sociales, entre ellos el subsidio al desempleo y colocar
a todo venezolano en un oficio (Trabajo y estudio).
4) Crear
las milicias populares que defenderán la revolución de la infiltración
narcoparamilitar uribista en nuestras comunidades y monitorearan el
desempeño de los ciudadanos con conductas desviadas o desadaptadas, en
primer termino para corregirlos amorosamente (Moral y luces) y en
ultimas instancia privarlos de libertad. En los delitos menores o
comunales los tribunales serán de jurados y jueces y fiscales legos o
profesionales de elección popular.
5) Con
respecto al poder judicial, la fiscalia y la policía actual, deben ser
cesanteadas ipso facto y crearse, un sistema de jurados en los barrios
y comunas que son quienes van a decidir constitucionalmente y convocar
a todo ciudadano o ciudadana mayor de 50 años para que sea escogido
como juez penal y fiscal, en elecciones populares.
6) Deben
eliminarse las escuelas de derecho de las universidades privadas que se
están metiendo un dineral con esta carrera que le sale bien barata y
las escuelas públicas de derecho deben reconvertirse a este programa.
Solo
de esta forma se soluciona de fondo la crisis penal de este país desde
una óptica socialista; lo demás seria pañitos calientes.
FRANCISCO SIERRA CORRALES
