La entrevista que publicó El Nacional en su edición del pasado domingo con el general Alberto Muller Rojas, bajo mi firma, fue hecha días antes de que se ejecutara la orden de captura contra el empresario Ricardo Fernández , y allí el polémico dirigente psuvista admitía que la existencia de lo que algunos han denominado la “boliburguesía” es “una de las debilidades del proceso”, y por si fuera poco también señalaba que a estos sectores “hay que tratarlos en los mismos términos en que se trata a la burguesía tradicional, porque, remataba, “están recibiendo privilegios”.
Si el gobierno tiene la intención de meterle ojo y mano a todas estas masivas adquisiciones de entidades bancarias, empresas aseguradoras y de otro ramo, estaríamos ante una verdadera revolución en la revolución. Estas operaciones de compra y venta, en la cual aparecen personajes con vinculaciones incluso hasta familiares con altos funcionarios del gobierno, dejan mucho qué pensar con respecto no sólo a la transparencia de esos negocios sino incluso al origen de los fondos. ¿Hasta qué punto, nos preguntamos los venezolanos y las venezolanas los dineros del Estado, como en los viejos tiempos cuartorrepublicanos, siguen siendo la palanca fundamental para que algunos vivarachos hagan de las suyas y amasen fortunas tan gigantescas como repentinas?
Y lo que también muchos nos preguntamos es si lo que hemos visto en el caso de Fernández es el inicio de una acción decidida para que de verdad “caiga quien caiga”, o se trata solamente de una finta para pasar factura por cuenta de algún desacuerdo de índole político o una pugna entre magnates de nuevo cuño. Los días por venir permitirán que se despeje esa incògnita. Lo cierto es que la credibilidad en estos actos dependerá, sin duda alguna, y sin términos medios, de que el gobierno, y principalmente el presidente Hugo Chávez, actúe de verdad sin contemplaciones y no se deje pasar a casos que son absolutamente protuberantes, o que al menos generan aunque sea la curiosidad de saber, por ejemplo, cómo es que fulanito de tal, familiar directo de zutano, ahora es banquero, o ahora tiene tales y cuales empresas…
En días recientes el presidente de Ecuador, Rafael Correa, adoptó una actitud contra su hermano que muy pocos políticos en el mundo han asumido. Pùblicamente, el presidente ecuatoriano desautorizó los negocios de su entrañable hermanito con empresas del Estado, y de paso ordenó las investigaciones de rigor. ¿Cuántos funcionarios del gobierno, de alto, medio de cualquier nivel, estarían dispuestos a hacer lo mismo que Correa aquí en nuestro país? Ver para creer, como Santo Tomás de Aquino.
Si en verdad el gobierno está animado por la idea de impulsar un cambio revolucionario, lo conveniente, lo recomendable, es tomar ese hilito que aparece con el caso de Fernández, a quien ni acuso ni absuelvo porque no soy juez, y darle seguimiento de verdad verdad hasta la otra punta, a ver dónde se llega. Y si aparecen responsables dentro de alguna instancia oficial, que se sepa pública y transparentemente y se actúe. Lo mismo con otros personajes que aparecen en escena y que forman parte de las nuevas élites económicas nacidas en estos diez años. Una garantía, le aseguro, señor Presidente, de obtener, por ejemplo, un buen desempeño electoral en 2010, es llevar a la práctica el “caiga quien caiga”, frente al cual, seguramente, más de uno siente un escalofrío por dentro.
Si, por el contrario, todo se queda en retórica, será cuestión de tiempo para que las mayorías que fueron movilizadas por la idea del cambio lleguen a la conclusión de que una vez más han sido traicionadas. Eso es tan peligroso como lo son las bases norteamericanas en territorio colombiano. A ninguno de esos asuntos hay que perderlos de vista.
