El listado de las leyes vigentes en materia penal es bastante extenso, para 2003, se habían contabilizado más de 70 leyes penales dispersas, que contemplaban más de mil delitos, y créanme que hoy en día la cifra es mucho mayor. No necesitamos más leyes penales. La ineficacia probada de estas leyes en materia de seguridad ciudadana hace necesario apuntar entonces, hacia el forjamiento de nuevas herramientas institucionales, así como la consideración de la participación de nuevos agentes sociales, que tengan una efectiva capacidad de influir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana, partiendo de una análisis real y concreto del fenómeno.
En este sentido, con la conciencia de que este es un problema político, más que legislativo, y que los legisladores en época electoral no aguantan la tentación y la presión de elaborar leyes en esta materia, les presento las siguientes ideas para su consideración:
1. Respecto a las leyes penales y el incremento de penas es poco lo que se hace en materia de seguridad, ya que nada previenen, porque llegan después de sucedidos los hechos. En este sentido, la propuesta es oponerse a cualquier política de aumento de penas, reducción de garantías, ampliación de conductas a criminalizar y expansión del derecho penal. En fin, reducir las leyes penales al mínimo necesario, limitar el poder penal, en esta medida se facilita su aplicación, eficacia y eficiencia (el que poco abarca, mucho aprieta).
2. Ante lo anterior, se propone tomar una decisión política y operativa de distinguir las leyes penales que se encargan de la represión (fase reactiva) de las leyes de coordinación política que se encargan más de la prevención y del control de situaciones conflictivas y violentas. Las primeras ameritan un trabajo extenso y delicado ya que tiene que ver con la limitación de derechos fundamentales y este trabajo en una época electoral imbuida en discursos securitarios es muy difícil y hasta contraproducente. Por ello, estimo que lo mejor para el país y para los sectores más vulnerables, es que los operadores políticos (incluyendo al legislador) se concentren en las fases de prevención y control del fenómeno. Ya después que pase la vorágine electoral se pudiera trabajar con más seriedad en el tema penal (reformas reductoras, sistematización, armonización, etc.), e incluso, se debería apuntar más adelante también hacia una transformación del Sistema de Administración de Justicia de una manera similar a lo que se está haciendo actualmente con las policías.
En resumen: se debe priorizar en leyes que sirvan de marco para políticas reales y concretas en materia de seguridad ciudadana que hagan énfasis en políticas preventivas e intervenciones tempranas y eficientes en procura de la reducción de los niveles de violencia, brindando la máxima seguridad de los derechos a la vez que se crea y se fortalece la necesaria institucionalidad estatal.
keymerguaicaipuro@gmail.com
