Oscar Figuera, secretario general del comité central del PCV, indicó durante una rueda prensa que todo debe ser investigado por una comisión con "personalidades que no estén comprometidas con las bandas mafiosas y criminales que tienen una confrontación interna" para asaltar las riquezas de la nación.
Figuera afirmó que el asalto al país se viene desarrollando «cobijado» por la denominada ley antibloqueo que a su parecer, es la "ley de la entrega y el saqueo".
También criticó el secretismo que impide que se desarrolle la contraloría social y la contraloría institucional, y por ese motivo, demandó acciones más contundentes para enfrentar la corrupción que se ha instado en diferencias instancias del Estado venezolano.
La Contraloría General, la Fiscalía, la Asamblea Nacional chavista, entes y poderes del Estado, en su opinión, tienen el mandato constitucional para adoptar medidas que impidan el asalto que se está cometiendo contra el erario del país.
"¿Dónde está la Contraloría General de la República que hasta ahora no hemos escuchado ninguna posición contundente con relación a los graves hechos de corrupción", se preguntó. "La Fiscalía sigue actuando como un poder subordinado", señaló.
En relación al poder Judicial, Figueras citó los casos emblemáticos de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, Eudi Quiroz, Johana Gonzalez, Marcos Sabariego y Gil Mujica, decisiones que deben ser revisados, anuladas y el Estado resarcirlos.
Asimismo, el Buró Político del Comité Central del PCV formuló un llamamiento a las organizaciones sociales y políticas venezolanas para incorporarse a «un gran movimiento por la dignidad del pueblo».
