23-04-25.-Cada mes, por extorsiones en las aduanas de los puertos de Venezuela, ingresan al menos 42 millones de dólares, el equivalente a 1,4 millones diarios.

El más reciente informe de Transparencia Venezuela detalla que, aunque no es un fenómeno nuevo, la extorsión extendió sus tentáculos en los últimos años, al punto que en 2024 se registraron denuncias e indicios en gran cantidad de sectores.

De acuerdo con el estudio de la ONG la extorsión en Venezuela no es un hecho criminal aislado, sino una economía ilícita que se ha normalizado desde el mismo Estado, porque en muchos casos son los propios funcionarios los perpetradores y los cómplices, por acción u omisión, en medio de un contexto de gran corrupción y de captura de los organismos de control y de justicia.

“Para los venezolanos se ha vuelto común convivir con distintas formas de extorsión. Desde la que cometen las organizaciones criminales que hacen vida en el país, hasta la que se ejecuta desde los mismos entes del Estado, por algunos funcionarios corruptos que permiten la actuación de los criminales favoreciendo la impunidad y por otros que se han convertido en perpetradores directos del crimen o facilitadores”, acota el estudio.

Delito endémico

Uno de los epicentros de esta práctica delincuencial son las aduanas.

Según el informe allí la extorsión es endémica.

“La relación del venezolano con el Estado en estos puntos pasa por la ‘colaboración’ que cada ciudadano le deje al funcionario. En los puertos se ha hecho más evidente con los llamados envíos “puerta a puerta”. Los dueños de las cargas, en lugar de declarar todo lo que traen en los contenedores marítimos (containers) y pagar en función de eso, terminan pagando una tarifa plana que es exigida por las autoridades aeroportuarias y por los efectivos militares que trabajan en los puertos”, revela la ONG.

Una reciente investigación de Transparencia Venezuela y una firma de consultoría económica y financiera estimó que, dada la cantidad de contenedores procesados y la tarifa plana que cobran los funcionarios corruptos por cada uno de los cargamentos, esta actividad generó 1.394 millones de dólares solo en 2022.

El año siguiente, en 2023, se registraron algunos cambios, en especial por la caída de las importaciones y el aumento de regulaciones en el sector, lo que llevó a que los ingresos ilegales por la extorsión en los puertos llegaran a 900 millones de dólares.

La actualización de esa investigación, desarrollada para este reporte, volvió a arrojar una caída en los envíos puerta a puerta que llevó a estimar los ingresos por esta actividad extorsiva para 2024 en 504 millones de dólares, el equivalente a 42 millones de dólares mensuales y 1,4 millones diarios.

El “matraqueo”, cáncer fronterizo

En aduanas terrestres fronterizas también está presente la extorsión o el llamado “matraqueo”, en especial en las que se encuentran apostadas en los límites con Colombia, donde hay presencia militar, policial y de funcionarios de migración, del servicio aduanero venezolano y otras dependencias gubernamentales.

“Es un fenómeno que no es nuevo pero que en los años recientes ha impactado más a la población”, resalta la investigación.

En Táchira son señalados efectivos de la policía migratoria del puesto de control de entrada y salida de Venezuela en el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera con Colombia.

En una visita de campo realizada en 2024, se observó de manera directa cómo un funcionario de Interpol incurrió en esta práctica.

Apure y Táchira, llenos de minas

Los migrantes pendulares sufren la llamada Ruta de la extorsión en el estado Apure, conformada por cuatro puntos de control policial y militar fijos en parte del municipio José Antonio Páez. El monto menor exigido por militares y policías es de 20 dólares por persona, por lo que en una sola noche recaudarían 1.200 dólares, sin contar con lo que se recoge en las alcabalas móviles y los pasos de canoas o puertos a orillas del río Arauca.

Los montos son variables según la “falta”. También son cotidianas las denuncias sobre cobros irregulares en la alcabala de la población de Peracal, en el municipio fronterizo Bolívar del estado Táchira.

En 2022 Transparencia Venezuela, con los datos de compañías de transporte y distribución, estimó que la probabilidad de extorsión se ubicaba en 25%, pues “de cada cuatro alcabalas que una persona encuentra en la vía, al menos en una hacen cobros ilegales”. Una de las novedades para 2024 es el prepago de la extorsión en el punto de salida de los cambiones de carga, que los libra de paradas y pagos a lo largo de su recorrido.