La pena de prisión nace con el liberalismo y ha tenido estrecha relación con el desarrollo del capitalismo, críticas contundentes desde los países centrales la deslegitiman desde su origen: su función disciplinadora para la buena marcha del mercado, sus efectos segregacionistas intraclase, su función verticalizante de la sociedad que protege los intereses del status quo, los procesos de deterioro y degradación que ejercen sobre el ser humano en todos los sentidos y un casi interminable y deplorable etcétera. Estos cuestionamientos en Nuestra América se quedan cortos. En nuestra región los efectos nefastos del control penal siempre han sido más brutales que en los centros, ya que ésta no goza de los beneficios sociales y materiales del sistema-mundo, pero tiene lugares privilegiados para la recepción de sus ideologías dominantes y sus formas de control. A lo anterior se le agrega que nuestras condiciones económicas y sociales provocan el aumento de la clientela de los sistemas penales: los pobres. Como ha señalado Zaffaroni desde hace más de veinte años, las patéticas condiciones de la vida carcelaria, la prisión preventiva como casi único castigo, la violencia policial normalizada, las ejecuciones extrajudiciales, y otro largo etcétera, hacen que la realidad de los sistemas penales latinoamericanos sea más deslegitimante que cualquier teoría.
Venezuela en materia penitenciaria tiene una deuda pendiente desde hace muchas décadas. A esta deuda hay que sumarle las incongruentes reformas del COPP y del Código Penal, así como las nuevas legislaciones en materia penal de los últimos trece años y los operativos policiales estilo “madrugonazos”, políticas legislativas y ejecutivas que incrementan no solo la inseguridad de todos, sino que también disparan inútilmente las tasas de encarcelamiento; por otra parte, hay que tomar en cuenta también como colapsan a su vez las fiscalías y los tribunales penales encargados de procesar a esa avalancha de criminalizados, a quienes realmente se les impone el proceso como penalidad; todo este cúmulo esquizofrénico hace que la situación del sistema penal venezolano sea cada vez menos sostenible. Así entonces, las cárceles terminan siendo el último receptáculo de estas políticas inconsistentes (tanto sociales como penales). Conclusión: la situación carcelaria es consecuencia, no causa.
Las dimensiones mediáticas de la política venezolana son lamentables, es necesario un suceso extraordinario, crónico y triste como el del Rodeo para que se posicione la crisis carcelaria como un tema de la agenda. Tirios y troyanos opinan sobre el tema, pululan expertos sobre la materia. Hasta un Ministerio le han creado. Así funciona la política nacional, en donde un ¿qué digo? ¿qué comunico? prevalece sobre un ¿qué hago? ¿cómo institucionalizo? ¿cómo construyo realmente el nuevo Estado?... Pero, como dice Willie Colón, si del cielo caen limones hay que aprender a hacer limonadas, aprovechemos entonces la coyuntura para avanzar seria y realmente sobre esta problemática.
Es una tarea urgente, así como abundan los ríos de tinta que deslegitiman la pena de prisión, abundan también los ríos de sangre derramada por los excluidos del sistema, que privados de oportunidades y de sus derechos tienen siempre reservado un lugar exclusivo en los espacios de criminalización y de degradación humana.
@Keymer_Avila
