¿Tendrá razón Marino Alvarado, coordinador general de Provea, cuando afirma que lo ocurrido en la reserva forestal de San Camilo, en el Alto Apure, se parece, a simple vista, a la masacre cometida durante el gobierno de Jaime Lusinchi en la población de El Amparo, en la cual murieron varios campesinos que fueron señalados por el Ejército en aquel entonces de pertenecer a grupos guerrilleros colombianos? En el caso de El Amparo, dos sobrevivientes echaron por tierra la versión dada por los militares, encabezados por el general Camejo Arias. La denuncia llegó a instancias internacionales, y los sobrevivientes, con el apoyo de Walter Márquez y otros defensores de derechos humanos, debieron irse al exterior durante largo tiempo para ponerse a salvo. Ahora los integrantes del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora denuncian que se produjo una ejecución de varios militantes sociales que, según su versión, no eran ladrones de ganado como lo informó el Ejército en días pasados.
La Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, parte del frente nacional campesino arriba mencionado, ha denunciado con pelos y señales al coronel del Ejército Ángel Serdeño de ser el responsable de una masacre en la cual fallecieron 3 personas y 4 resultaron heridas, y aseveran que este alto funcionario militar tiene 37 denuncias en su contra por violaciones de derechos humanos.
Pero, además, lo señalan como uno de los jefes del tráfico de combustible hacia Colombia, extorsión y robo de ganado a los campesinos.
Nelson Guerrero, hermano de una de las víctimas, Javier Guerrero, denunció que el coronel Serdeño Arias estaría involucrado, además, en la muerte de dos campesinos, el pasado mes de abril. Luego de lo ocurrido y del comunicado de prensa emitido por la Fuerza Armada Nacional el pasado 22 de noviembre, en el cual se habló de enfrentamiento a tiros con ladrones de ganado, la situación es muy tensa en San Camilo y en todo el Alto Apure, una zona que ya ha conocido en el pasado de graves denuncias por violaciones de derechos humanos. La dirigencia campesina, por boca de Braulio Márquez, militante del PSUV en la zona, acusa al general Bulmez Vasconcelos, jefe del Teatro de Operaciones número 1, que tiene su sede en el municipio autónomo Páez, de querer proteger a su subalterno, el coronel Serdeño.
Esta denuncia, tan grave como la que ocurrió durante el gobierno de Lusinchi, obliga a una investigación rigurosa sobre el comportamiento de los oficiales de la Fuerza Armada en el Alto Apure, porque tiene el mismo patrón de otros casos en los cuales ha sido violado el derecho a la vida y lesionados otros derechos humanos. Es un nuevo reto, por ejemplo, para la Defensoría del Pueblo, institución que, lamentablemente, hasta ahora no ha dado la talla en el cumplimiento de lo que debe ser su papel. Lo mismo va con la Fiscalía General de la República y con todos los poderes públicos.
Frente a la denuncia formulada por estos dirigentes campesinos afectos al Gobierno, uno se pregunta qué factor pesará más a la hora de permitir o impedir que las investigaciones avancen. ¿Será más fuerte la presión de la comunidad campesina de San Camilo y de los pobladores del Alto Apure que la tradición de impunidad y de solidaridad automática entre los militares que se ha respirado siempre en ese rincón de Venezuela? ¿A quién escuchará el Presidente? ¿A los militares o a los campesinos? ¿Se sentará un precedente que impida en el futuro nuevas situaciones como la que hoy se vive nuevamente en el Alto Apure? ¿Esto es parte de una guerra interna entre factores chavistas enfrentados en la zona? ¿El PSUV tomará cartas en el asunto? ¿Los medios del Estado pasarán por bola este caso como tantos otros? Ya veremos…
